La depuradora de aguas residuales (EDAR) que tiene que construirse junto a Doñana vuelve a retrasarse, y eso obliga a España a seguir pagando una multa europea que ya se ha convertido en la más importante de todas las que ha tenido que afrontar el Estado. La situación viene provocada ahora porque las instalaciones que tienen que construirse en Matalascañas (urbanización costera del municipio onubense de Almonte a menos de un kilómetro del parque nacional) van a requerir un informe completo de impacto ambiental y no abreviado, como se pretendía inicialmente para acortar los plazos.
Así lo ha determinado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha tumbado el informe presentado por otro organismo de este mismo departamento, en este caso la Dirección General del Agua. “Con la documentación aportada no se pueden descartar efectos significativos sobre el medio ambiente”, concluye el análisis realizado, lo que obliga a prescindir de la fórmula abreviada y prolongar así los tiempos necesarios.
La evaluación, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detecta numerosas lagunas y ausencia de datos en el documento presentado por la Dirección General del Agua. Así se advierte tras desglosar las alegaciones presentadas por 13 de los 33 organismos y entidades a los que se ha invitado a participar en este proceso, que alertan sobre la necesidad de más información en cuestiones como flora y fauna afectada (en parte es también territorio del lince), vigilancia ambiental y vertidos. También se consideran desactualizados los datos sobre el impacto del cambio climático.
De hecho, se dictamina que en el documento ambiental presentado hay “potenciales impactos” que “no han sido tratados con la profundidad requerida para su adecuada valoración”. Y la relación no es pequeña: sobre las aguas, la Red Natura 2000, la fauna, la flora y vegetación, la población y la salud humana y el cambio climático. De ahí la necesidad de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, para así contar con el respaldo de “relevantes estudios y documentación técnica”.
En cuanto al impacto sobre las personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía reclama más información, tras concluir que “no puede afirmarse que no se esperan impactos negativos en la salud de la población”. Las principales afecciones las provocarían los ruidos de la depuradora y, sobre todo, los malos olores que genere, que se admite que “pueden provocar situaciones desagradables y generar descontento entre los vecinos” y, en última instancia, “podrían incluso afectar de forma negativa a la salud” tanto de los residentes como de los operarios de la EDAR.
Con un presupuesto estimado en su momento en más de 29 millones de euros, la depuradora de Matalascañas se ubicará ocupando parte del espacio de las actuales instalaciones, en la que no funcionan dos de sus tres emisarios y que además se han quedado obsoletas para el crecimiento poblacional de este núcleo costero. Un aumento que se produce en verano, cuando multiplica por más de 40 su población para superar los 300.000 residentes. La actual EDAR se demolerá, aunque la nueva utilizará su emisario submarino.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado a este periódico que “un proyecto de estas características debe contar con todas las garantías ambientales”, lo que no quita para que “se trabajará para esté terminada en el plazo comunicado”. Éste no es otro que 2026, un objetivo a día de hoy muy complicado por los tiempos que se requieren.
Esto conlleva a su vez que España va a seguir pagando una multa semestral por la insuficiente depuración de las aguas residuales en enclaves con más de 15.000 habitantes. La condena fue impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2011, cuando había 43 aglomeraciones urbanas en mala situación, aunque el Estado no tuvo que pagar hasta 2018, momento en el que ya sólo quedaban nueve puntos por mejorar. La multa ascendió entonces a 12 millones de euros, a los que había que sumar otros 11 millones cada seis meses mientras se prolongase la situación.
Esto la convierte en la mayor sanción económica europea a la que ha tenido que hacer frente España, y aunque el importe semestral se ha ido reduciendo conforme han ido entrando en funcionamiento las diferentes depuradoras, hasta mediados de 2022 ya se habían abonado 60 millones de euros. En ese momento eran tres las estaciones de tratamiento de aguas residuales pendientes, las tres en Andalucía y las tres pendientes a día de hoy.
La factura semestral se ha reducido en la actualidad a algo más de dos millones de euros, pero se va a mantener todavía un buen tiempo porque se están incumpliendo sistemáticamente todos los plazos previstos. La de Alhaurín el Grande (la conocida como EDAR Málaga Norte) tendría que haber estado para diciembre de 2023 y la de Barbate (Cádiz) se calculaba para 2025, pero ambas van muy retrasadas. De las tres, Matalascañas era la última que se iba a terminar, pero ya no se llegará a tiempo para 2026.
Esta ha sido la tónica desde que se notificó formalmente la sentencia en julio de 2018 y hubo que empezar a pagar, momento en el que el Ejecutivo central anunció que la última depuradora en entrar en servicio sería la de Barbate, que lo haría en 2022. Dos años después de esa previsión, las tres EDAR pendientes están a día de hoy sin una fecha formal para su culminación.
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