El indulto a los regadíos ilegales que amparan PP, Cs, y Vox reactiva la plataforma Salvemos Doñana

Aseguran que nunca se fueron, que sólo estaban en segunda línea, pero lo cierto es que la proposición de ley de PP, Cs y Vox para amnistiar a 1.460 hectáreas que se riegan de manera ilegal en el entorno de Doñana les ha vuelto a reactivar. La plataforma Salvemos Doñana, que ha jugado un papel muy activo en su lucha contra las amenazas que se han cernido sobre el Parque Nacional, ha reaparecido este lunes después de varios años de un cierto ostracismo, en concreto desde las movilizaciones que se desplegaron por la intención de ubicar depósitos de gas en este entorno natural. La intención de indultar cultivos que cogen sin permiso el agua del acuífero de Doñana ha sido lo que les ha llevado ahora a “reagruparse”: quieren parar lo que consideran una “propuesta demoledora” para un espacio que vuelve a estar “gravemente amenazado”.

Así lo recoge el manifiesto que se leía ante las puertas del Parlamento andaluz, en un acto en el que se instaba a la Junta de Andalucía a “ni promover ni premiar la deforestación” que implica el proyecto que apadrinan los tres partidos de derechas. El Parque Nacional “–recuerda el texto– no tiene precio y no puede ser objeto de negocio”, más bien al contrario, debe conservarse en su integridad “al igual que lo hacemos con otros patrimonios de la humanidad de nuestro país como la Alhambra, el Camino de Santiago y El Escorial”.

En la plataforma están presentes asociaciones ecologistas, colectivos sociales y organizaciones y sindicatos de izquierda, pero para la ocasión ejercieron de portavoces las tres entidades integradas en el Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, que son Ecologistas en Acción, WWF y SEO Birdlife. Sus representantes lanzaron mensajes muy conectados entre sí, empezando por que actuaciones ilegales como las de estos agricultores no pueden generar derechos de riego, tal y como se pretende en zonas de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

La lucha por el agua

Para regularizar estas 1.460 hectáreas, que se riegan ilegalmente con agua de un acuífero que en 2020 se declaró sobreexplotado, PP, Cs y Vox pretenden cambiar la Ley Forestal y, sobre todo, el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta y más conocido como Plan de la Fresa. La intención es reconocerles la consideración de suelos que se pueden regar, aunque luego se pasa la pelota de conceder el permiso para ello a la administración competente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un organismo estatal que no se cansa de repetir que se están generando “falsas expectativas” porque ni hay ni habrá agua para estos cultivos.

“Se está jugando con el pan de los agricultores legales”, lamentaba Juanjo Carmona, de WWF, recordando que los mercados internacionales son cada vez más sensible con la sostenibilidad ambiental de los cultivos, y que si surgen dudas sobre la legalidad del agua que riega parte de las fresas de Doñana al final pagarán justos por pecadores porque la mancha se extenderá a todos los cultivos. El Plan de la Fresa, por cierto, lo aceptó la Comisión Europea como un mínimo imprescindible y la Unesco lo admitió para no entrar a valorar si le quitaba al Parque Nacional su condición de Patrimonio de la Humanidad, pero todo eso se viene abajo con una proposición de ley que le pega bocados a la normativa vigente desde 2014 para regular la agricultura en el entorno de Doñana.

Así que el grito unánime fue el de pedir a PP, Cs y Vox que retiren la proposición de ley, algo que por ahora no pasa por la mente del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Ironías de la vida, mientras tanto las tres agrupaciones ecologistas con asiento en el Consejo de Participación de Doñana se han convertido en las máximas valedoras de un Plan de la Fresa que, cuando se aprobó en 2014, no veían con buenos ojos porque les parecía insuficiente. “Hoy nos hemos quedado casi solos defendiéndolo”, apuntaba Carmona, de ahí que la plataforma –entre advertencias de la pérdida de avifauna en el parque– exija al Gobierno andaluz que mantenga y aplique esta norma, mientras que al Ejecutivo central se le reclama que afine en su labor de vigilancia y cierre los pozos ilegales. “Es hora nuevamente de salvar Doñana”, apostillaba el manifiesto.