Cuando reabra la mina de Aznalcóllar, sus vertidos irán a parar a un Guadalquivir que es una de las puertas principales de entrada a Doñana. Pese a ello, no ha sido hasta este lunes cuando en el Consejo de Participación del parque (dependiente del Gobierno andaluz, y en el que se sientan administraciones, científicos y organizaciones sindicales, empresariales, sociales y ecologistas) se ha hablado de la cuestión, lo que ha ocurrido cuando el proyecto ya cuenta con todas las bendiciones ambientales por parte de la Junta de Andalucía. A la hora de la verdad, ni se ha votado ni formalmente se ha pedido la opinión de este órgano participativo, ya que el Ejecutivo andaluz insiste en que no procede al considerar que no afecta a este enclave.
La reunión ha supuesto el debut como presidente del biólogo Enrique Mateos (sucesor de Miguel Delibes tras su renuncia en julio), y en ella se ha aprovechado para agradecer estos años la implicación por Doñana de Teresa Ribera, la ya exministra para la Transición Ecológica que ahora va a ser designada vicepresidenta de la Comisión Europea. En el encuentro por fin se ha hablado de Aznalcóllar, sólo días después de que el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, recordase que el complejo minero (cerrado desde 2002 tras el vertido masivo de 1998) cuenta en la actualidad con una autorización ambiental unificada concedida por la Consejería de Sostenibilidad.
De hecho, el procedimiento está ahora centrado en la fase exclusivamente de los permisos mineros, resolviendo alegaciones que de superarse supondrán “el último paso del proceso autorizatorio”. Esto se traduce en que en la reunión de este lunes se ha comunicado que el proyecto cumple todos los requisitos y que, según representantes de la Junta, no es necesario un pronunciamiento del Consejo porque no hay una afección directa a Doñana.
La justificación es que el vertido de metales pesados ya depurados que se ha autorizado se hará en el Guadalquivir en Sevilla, a la altura del estadio de la Cartuja. Por eso lo que se ha hecho es informar, pero la cuestión no se ha elevado formalmente a la consideración del Consejo de Participación, que en consecuencia ni ha votado ni se ha pronunciado. Las organizaciones ecologistas con representación –Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF– ya han anunciado en consecuencia cuál va a ser su siguiente paso: enviar un escrito al presidente del órgano recordando la obligatoriedad de emitir un informe.
La normativa vigente establece que “todas aquellas actuaciones que puedan modificar la cantidad o calidad de las aguas subterráneas o superficiales aportadas al parque nacional” deben contar con un informe “preceptivo” del Patronato del mismo, funciones que asume desde 2007 el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana bajo el paraguas de la Junta. Sin embargo, el Gobierno de Moreno autorizó el vertido minero sin someterlo a la consideración del citado órgano consultivo.
Es más, la reapertura de la mina recibió todas las bendiciones ambientales sólo cuatro días después de la última reunión de este foro el pasado mes de julio. Esto generó críticas ambientalistas por “ningunear” y convertir en un “convidado de piedra” al Consejo, que sólo ha podido conocer a toro pasado una autorización ambiental que, por cierto, estuvo paralizada temporalmente en septiembre... por incumplimientos de la obligación de información y participación pública.
El nuevo presidente de este foro de Doñana, Enrique Mateos (nombrado por la Junta hace tres semanas tras la renuncia en julio de Miguel Delibes, que ejerció esta función durante 11 años) ha resaltado que se abordase la cuestión de Aznalcóllar después de que así se reclamase en una sesión anterior. “Esto refuerza el papel del Consejo como órgano en el que se escucha a la sociedad”.
Llevar al Consejo de Participación una cuestión como la de la mina es una obligación, aunque la opinión que pueda expresar no es vinculante. Pero en este caso la Consejería de Sostenibilidad considera que no era obligatorio someterlo a este órgano con carácter previo a la autorización ambiental. En este sentido, ya se apuntaba que correspondía a la Consejería de Industria la decisión de hacerlo antes de conceder la definitiva autorización del proyecto de explotación si se consideraba que podía tener afección sobre Doñana.
Y para Ecologistas en Acción claro que la puede tener, porque según sus cálculos se verterán 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años al estuario del Guadalquivir, que riega el parque nacional. Desde el Gobierno andaluz, en cambio, se insiste en que la actividad contará con “las máximas garantías medioambientales”, aunque los ecologistas esgrimen estudios de la comunidad científica para insistir en que el vertido autorizado entraña un riesgo para un paraje que está declarado Patrimonio de la Humanidad.
La empresa Minera Los Frailes, por su parte, apunta que acometerá en el primer trimestre de 2025 las primeras actuaciones, que consistirán en la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua. El objetivo es que, tras una inversión de 150 millones de euros, arranque la extracción de mineral ya en 2028, todo ello sin olvidar que el próximo mes de marzo se iniciará el juicio que debe determinar si hubo irregularidades en el concurso de adjudicación.
Al margen de la cuestión de Aznalcóllar, en esta reunión del Consejo de Participación se ha hecho balance del primer año de aplicación del pacto entre los gobiernos central y andaluz, entre quejas por la lentitud con la que se están aplicando las medidas e incluso el amago de protestas de los agricultores por no recibir las ayudas comprometidas por dejar de cultivar. En este contexto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, un organismo estatal), Joaquín Páez, ha señalado que para 2025 se prevé movilizar entre proyectos y licitaciones más de 120 millones de euros en obras en este enclave.
Las principales preocupaciones, a día de hoy, siguen siendo las mismas de los últimos años: el mal estado del acuífero que alimenta Doñana y los niveles de contaminación por nitratos de las masas de agua en el parque. Por su parte, la consejera andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha resaltado la aprobación por unanimidad del Plan Anual de Trabajo 2025, con más de 300 medidas de protección. El énfasis se pone en la conservación de especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila imperial, el milano real y la cerceta pardilla.
En cuanto al nuevo presidente del Consejo de Participación, Enrique Mateos, se ha estrenado avanzando que quiere impulsar “el diálogo” en “la misma línea” que su predecesor, Miguel Delibes, al que ha calificado de “referente”. De paso, ha añadido que quiere también “mejor la permeabilidad” de la entidad, ya que es un “órgano fundamental de colaboración entre las administraciones”. En cuanto a la situación hídrica del parque, “aunque los datos son preocupantes, deben de servir de acicate para implementar políticas decididas, que se recogen en el Plan de Doñana” y que “se ejecuten rápido, de manera diligente e intentando perseguir el objetivo global de conservación del espacio”.
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