La proposición de ley que presentaron en enero PP, Ciudadanos y Vox para legalizar 1.400 hectáreas de regadíos que, de manera ilegal, captan agua del acuífero de Doñana fue una de las cuestiones que centró el debate político y social en la recta final de la anterior legislatura andaluza y ahora, junto con la sequía, va por el mismo camino. Y mientras el Gobierno de Juan Manuel Moreno todavía no ha decidido cómo abordar la cuestión, la presión le llega al PP por la doble vía de los agricultores a los que garantizó una solución (que exigen que se dé el paso al frente) y de Vox, que ha pasado de compañero de viaje a forzar la cuestión con su decisión de resucitar la misma iniciativa legal que no cristalizó por el adelanto electoral. Para ello incluso ha lanzado un ultimátum para que los populares aclaren qué quieren hacer, dándole un estrecho margen hasta el viernes antes de registrar de nuevo la ley en el Parlamento por su cuenta: “Lo haremos solos o con el PP”.
La intención de Vox de reactivar la misma iniciativa legislativa que no vio la luz no era ningún secreto, pero este lunes lo ha vuelto a repetir su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, en una entrevista en Canal Sur Televisión. Horas después se reunía con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina a los regantes que reclaman la regularización de sus tierras, y apuntillaba el mensaje: “Si de aquí al viernes el Gobierno de Andalucía no da señales de vida en este asunto, tomaremos la iniciativa y presentaremos la proposición de ley”. De paso, recordaba que “hemos llegado a compromisos” con estos agricultores, como también hizo el PP, y “lo que prometemos lo vamos a cumplir”.
Este movimiento del partido ultraconservador obligará a los populares a desvelar sus cartas en una partida en la que no van a contar con el PSOE a no ser que se apueste por otra vía que no sea la “puerta de atrás” de una proposición de ley que impulsan los partidos, no el Ejecutivo andaluz en sí. “No vamos a plantear paños calientes” con una iniciativa “carente de rigor y validez jurídica” como la que se registró en enero y que superó “todas las líneas rojas”, ha avanzado el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, reafirmando la posición de su grupo, que pasó de la abstención inicial al rechazo frontal.
A día de hoy, el PP todavía no ha decidido cómo meterle mano a la cuestión, de ahí su intención inicial de dejar enfriar la cuestión. De hecho, ni siquiera está tomada la decisión de si presentar una proposición de ley (como exigen Vox y los agricultores) o un proyecto de ley que impulse el Gobierno andaluz, una posibilidad que el propio Moreno desechó en la anterior legislatura alegando que la otra fórmula era más participativa. De paso, así esquivó que los propios servicios jurídicos de la Junta se pronunciaran sobre la cuestión alegando que no era preceptivo.
El PP reitera que mantiene su “compromiso firme” de resolver el problema de los agricultores sin que el parque nacional resulte perjudicado, pero reclama más tiempo apelando a que ahora la prioridad es la sequía. Los populares tienen la opción de sumarse a la proposición de ley de Vox, presentar la suya propia o descartar esta vía y apostar por el proyecto de ley, lo que desactivaría el movimiento de la formación de ultraderecha pero también despojaría al Gobierno andaluz del que ha sido su principal argumento para negar responsabilidades en una cuestión tan polémica, que no ha sido otro que apuntar al Parlamento como responsable de la iniciativa.
A todo esto, Vox ha vuelto a lamentar que los agricultores sufren una “inseguridad jurídica” que merece corregirse reconvirtiendo terrenos forestales en suelos agrícolas regables en municipios del entorno de la Corona Norte de Doñana. Su principal caballo de batalla ahora es la retroactividad con la que entró en vigor el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, el conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 y que regularizaba a los que ya regaban en 2004. En la década que separa ambas fechas se multiplicaron las explotaciones que extraían (y siguen haciéndolo) agua del acuífero sin permiso, de ahí el objetivo de no recompensar estas prácticas ilegales.
“El tema de los regantes del Condado es delicado”, ha apuntado Manuel Gavira, que en eso coincide con Juan Espadas, para quien “el PP y la Junta de Andalucía tienen un serio problema” con una cuestión que confía que se resuelva “con seriedad”. “Rigor y procedimiento”, ha exigido el líder del PSOE andaluz, para quien el escenario ideal “no es el Parlamento”: debería ser una iniciativa que impulse la Junta y que se analice en dos foros fundamentales, la comisión de seguimiento del Plan de la Fresa y el Consejo de Participación de Doñana, que preside Miguel Delibes, que ya cargó con dureza contra la proposición de ley en la propia Cámara andaluza. “Lo que se haga debe atenerse a la legalidad”, resumía Espadas.
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