La Consejería de Hacienda ha irrumpido en la política educativa andaluza ofertando una deducción en el IRPF por “gastos en la enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática” para rentas familiares de hasta 100.000 euros. Es una de las rebajas fiscales que contempla la Ley de Tributos Cedidos del Gobierno de Juan Manuel Moreno, y que el departamento de Educación desconocía hasta que se hizo pública en los medios de comunicación porque, dicen, “es una medida tributaria, no educativa”.
Que la Consejería de Educación desconociese una reforma legal que habrá de vehicularse a través de los distintos sistemas de formación que hay en Andalucía –públicos, privados y concertados– se entiende mejor una vez han aflorado los datos que permiten dimensionar el alcance de esta rebaja tributaria. En el momento del anuncio, esos datos no estaban a mano de quienes diseñan las políticas educativas de esta comunidad, adquiridos más tardes por este periódico a través del Portal de Transparencia.
La nueva reforma fiscal ha creado una ruta de estudio de idiomas paralela y sin conexión aparente con la que ya existía: la Consejería Educación promociona el aprendizaje de una lengua extranjera en los colegios públicos a través de las actividades extraescolares, con un precio subvencionado de 15,40 euros al mes, y bonificaciones de hasta el 100% para las familias con menos recursos, cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, esto es: 7.519,59 euros al año.
La Consejería de Hacienda apunta en otra dirección: su ley de tributos busca “fomentar y ampliar” el estudio de idiomas entre los hijos de familias con rentas de hasta 100.000 euros, bien a través de una academia privada bien a través de las extraescolares en los colegios privados o concertados. En estos casos los precios no los regula la Junta de Andalucía, sino el mercado, y oscilan entre los 75 y los 120 euros al mes (más 40 euros de matriculación), según datos de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA).
Bonificaciones
La norma también incluye estos supuestos en las escuelas públicas, aunque en la práctica esa casuística sea residual. De ahí que las organizaciones sindicales de profesores hayan recibido esta medida como “una vía más para abrir negocio en la privada–concertada a costa de la oferta pública, que porcentualmente pierde más unidades y más alumnado cada año”.
La reforma fiscal del Gobierno de Moreno tiene el efecto colateral de bifurcar los itinerarios educativos: uno para alumnos con pocos recursos, otro para hijos de familias acomodadas. Al presentar la deducción fiscal por el estudio de idiomas, el PP andaluz quiso subrayar que esta medida no era exclusiva para colegios y academias privadas, porque en “algunas” escuelas públicas también se ofertaban estas clases. ¿En cuántos colegios públicos y para cuántos alumnos? Hacienda no disponía de esas cifras y Educación tampoco.
Los datos son estos: en Andalucía hay 648 centros educativos de titularidad pública que ofertan clases de idiomas en horario de tarde (apenas un 9% del total), de los cuales 66 son centros de compensación para alumnado con especiales dificultades socioeconómicas y culturales. Durante el curso 2020/2021 un total de 19.067 alumnos de estas escuelas estaban inscritos en actividades extraescolares relacionadas con algún idioma extranjero. En 23 de estos colegios, todos sus estudiantes estaban bonificados al 100% y no pagaban ni un euro por estas clases de refuerzo.
Según datos de la Consejería de Educación proporcionados por Transparencia, el 4,65% del alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial y Formación Profesional básica está inscrito en alguna actividad extraescolar en el presente curso académico. De esta cifra, el 35,65% asiste gratis a estas clases con una subvención del 100% del precio público y el 15,35% percibe otro grado de bonificación en función de su renta familiar, que oscila entre el 10 y el 50% del coste total.
El pasado 15 de octubre, la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar emitió un informe que aclaraba que ninguna escuela de Andalucía, pública o concertada, ofrece refuerzos de lengua extranjera a través de las actividades complementarias, que son obligatorias y forman parte del horario lectivo. Esta aclaración descarta uno de los supuestos con los que el PP andaluz promocionó la rebaja tributaria en aquellas fechas.
Academias privadas
El departamento de Educación no tiene datos de las academias privadas de idiomas que existen en Andalucía, ni siquiera aquellas que tienen convenios con alguno de los 583 colegios privados de la comunidad. La explicación, argumentan, es que “están catalogadas como negocios y dependen de la Dirección General de Consumo (Consejería de Salud y Familias)”. El dato más aproximado lo maneja la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas, la más representativa del sector en Andalucía, y cuenta con 154 centros de formación y más de 170.000 alumnos matriculados. El 50% de ellos está en edad estudiantil.
En Andalucía hay más de 7.000 centros educativos y 583 son privados (incluidas las 190 escuelas infantiles). En total hay 1.557 centros bilingües y solo 40 son privados: 1.161 públicos y 356 concertados. Solo el 4,2% del total del alumnado estudia en un centro privado [88.104 estudiantes, incluidos los 13.658 del primer ciclo de Infantil], el 2,7% en la etapa obligatoria [25.946], otro 2,7% en el segundo ciclo de Infantil [6.500 niños]; y el 13,9% en Bachillerato (14.401). El 77,2% del alumnado (1,4 millones) lo hace en una escuela pública y el 18,4% (335.361) en un centro concertado por la Junta de Andalucía.
La nueva deducción en el IRPF por gastos educativos está enfocada a “la enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, o de ambas, en un porcentaje del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo y con el límite máximo de 150 euros por descendiente”, según recoge el artículo 15 de la Ley de Tributos Cedidos. Este diseño tributario, en la práctica, encontrará a los potenciales beneficiarios en las escuelas privadas o privadas concertadas que tengan algún tipo de convenio con academias de idiomas, dado que el porcentaje de centros públicos que ofertan clases de lengua extranjera en horario extraescolar es residual, según apuntan los datos de la Consejería de Educación. Además, los alumnos de la escuela pública que acuden a estas clases ya se benefician de las subvenciones ligadas a la renta baja de sus familias.
El citado informe de la Dirección General de Atención a la Diversidad también aclaraba cuántos centros educativos, públicos y concertados, ofrecen algún refuerzo de idiomas a través de las actividades complementarias, esto es, dentro del horario lectivo. “La respuesta es ninguno”. Las actividades complementarias, que son obligatorias como parte de las asignaturas básicas del currículum, no contemplan ese refuerzo de clases en lengua extranjera.
En abril del año pasado, la ONG Save the Children publicó un estudio pionero sobre segregación del alumnado en España por razones socioeconómicas. Nuestro país apareció como uno de los que más divide a los alumnos de Educación Primaria por escuelas en función de su renta familiar, un escenario que los expertos empiezan a calificar como “colegios gueto” (cuando la concentración de estudiantes con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%). Este tipo de segregación escolar provoca, según el citado estudio, que los niños con más desventajas socioeconómicas en casa se agrupen en los mismos barrios y las mismas escuelas y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, dando lugar a sociedades menos integradoras.
El estudio de Save the Children, que analiza datos de 64 países, va un paso más allá de una de las conclusiones más recurrentes en cada informe PISA, que mide las competencias en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora en alumnos de Secundaria (15 años) de más de 50 países de la OCDE. A saber: que el contexto socioeconómico de un estudiante tiene un peso significativo en su rendimiento escolar.
El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía también ha hecho bandera de la “libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos”, una consigna que propicia un aumento de recursos y plazas en escuelas privadas y concertadas, dado que antes de que Moreno fuera investido presidente nueve de cada diez niños lograba plaza en el colegio elegido (segundo ciclo de Infantil) y durante su mandato ese porcentaje se ha mejorado gracias al descenso abrupto de la natalidad. Los citados informes sobre segregación escolar apelan a las administraciones educativas para que fomenten, desde la planificación escolar hasta el diseño de ayudas, una educación inclusiva, que no fomente la desigualdad y ayude a mejorar la diversidad en las aulas.