Susana Díaz cumple este 22 de septiembre 100 días como responsable del nuevo Gobierno de Andalucía, que son también 180 desde que el 22 de marzo ganara, sin mayoría absoluta, las elecciones autonómicas. Tras sufrir los 80 días que tardó en poder tomar posesión, porque la mayoría absoluta esta vez está en una oposición decidida a no ponérselo fácil, consiguió el respaldo de C’s para ser investida el 14 de junio de 2014. Un “pacto de investidura”, como han insistido las dos partes firmantes, pero que el resto de la oposición (PP-A, Podemos e IU) no han dejado de decir que va más a allá mientras la presidenta ha comenzado a lanzar el mensaje de la acción de una “pinza” de cuya existencia ya nadie duda en el PSOE-A.
La legislatura ha arrancado, como se barruntaba desde hacía meses, con la aprobación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre el fraude de la formación que sin duda centrará la agenda de los próximos meses, igual que la lucha de la policía y los tribunales contra este caso que ha copado los titulares el último año. De hecho, recién investida Susana Díaz, culminaba la cuarta fase de la conocida operación Edu, bautizada esta vez como Eduende. Y la oposición, sobre todo el PP, no descarta plantear otra comisión de investigación sobre la adjudicación de la reapertura y explotación de la mina de Aznalcóllar, en estos momentos también pendiente de los tribunales.
Pero si la primera comisión de investigación marcará la recta final de 2015, hay dos hitos más en este cargado último trimestre del año. Por un lado, la habitual elaboración de los presupuestos autonómicos, que esta vez se antoja igualmente difícil que en 2014, porque si entonces el PSOE-A tuvo que negociar intensamente con sus socios de IU para cerrarlos, esta vez tiene que hacerlo sin aliado sobre el papel. De hecho, se presume que C’s será el que le dé el voto que necesitan las cuentas para superar el trámite del Parlamento de Andalucía, pero este partido ya ha puesto tres condiciones. Y por otro, las elecciones generales que casi con toda probabilidad serán el 20 de diciembre y que podrían convertirse en los cuartos comicios consecutivos que gana el PSOE-A comandado por Susana Díaz.
Actividad legislativa
Por otra parte, estos 100 días, de los que prácticamente la mitad (45) los ha pasado la presidenta disfrutando parcialmente de su derecho a un permido de maternidad por el nacimiento de su primer hijo, el Gobierno de Andalucía ha desarrollado una actividad legislativa de cierto nivel (cuatro anteproyectos de ley, dos proyectos de ley y otros tantos decretos ley).
Son, por un lado, los anteproyectos de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, Ley del Deporte de Andalucía, Ley Retracto Desahucio Viviendas en Andalucía y Ley Protección Consumidores y Usuarios Préstamos Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda en Andalucía. De este último, además, ya se ha aprobado el proyecto de ley, que se ha sumado al de la modificación de tres artículos la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable.
En cuanto a los decretos ley, figura cuyo abuso es habitualmente criticado por la oposición (en la anterior legislatura se iba prácticamente a uno por mes), han sido el de integración de los consorcios escuela en el Servicio Andaluz de Empleo y el que reconoce a sus funcionarios los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.
La presidenta hacía su propio balance este lunes. Ha calificado estos 100 días como “muy intensos” y ha incidido en que se ha puesto en marcha un centenar de medidas, “prácticamente una por día”. En estos tres meses ha intentado “recuperar el tiempo” perdido por el bloqueo de la investidura. De este modo, Susana Díaz ha destacado especialmente los dos anteproyectos de ley “que van contra los desahucios” y sus medidas en materia de empleo. “Este trabajo ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta de esta legislatura”, ha subrayado.
No ha faltado la habitual tensión con el Gobierno de la Nación. No ya sólo porque comenzaba un curso escolar determinante para la Lomce (norma recurrida por el Gobierno de Andalucía) o porque se ha presentado ya un avance de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) este verano que continúa “castigando a Andalucía” según sus responsables, sino porque se han aprobado dos recursos más en el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de la Nación por normas que al entender desde la Junta de Andalucía que invaden sus competencias.
En concreto, ha sido contra la que implanta la licencia deportiva única y contra dos preceptos de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que modifica las normas reguladoras de la financiación autonómica y de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Un tercero, el que iba contra la Ley de Parques Nacionales y cuya presentación se había aprobado en este periodo, fue frenado tras incorporar el Gobierno de la Nación a su texto 29 de las medidas defendidas por Andalucía.