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Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Susana Díaz garantiza al alcalde el “escrupuloso” cumplimiento de la ley con la Corrala Utopía

Europa Press

Después de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), remitiese una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), ante la demanda de VPO de titularidad municipal cursada por la Consejería de Fomento y Vivienda para realojar a las familias que habitaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de'Ibercaja y conocido como Corrala Utopía, Susana Díaz ha contestado a su vez al primer edil mediante su propia misiva.

En dicha carta, la presidenta de la Junta de Andalucía lamenta recibir el escrito del alcalde después de conocer el contenido del mismo a través de los medios de comunicación. “Es obvio, en términos de lealtad institucional y cooperación, que no parece el procedimiento más adecuado”, señala la presidenta en su escrito. En el mismo explica que ha trasladado la carta del alcalde a la Consejería de Fomento y Vivienda, que reclama al Ayuntamiento de Sevilla 16 viviendas protegidas para unirlas a seis propias y realojar así a las familias, para que dicho departamento, dirigido por Elena Cortés (IU), le “informe detalladamente” de todos los aspectos señalados por el primer edil en su escrito y conocerlos “en profundidad”.

“Como presidenta de la Junta de Andalucía, no admitiré ninguna solución al problema que no suponga un escrupuloso respeto a la ley”, enfatiza Susana Díaz “de manera clara y rotunda”. Traslada también al regidor que le dará “cumplida información” de la respuesta que obtenga por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda.

La consejería había pedido la cesión de 16 VPO, e incluso estaba dispuesta a pagar por ellas, dentro de las más de 500 que calcula que el Ayuntamiento de Sevilla tiene sin ocupar. El alcalde, en respuesta en a esta petición, manifestaba en la carta remitida a Susana Díaz que a la hora de entregar las viviendas protegidas siempre debe mediar “respeto a la legalidad, a los derechos de los aspirantes” y “a la igualdad de trato basada en baremos sociales o el acceso mediante listados del registro municipal de demandantes”.