El pleno en el Parlamento de Andalucía -que se adelanta a este martes para continuar el miércoles porque el jueves es festivo- estará marcado en su primera jornada por las comparecencias de los consejeros de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para ofrecer explicaciones sobre dos asuntos que han generado polémica -y hasta una crisis- en el Gobierno de Andalucía las últimas semanas: el realojo de los vecinos de la Corrala Utopía y la investigación de la Fiscalía de Málaga por un supuesto fraude en las subvenciones para cursos destinados a desempleados. Y en esta conflictividad, reparto de papeles entre los dos socios, porque tomarán la palabra un consejero de IU y otro del PSOE-A.
La primera en comparecer será Elena Cortés, “a petición propia”, para “informar sobre la política general de vivienda: VPO y procedimientos de realojo previstos” en la ley. Tras este enunciado se esconde la necesidad de aclarar las diferencias entre adjudicación de vivienda protegida y realojo provisional, que es la fórmula por que la su consejería permitió dar techo a ocho de las 17 familias desalojadas el pasado 6 de abril de un inmueble que ocupaban desde hacía casi dos años en Sevilla, mientras que para las otras nueve se está estudiando su situación.
Elena Cortés sostiene que la intervención de su departamento fue “totalmente legal”, pese a que costó una crisis -con suspensión temporal del pacto incluida- en el Gobierno de Andalucía, una vez que la presidenta, Susana Díaz, mandó parar estos realojos auspiciados por IU y llegó incluso a quitarle por unas horas las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida mediante decreto. La presidenta llegó a plantearse hasta un adelanto electoral. De hecho, en el orden del día figura también una iniciativa del PSOE-A para que dé estas explicaciones y que está planteada en los mismos términos que la referida de la consejera. Por su parte, la petición que se le hace desde la oposición es que informe “sobre los procedimientos que han dado lugar a la entrega” de viviendas protegidas a estas familias y que dé cuenta de “los informes jurídicos confeccionados al efecto para avalar las decisiones tomadas”.
Tras Elena Cortés, que comparecerá en torno a las cuatro y media, será el turno de Luciano Alonso, también a petición propia y “a fin de informar sobre la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía”. El PP-A le preguntará sobre todas las actuaciones que ha llevado o va a llevar a cabo en relación a las investigaciones que practica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la fiscalía en relación al presunto fraude detectado en la gestión de los fondos de formación realizada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2011 “en diversas provincias de Andalucía”, si bien hasta el momento Luciano Alonso ha circunscrito el caso exclusivamente a Málaga. También preguntarán los populares “sobre las medidas que ha puesto o va a poner en marcha con el fin de aclarar dichas irregularidades”, cómo se trabajará para recuperar estos fondos de formación “defraudados” o quién asume “las responsabilidades políticas” ante “este nuevo escándalo”.
IU, por su parte, también pide explicaciones al consejero, “en relación al presunto fraude”. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, lo calificaba este lunes de “muy grave” y “escandaloso”, exigiendo “transparencia” a sus socios en las explicaciones porque “esto no es un bluf”. Y el PSOE-A, a su vez, se pregunta por este caso, pero no habla de fraude, sino de “las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación”. De hecho, Luciano Alonso ha ido ofreciendo información sobre el caso desde el pasado 16 de abril sosteniendo la tesis del Gobierno de Andalucía de que “no se puede hablar de gran fraude”, entre otras cosas porque todavía “están abiertos” los procesos por el que las empresas que han recibido este tipo de subvenciones tienen que justificar su gasto.
Hasta la fecha, el Gobierno de Andalucía ha cifrado en 1,5 millones de euros el monto de los 17 expedientes que está investigando la UDEF y que le fueron requeridos a la consejería el pasado 14 de enero. En paralelo, desde el pasado mes de septiembre se están revisando todos los expedientes de estas subvenciones entre 2007 y 2011 -en 2012 y 2013 no ha habido convocatorias- para comprobar que todo está debidamente justificado. De un total de 4.000 revisados, se ha procedido a requerir más información a los destinatarios en medio millar de casos, y hay 56 peticiones de reintegro de las cantidades de manera total o parcial por no haber cumplido con su objetivo.
Esta revisión masiva de expedientes fue ordenada por Susana Díaz tras su toma de posesión cuando la sombra de la sospecha se cernía con todo su peso sobre estos programas y cuando se estableció el principio de no exoneración, es decir, no se puede optar a nuevas subvenciones sin haber justificado las anteriores que se hubiera recibido. En este contexto, quedan muchas preguntas por responder que se espera que haga Luciano Alonso como ¿hay nuevos requerimientos de información tras esos 480 expedientes de los que habló hace un par de semanas?, ¿a cuánto asciende la cantidad reclamada en los 56 de petición de reintegro?, ¿hay más ya?, ¿si los mecanismos de control funcionan, cuánto dinero ha recuperado la Junta de Andalucía con las peticiones de reintegro en años anteriores a los investigados?, ¿se han extendido la investigación de la UDEF a otras provincias?...
Cabe recordar que pese a que comparecerán los dos consejeros, la oposición había pedido que lo hiciera la presidenta, especialmente en el caso de los fondos de formación. De hecho, el PP-A ha insistido en la necesidad de convocar una comisión de investigación, un planteamiento que no tiene visos de salir adelante. De hecho, desde IU avisaban a los populares la pasada semana de que no cuenten con ellos para esto.