Los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, ambos gobernadas por el PP, han decidido que este es un buen momento para subir la tarifa del agua. EMASESA, la empresa pública que da servicio a la capital y su área metropolitana (1,5 millones de habitantes) contempla una subida del 17 al 42% en los próximos dos años, según el tipo de hogar y consumo; y EMASA, su equivalente en Málaga ciudad (579.000 habitantes), planea una subida media inmediata del 42%. Aquí ya se ha creado una plataforma de organizaciones, sindicatos y asociaciones vecinales.
El momento de la subida no es casual: sus impulsores aseguran que obedece a los estragos de la sequía y la inflación en la estructura de costes. También, a la congelación de la tarifa durante años y su repercusión sobre infraestructuras cada vez más obsoletas. Pero también hay un criterio de oportunidad política. Los alcaldes prefieren pasar el mal trago lo más lejos posible de las elecciones. “Esto se hace a los 100 días de llegar a la alcaldía. Si no, no se hace”, admite Manuel Marchena, catedrático de la Universidad de Sevilla, que ejecutó la última subida en Sevilla siendo consejero delegado de EMASESA, allá por 2009. Para cuando llegan las nuevas elecciones, la subida se ha digerido.
Marchena, que después se convirtió en presidente de la patronal de empresas de servicios de agua urbana (AGA), subraya que la subida está “absolutamente motivada desde el punto de vista técnico, ambiental y social”. “Otra cosa es cuánto y cómo”. De parecida opinión es Luis Babiano, gerente de AEOPAS, la Asociación de Operadores Públicos del Agua, que matiza: “Sí, se tiene que subir. Pero la subida debe ser progresiva y solidaria, también a futuro. Que se repercuta en quien más gasta, y que el dinero del agua sea para el agua”.
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, explica que la asociación no se opone a una subida, pero sí a estas subidas: “Nos parece que se sube demasiado, demasiado de golpe y no entendemos que el ciudadano lo asuma vía recibo al 100%”.
La subida tarifaria ha protagonizado los plenos de las dos grandes ciudades esta semana, donde se han escuchado expresiones similares: “Tarifazo”; “atraco a mano armada”; “sablazo”. Y a unos equipos de gobierno justificándose en que la vida, y especialmente el agua, está más cara.
En Málaga, la cuestión protagoniza un encendido debate político desde hace tres semanas. El ayuntamiento (mayoría absoluta del PP) anunció la subida con una nota de prensa. Tras ocho años con la tarifa congelada, cada hogar pagará una media de 6,21 euros adicionales al mes en 2024: 4,88 corresponderían a la “actualización tarifaria” y 1,33 a un canon finalista. De una media de 14,59 euros a 20,80 euros al mes, un incremento medio del 42%. La tarifa, subraya EMASA, seguiría entre las más baratas de las grandes ciudades andaluzas.
El objetivo, dice el consistorio, es repercutir el impacto de la inflación para ajustar las cuentas, en números rojos desde hace dos años después de casi una década de beneficios que permitieron, incluso, que EMASA comprara al ayuntamiento las canalizaciones de la ciudad. Una operación de ingeniería financiera que dotó de liquidez al consistorio a costa de su empresa pública.
Este jueves, la concejala Penélope Gómez explicó que la inflación acumulada del 24% (desde 2016) ya supone un agujero de cuatro millones de euros anuales, y que afecta especialmente la subida del coste de la energía (del 121%). El ayuntamiento quiere asumir nuevos servicios (la conexión de las viviendas o el mantenimiento de la red de pluviales) y dotar un fondo que permita acometer 130 actuaciones valoradas 100 millones de euros.
La tarifa en Málaga es progresiva: a mayor consumo por habitante en la vivienda, mayor coste por litro consumido. Sin embargo, el ayuntamiento no ha desmentido que quiera aplicar una subida lineal a cada bloque, lo que penalizaría por igual con independencia del consumo. “Debería subirse más a quien más gasta”, señala Babiano. “Disfrazar de progresiva una medida por el hecho de que las tarifas ya sean progresivas es tomar el pelo a los usuarios”, critica Rubén Sánchez, de FACUA.
Daniel Pérez, portavoz del PSOE, lo calificó de “sablazo”. El alcalde Francisco de la Torre aseveró hace un año que no subiría el precio del agua y el consistorio no ha aportado ningún estudio que justifique la subida y la desglose. Tampoco contempla una tasa turística que reparta el coste. “Es usted un excelente promotor turístico e inmobiliario, pero un mal alcalde”, espetó Nicolás Sguiglia (Con Málaga).
El anuncio ha provocado también la creación de la Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua. La iniciativa evoca al año 2014, cuando el intento de subir la tarifa un 20% chocó con la oposición ciudadana. Ahora, se suman las previstas subidas del billete de autobús y de la tasa de basuras, en un contexto marcado por la dificultad creciente para acceder a una vivienda asequible. En Málaga, el precio de alquiler o compra de vivienda está en máximos históricos. Ha subido el 20% y el 13,7% en el último año, según Idealista.
En Sevilla, la situación avanza a otro ritmo porque el juego de mayorías obliga. El alcalde José Luis Sanz (PP) necesita al menos que Vox se abstenga para tener una mayoría en el consejo de administración de EMASESA, que presta servicio a los 12 municipios del área metropolitana (Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Camas, La Rinconada…).
El Observatorio del Agua trabaja con un informe preliminar, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, con novedades sustanciales en la estructura tarifaria. El consumo bonificado, considerado eficiente, pasaría de un máximo de 100 litros por persona y día a 90 litros, en línea con el Objetivo 90. El “consumo normal” se rebajaría de 130 a 110 litros, el alto pasaría de 130-150 a 110-130, y el “muy alto-excesivo” sería aquel que supere los 130 litros, y no los 150, como hasta ahora.
EMASESA prevé un incremento del 18% en dos años para las viviendas con consumo eficiente bonificado, y del 22%, 31% y 46% para los siguientes tramos. Es decir, un incremento progresivo. Además, el consumo municipal tendría una subida del 20%, el industrial y el comercial del 30% y el turístico del 40%.
Así ingresaría 35,3 millones de euros más entre 2024 y 2025, suficiente para compensar los 14,5 millones de gastos extraordinarios por la sequía, reducir en diez millones la deuda y empezar a dotar un nuevo plan de inversiones con un coste estimado de 178,4 millones.
Sanz se ampara en la herencia recibida. La subida del 30% (de media) “no me la invento yo”, dijo en el Pleno, imputando al anterior alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), la “irresponsabilidad de no explicarle a la ciudadanía que había que subir” la tarifa. Para Rubén Sánchez, hay margen para que una parte del incremento se asuma vía presupuestos municipales.
En general, existe una escasa percepción del coste del agua urbana. “Se piensa que el agua es prácticamente gratis. Es un bien imprescindible, subvencionado y un monopolio natural, y el problema es que no se computan los costes del agua, sobre todo en momentos de necesidad como la sequía”, valora Manuel Marchena. “La gente no sabe lo que cuesta echar el agua al váter y luego mandarla al río prácticamente depurada. Las tuberías pierden casi la mitad del agua que discurre porque no se ha invertido casi nada. Las tuberías, la depuración o el traslado hay que pagarlo”.
Hay consenso en que las tarifas deben adaptarse al incremento de costes, especialmente agudo porque el agua es hiperintensiva en el uso de la energía. Además, el año que viene entrará en vigor una nueva directiva de calidad del agua, que repercutirá en el coste. Y se añade una paradoja con el agua: los esfuerzos para reducir su consumo siempre redundan en una reducción de los ingresos de las empresas públicas.
“El resultado es que muchas empresas públicas entran en déficit”, advierte Babiano, que añade el factor del cambio climático: “Va a haber que meter más fuentes públicas, regar parques y jardines, crear microclimas… Y si no invertimos ahora se va a dejar muy mala herencia a generaciones futuras”.
La cuestión, por tanto, es cómo y quién lo paga, y aquí surgen las críticas. La subida se articula para los próximos dos años, acumulando un impacto medio del 30% (en Sevilla) y del 42% (en Málaga), en lugar de amortiguarlo a largo plazo. “Es un impacto muy fuerte”, lamenta el portavoz de FACUA. Además, todas las fuentes consultadas echan en falta transparencia. “Hay que hacer un esfuerzo para explicar por qué y cuánto. No se trata de anunciarlo primero y luego ver qué pasa”, comenta Manuel Marchena.
El acceso al agua potable es un derecho humano, pero llevarla al grifo no es gratis. 1.000 litros de agua no cuestan lo que una botella de Coca Cola, y quizá eso vaya a cambiar. “Lo importante es que la subida sea progresiva y solidaria, también con las generaciones futuras”, concluye Babiano.
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