La ya diputada no adscrita, líder de Anticapitalista y hasta ayer presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, junto a los otros siete diputados que han sido expulsados del grupo parlamentario de la confluencia, han presentado un recurso en el Parlamento contra la calificación favorable de la Mesa que da amparo a su expulsión.
En concreto, argumentan indefensión, violación de sus derechos como parlamentarios y, además, avisan de que si este órgano rector “toma partido” por una de las fuerzas que componen Adelante, “y castiga por sus ideas a los ocho diputados expulsados, se dará la paradoja de que gozaremos de inmunidad fuera de la Cámara por las opiniones públicas que expresemos, pero estaremos perseguidos dentro del Parlamento”.
El recurso, firmado por Rodríguez, pide que la Mesa reconsidere la calificación favorable y la “inadmisiblidad” del escrito que presentó, la hasta ayer portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto (IU), y por el que a los ocho diputados fueron acusados de tránsfugas y expulsados del grupo de la confluencia.
Los ahora diputados no adscritos defienden que “no es la forma ni en el fondo el procedimiento adecuado para lo solicitado” de manera que la calificación favorable de la Mesa incurre en “una grave e irreparable violación de los derechos que como diputados tenemos reconocidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento”.
Fuera de plazo
En primer lugar, los ocho diputados defienden que si bien el plazo para presentar un escrito susceptible de ser calificado por la Mesa en su reunión de este miércoles terminó el lunes a las 10,00 horas, el escrito objeto del recurso “se registró el martes a las 13,26 horas” un retraso que, a su juicio, “no es inocuo ni inocente” sino que “hubo una intencionalidad en su ocultamiento a los diputados firmantes a fin de dejarnos en situación de indefensión”.
“Esta situación de indefensión, aun siendo grave, no resiste comparación con la deliberada presentación extemporánea de un escrito para intentar, buscando un efecto sorpresivo, pulverizar los derechos políticos de ocho diputados”, apostillan para defender que ante esta situación el escrito “merecía una calificación desfavorable, como mal menor, ser remitido su conocimiento a una sesión de la Mesa a la que llegara en plazo”.
Por contra, censuran que “tan generoso criterio en la consideración de los plazos no fue de aplicación a la comunicación urgente que presentó la vocal de Adelante Maribel Mora antes del inicio de la sesión de la Mesa, para la salvaguarda de los citados derechos fundamentales”, de ahí que entiendan que hay “una intención clara de favorecer una maniobra política de una portavoz llegando con ello incluso a conculcar derechos constitucionales de ocho diputados”.
Igualmente, los ocho diputados ahora no adscritos ven “inadecuación del escrito en forma y fondo al Reglamento y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. De las normas parlamentarias entienden que se deduce que “es el grupo parlamentario, y solo el grupo parlamentario, quien debe aprobar por mayoría la expulsión de un diputado de su seno”; mientras que del Alto Tribunal subrayan que “viene pronunciándose en el sentido de que es necesario acreditar la voluntad formada del grupo para adoptar una decisión de tal naturaleza”. “La mera comunicación de la portavoz a la Mesa, sin aportar el acuerdo firmado por los miembros del grupo que integran la mayoría, no es suficiente para que la Mesa, sin más trámites, se dé por enterada y la comunicación surta sus efectos”, defienden.
“Es necesario acreditar que la decisión comunicada por la portavoz no es fruto del capricho, de una intromisión ajena al Parlamento o de una decisión no formalizada que se ha tomado a espaldas de los diputados que hemos sido excluidos y de algunos más”, insiste en el recurso para hacer hincapié en que “debe quedar acreditado que se trata de una decisión colectiva aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del grupo”.
Y así, critican que en la Mesa “se ignoró el Reglamento, la doctrina constitucional, el asesoramiento técnico del Letrado Mayor, que advertía de la falta de legitimidad del escrito de Nieto, y las serias dudas que generaba que Mora avisara de que el escrito carecía de un contenido respaldado por el grupo, ilegítimo, falto de procedimiento y facultades”. “Era un escrito intramitable y la Mesa no debió habertomado conocimiento del mismo”, abundan.
“Falsedad de la acusación de transfugismo”
Y por último, los ocho diputados expulsados de Adelante rechazan que se les acuse de tránfugas y argumentan que “la invocación al Pacto contra el Transfuguismo solo sirve para acreditar la falta de motivación del escrito de Nieto, pues la definición de comportamientos tránsfugas que consta en dicho pacto no tiene nada que ver con la situación que se da en el grupo de Adelante”, de manera que Nieto “se hace eco de unas supuestas normas que son inaplicables al Parlamento”.
En cualquier caso, sostienen que la Mesa “carece de postestades de ordenación de la vida del grupo de Adelante y no puede ordenar, so pena de incurrir como poco en arbitrariedad, nuestro pase a la punitiva condición de diputados no adscritos”.
“Las tensiones políticas que se viven en el seno de Adelante son las normales dentro de las formaciones políticas, si bien más amplificada en nuestro caso al estar integrados en una coalición de partidos”, aseguran antes de apuntar que aunque es previsible que en ese debate interno permanente “una fuerza política recurra a argucias para obtener alguna ventaja”, lo que no era previsible es que “la Mesa permita ser utilizada a tal fin”.
Y es que, como han asegurado, “detrás de las denuncias de transfuguismo lo que se esconde con discusiones políticas”, de manera que alertan de que “si la Mesa toma partido por una de las fuerzas de la coalición Adelante, y castiga por sus ideas a los ocho diputados expulsados del grupo, se dará la paradoja de que gozaremos de inmunidad fuera de la Cámara por las opiniones públicas que expresemos, pero estaremos perseguidos dentro del Parlamento”.