Todos los trabajadores de violencia de género, menores y familia de Sevilla que recibieron cartas como las que Pedro Sánchez mostró en el debate celebrado este martes ya han respondido a la petición. La misiva, que fue recibida por los profesionales entre el 5 y el 9 de abril, les daba un plazo de 15 días para alegar lo que creyeran conveniente a raíz de la demanda de datos de un particular. Tal y como adelantó eldiario.es, el hombre usó la solicitud de Vox que rechazó el Parlamento andaluz en febrero para intentar obtener sus nombres y apellidos, pero los empleados ya han trasladado su rotunda negativa.
“Nos hemos opuesto frontalmente. Estamos preocupados y nos sentimos vulnerables. Esto te crea inseguridad porque tú al entrar en este puesto has cumplido los requisitos que te pedían, has hecho tu trabajo con profesionalidad y, de repente, te ponen en duda... Trabajamos con materia muy sensible”, reflexiona una de estas trabajadoras, que prefiere no dar su nombre. El particular que registró la petición se define como “un ciudadano afectado por resoluciones judiciales intrínsecamente ligadas a informes y dictámenes de equipos psicosociales” y exige el nombre, apellidos y número de colegiación de todos los empleados entre 2012 y 2019.
Estos profesionales –unos 30 en total, informa Dani Cela– son psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses pertenecientes a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y Menores. Se encargan de realizar informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio. Desde que recibieran estas comunicaciones, han estado asesorados por el sindicato USTEA y UGT, que han redactado modelos de alegaciones.
Ambos, utilizados por los empleados, apuntan a que no dan consentimiento para que sus datos sean trasladados a este particular en base a la protección de datos de carácter personal. El de UGT alude a que se trata de una “petición de carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia” y que pudiera conculcar uno de los límites del derecho de acceso a la información pública contenido en la Ley de Transparencia, en concreto el de igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva.
Las alegaciones de USTEA, por su parte, niegan la cesión de datos para un fin diferente al del estricto ámbito laboral y califican la condición genérica de la petición –“no responde a ningún procedimiento concreto”– de “fundamento que en sí mismo constituye cualquier negativa”. “Ateniendo a las particularidades de la prestación de servicios de este profesional y la especial sensibilidad de las funciones inherentes a este desempeño, cualquier cesión de los datos personales de los que soy titular provocaría riesgos para los derechos y libertades de la que suscribe”, zanja el texto.
Los equipos de violencia de género y de familia, además, han tenido que presentar también estas mismas alegaciones ante una segunda petición registrada, en este caso por una mujer que solicita un listado de “psicólogos acreditados como peritos judiciales para realizar informes psicosociales”. La demanda de información, a la que ha tenido acceso eldiario.es, tuvo entrada en la Consejería de Justicia el pasado 20 de marzo. Estas son las dos únicas trasladadas a los empleados, pero según confirma la Junta de Andalucía hay al menos siete solicitudes registradas en el mismo sentido y con idéntica intención. La Consejería de Justicia, asistida por su gabinete jurídico, ha recopilado los datos profesionales de sus trabajadores que les pide Vox -una consulta ajustada a derecho- pero en la lista de 130 empleados -propios y externos- se ha ocultado conscientemente el sexo de los expertos en violencia machista para evitar que Vox les identifique e impedir “cualquier cuestionamiento de su labor por razón de sesgo ideológico”, como adelantó el miércoles este periódico.
Críticas a la Consejería de Justicia
Con ello coincide la trabajadora con la que ha hablado este medio, que pone sobre la mesa la “sensibilidad” de los asuntos con los que tratan este tipo de profesionales, a los que “la administración ha dejado desamparados y expuestos”, lamenta. “No sabemos hasta dónde va a llegar esto”. Tanto trabajadores como sindicatos denuncian duramente que la Consejería de Justicia haya dado traslado de la petición de este hombre a los propios trabajadores para que aleguen, algo que, aseguran fuentes de USTEA, “nunca había ocurrido antes”.
El propio Pedro Sánchez dijo en el debate que la misiva que enseñó era parte de las “listas negras impulsadas por el PP y Ciudadanos” en Andalucía sobre los trabajadores de violencia de género. La afirmación no es del todo cierta, puesto que no se trata de “listas” promovidas por ambas formaciones. Sin embargo, sí que ha correspondido a la Consejería de Justicia el traslado de la solicitud, que se basa para hacerlo en el artículo 19.3 de la Ley de Transparencia. La norma prevé que cuando la información solicitada “pudiera afectar a derechos o intereses de terceros” se les concederá un plazo de dos semanas para hacer las alegaciones oportunas.
No obstante, desde USTEA y UGT critican que esta sea la única opción y aseguran que, en otras ocasiones cuando los propios sindicatos han hecho peticiones de datos genéricas de trabajadores, la administración se ha escudado en la protección de datos para denegárselas sin dar traslado a los empleados. “¿Por qué ahora es diferente?”, se preguntan fuentes de USTEA. “Se ha descargado la responsabilidad en los propios trabajadores directamente. Se está atacando a su profesionalidad”, explica Soledad Ruiz, secretaria de política social y de la Seguridad Social de UGT en Andalucía.
Ambas organizaciones de trabajadores opinan que la administración debería haber respondido directamente a la solicitud, cuyo objetivo es “poder constatar si dichos perfiles profesionales cumplían y cumplen con los requisitos de cualificación y colegiación obligatoria”. El hombre registró la demanda en el Consejo de Transparencia de Andalucía unas horas antes de que el Parlamento andaluz impugnara la solicitud de Vox por entender que vulneraba la protección de datos. El organismo tuvo que derivar la petición a la Consejería de Justicia, tal y como establece la ley, donde entró el pasado 11 de marzo. A partir de ahí, la Delegación Territorial de Justicia dio traslado de la misma a los trabajadores de Menores y el Instituto de Medicina Legal a los de Familia y Violencia de Género.
Esta demanda forma parte del grupo de siete que la Junta de Andalucía ha confirmado que están sobre la mesa. La cascada de demandas se produjo a raíz de la petición de Vox presentada por el diputado Francisco Serrano y que fue rechazada por el Parlamento andaluz. Posteriormente, el organismo sí aceptó otra reformulada en la que pedía el número de efectivos y su vinculación profesional. Fuentes de USTEA explican que en una reunión mantenida estos días, la Consejería de Justicia ha asegurado que no ofrecerá información de los trabajadores a los ciudadanos que han hecho sus peticiones porque así se recoge en la Ley de Protección de Datos y que están pendientes de un informe jurídico para saber cómo dar respuesta a las demandas.