Diego Cañamero ha evitado por tercera vez comparecer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sobre el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) pesa ahora una orden de detención sin fecha ni hora para su comparecencia, que deja a criterio de la Guardia Civil su detención, pero que se espera sea ejecutada esta misma semana.
Cañamero fue puesto en búsqueda y captura el pasado viernes tras evitar presentarse por tercera vez a declarar por su imputación en el caso de la ocupación de la finca militar de Las Turquillas, en Sevilla. Acusado de los presuntos delitos de usurpación, desobediencia a la autoridad y daños, Cañamero no se presentó ni ante los juzgados de Osuna ni ante el TSJA después de que el caso pasase a este último por la imputación del aforado Juan Manuel Sánchez Gordillo.
El líder sindical permaneció localizable en todo momento por parte de la Guardia Civil en su residencia de El Coronil, en Sevilla, e incluso esta misma mañana dio una rueda de prensa, explicando que había pasado la noche en la sede del sindicato. Su abogado, el letrado del SAT de Granada, Antonio Folgoso, se presentó ante el instructor del caso, el magistrado Jerónimo Garvín, para explicar la incomparecencia de su defendido.
El juez, que ya sabía que Cañamero no se iba a presentar, tras consultar con el Instituto Armado, decidió mantener la orden de detención pero sin fijar una fecha y hora de comparecencia –la anterior era para este lunes a las 12.00 de la mañana– para que decidan los guardias en función de las circunstancias.
Fuentes del caso apuntaron que se habría decidido no ejecutar la detención para evitar las cámaras y las acumulaciones de simpatizantes que han acompañado a Cañamero durante todo el fin de semana. Las mismas fuentes matizaron que el Instituto Armado habría valorado “excesivo” una estancia de 48 horas en el calabozo por cargos menores y una simple comparecencia, algo que con lo que el magistrado habría estado de acuerdo la mañana de hoy.
Junto a Cañamero están imputados otros 51 militantes y simpatizantes del SAT, por los mismos cargos, incluido el diputado andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que al ser aforado provocó que el caso se trasladase al TSJA.