El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como investigado el día 10 de mayo al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha citado a declarar como investigado el próximo día 10 de mayo, a las 10,00 horas, al consejero de Economía y Conocimiento, que goza de aforamiento, todo ello después de que el Ministerio Público le denunciara por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
La citación se produce después de que, el pasado día 12 de abril, el Alto Tribunal andaluz dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Arellano ya ha defendido por esceito la urgencia de la obra universitaria investigada y negado arbitrariedad en la adjudicación.
El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, “conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra” del Centrius “que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros”.
Todo lo anterior, “de comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones”, asevera el TSJA, que añade que, finalmente, un estudio de arquitectura en concreto fue adjudicatario, “por vía directa o indirecta, del proyecto básico (por 69.484 euros), de un denominado estudio preliminar de instalaciones (por la misma cantidad), del proyecto de ejecución (por al menos 500.000 euros más IVA), y de la dirección de obra (por 108.170 euros)”.