Dice el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que su propuesta de pacto por la sanidad andaluza dirigida al presidente Juan Manuel Moreno “ya no es política”, y que se trata de una “propuesta social”. El matiz no es baladí, porque el socialista ha logrado sumar este lunes a su iniciativa a los dos principales sindicatos -UGT y CCOO-, que han avalado los cinco ejes de su plan sanitario, redoblando así la presión sobre Moreno para que se siente a negociar con el líder de la oposición. El escenario es adverso para el entendimiento PP-PSOE, porque ambos dirigentes están en plena precampaña electoral sin fecha, y la sanidad ocupa el epicentro de esa contienda.
Tanto la líder andaluza de UGT, Carmen Castilla, como su homóloga de CCOO, Nuria López, coinciden con el diagnóstico de Espadas: la sexta ola de la pandemia, con récord de contagios, ha vuelto a colocar al sistema andaluz de salud al “borde del colapso”. Castilla y López suscriben las medidas que el líder del PSOE ha hecho llegar por carta al presidente de la Junta: un plan de equiparación salarial de los sanitarios andaluzas respecto a la media de las comunidades autónomas -una promesa electoral incumplida de PP, pero también del PSOE- y un programa de estabilidad laboral para el colectivo. Sobre la atención primaria, que ha encajado el golpe más duro de esta sexta ola, el ex alcalde de Sevilla propone inyectar 400 millones de euros más, que obligarían a hacer una modificación del Presupuesto andaluz en vigor. “Si Moreno lo acepta y lo lleva al Parlamento, encontrará el voto favorable del PSOE”, ha insistido.
Pero el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos recela de cualquier iniciativa de Espadas desde que se frustró el acuerdo presupuestario que el socialista brindó a Moreno el pasado mes de octubre. Las cuentas para 2022, con más de 43.800 millones de euros, se estrellaron con las enmiendas a la totalidad de toda la oposición en el Parlamento. Desde entonces, la coalición PP-Cs habla de “pinza PSOE-Vox” y alude constantemente a un supuesto bloqueo parlamentario que impediría al Ejecutivo andaluz desarrollar su agenda legislativa, y empujaría a Moreno a convocar las elecciones. En realidad, desde entonces se han aprobado media docena de leyes en la Cámara, bien con el apoyo de la extrema derecha, bien con el voto de las izquierdas, y en algunos casos por unanimidad.
La Junta de Andalucía confía en que la denuncia machacona de Espadas sobre la merma del sistema andaluz de salud se desinfle “dentro de diez días”, cuando los contagios empiecen a desacelerar y la sexta ola dé paso a un periodo de calma en hospitales y ambulatorios. La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha pedido este lunes a Espadas que “deje de embarrar”, y que si de verdad quiere llegar a un acuerdo sobre sanidad con la Junta, acepte sentarse a hablar con el consejero de Salud, Jesús Aguirre. El socialista rechaza esta fórmula, porque cree que Aguirre no tiene competencias para modificar los Presupuestos Autonómicos, y exige abordar el acuerdo al más alto nivel político, esto es, directamente con el presidente Moreno y con la presencia del titular de Hacienda, Juan Bravo, como ocurrió en el inicio de las negociaciones frustradas sobre las cuentas para 2022.
Castilla y López han suscrito el planteamiento de Espadas, aunque sus críticas al Gobierno andaluz por los déficit de la sanidad pública ya venían de muy atrás. Ambos sindicatos se han manifestado en las calles en contra de la no renovación de los 8.000 sanitarios de refuerzo contra la Covid-19, que perdieron su puesto el pasado 31 de octubre. Las líderes de UGT y CCOO en Andalucía consideran “imprescindible” recuperar a esos trabajadores para afrontar el actual “colapso” de los centros de salud, para agilizar las listas de espera y evitar tener que derivar pruebas, diagnósticos y operaciones pendientes a la sanidad privada.
Castilla, además, recuerda que el próximo 31 de enero expira el contrato de los otros 12.000 sanitarios de refuerzo, “que pueden ir a la calle si el Gobierno de Moreno no cambia de rumbo y decide apoyar, de una vez por todas, una sanidad pública fuerte, que dé el servicio que merece a la sociedad andaluza”.
La relación entre el Ejecutivo de Moreno y los sindicatos UGT y CCOO se ha enfriado desde que la Junta aprobó, en connivencia con la patronal y sin pasar por el Parlamento, el decreto ley de simplificación administrativa, que cambió de una tacada 80 leyes. La norma ha suprimido muchos permisos administrativos, hasta ahora obligatorios, para avanzar en la desregulación del mercado, sobre todo en materia urbanística y medio ambiental, pero también en horarios comerciales, industria, educación, formación o vivienda... El presidente de la Junta se negó a negociar este decreto ley en la Cámara, e instó al PSOE a “hablar con el sector productivo y con la patronal” y “explicarles a ellos su rechazo”. Los sindicatos, entonces, le afearon a Moreno que haya impulsado una ley de este calibre sin contar con ellos, y critican que algunas de las medidas desreguladoras van en detrimento del trabajador, de la pequeña empresa y del medio ambiente.
La recta final de la legislatura y la campaña electoral oficiosa en la que están instalados todos los partidos está haciendo mella en los candidatos y resituando las alianzas sociopolíticas. En septiembre de 2019, fue Moreno quien buscó el aval de los sindicatos al modelo económico del PP, después de 37 años de socialismo en el poder. El presidente de la Junta compareció entonces en San Telmo junto a las líderes de CCOO y UGT y el presidente de la patronal para ensalzar el “diálogo social” como uno de sus ejes de gobierno. “Yo no puedo evitar la conflictividad social por decreto. Es fundamental que en Andalucía tengamos paz social para atraer riqueza y generar empleo”, aseguró entonces. López y Castilla replicaron que su obligación era mantener la interlocución con el Gobierno de turno y tratar de llegar a acuerdos.
Aquella imagen reproducía los pactos de concertación social, una mesa de negociación permanente entre Gobierno andaluz y los agentes sociales, que había funcionado durante 20 años en manos de los anteriores gabinetes socialistas. El objetivo, entonces y ahora, consistía en tejer estrategias conjuntas de desarrollo y marcarse compromisos de inversión pública que fomentasen la creación de empleo, la generación de riqueza y la convergencia de la economía andaluza con la media europea.
En 2020, la pandemia mundial desdibujó la hoja de ruta de Moreno. Los decretos ley de simplificación normativa -tres hasta la fecha- se impulsaron sin el consenso de los agentes sociales y sin el debate parlamentario previo. A partir de ahí, Moreno ha seguido adelante “de la mano de los empresarios”, y poco a poco ha perdido ese vínculo inicial con los sindicatos, que en las últimas semanas han endurecido su discurso contra el presidente y sus consejeros. Sobre todo en materia sanitaria.
El pacto por la sanidad de Espadas tiene cinco ejes: una financiación adaptada a las necesidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS), principalmente un plan de equiparación salarial de los sanitarios andaluces con la media por comunidades, un proyecto de estabilización de la plantilla y una mejor definición de la carrera profesional, todo ello “con la participación de los sindicatos”; un plan de refuerzo de la Atención Primaria, a partir de la hoja de ruta planteada en el consejo interterritorial de Salud para 2022-2023.
El candidato socialista a presidente de la Junta reclama una modificación presupuestaria que inyectaría 400 millones más; un plan de atención a la Salud Mental que cubra las carencias actuales; y un diagnóstico de “los fallos del sistema que ha descubierto la pandemia”, que pasaría por “robustecer la red de alerta y los servicios de inspección”, contando con las indicaciones de los ayuntamientos.
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