La creación de una comisión de investigación sobre el fraude de las subvenciones para cursos de formación para el empleo propuesta por Ciudadanos (C's) ha sido aprobada por unanimidad (o casi) en el pleno del Parlamento de Andalucía de este jueves. Ha sido posible después de que el PSOE-A la haya respaldado también, que era la única duda que había porque se barajaba su abstención, toda vez que los demás partidos del arco parlamentario le habían garantizado ya su apoyo.
De este modo, esta propuesta ha cosechado 108 votos a favor, del total de 109 diputados, diferencia que se atribuye a un “error” de uno de los parlamentarios del PSOE-A, que se ha equivocado con el botón. El PSOE-A quiere con esta decisión tener argumentos de cara a una comisión de investigación que no podía evitar (el resto de fuerzas sumaban mayoría absoluta para imponerla) en la línea de su discurso de que no tiene “ningún miedo” a que se indague y busquen responsabilidades políticas. De hecho, no sólo contenta a C's al secundar su propuesta, sino que gana legitimidad para llamar a comparecer a quien desee, incluso a gente que pueda incomodar a los populares.
De hecho, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jimenez, ha asegurado que no descartan pedir la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. “La comisión de investigación en Andalucía debe abrirse con un carácter integral para conocer qué ha ocurrido por parte de todos agentes que han intervenido en la formación, incluido el Gobierno de España”, ha aseverado. Para continuar: “Con lo que se está conociendo en el conjunto de las comunidades autónomas y también en el ministerio, debería constituirse una comisión de investigación en las Cortes Generales sobre los recursos de formación que ha estado manejando en estos años el Gobierno de España y que ahora el Tribunal de Cuentas pone en cuestión”.
Momentos antes de aprobarse esta propuesta, era rechazada una en el mismo sentido presentada por el PP-A, que ha contado con el voto en contra del bloque conformado por el PSOE-A y C's, con la justificación de que los populares no tienen legitimidad para exigir que se busquen responsabilidades políticas en Andalucía y no en otras comunidades autónomas donde gobiernan. Mientras, Podemos e IU han votado a favor en los dos casos.
Sobre la comparecencia de Susana Díaz
Durante el debate y en declaraciones a los periodistas, cada grupo ha ido manifestando su postura en relación a este asunto. “Esta comisión de investigación llegará hasta donde tenga que llegar, y en ella comparecerá toda aquella persona que tenga que aportar información para esclarecer lo sucedido”, ha subrayado el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, preguntado una vez más sobre si quieren que se llame a la presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, cuya investidura permitió su partido. Es ésta la obsesión del PP-A, que considera que es clave, pero que ni el PSOE-A, que sólo ve aquí un interés por desgastar la imagen de su líder, ni C's ven oportuna.
Carlos Rojas (PP-A), quien ha recordado que ésta era la cuarta que propuesta en este sentido que presentaba su grupo, ha dicho que ellos sí tienen “coherencia” y por eso les da igual quién proponga, de manera que han votado a favor de la propuesta de C's. “Es idéntica a la nuestra”, ha remarcado. También ha insistido en que se trata del “fraude de dinero público más grave de este país”, elevándolo a 3.000 millones de euros. En este sentido, el PP-A sigue jugando a poner en duda todos los fondos de formación, independientemente de que no se haya cerrado todavía la investigación en los tribunales de cuánto asciende la cantidad que se ha defraudado.
Desde el PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro ha insistido en que la Junta de Andalucía ha dado “todas las explicaciones” en el Parlamento de Andalucía con comparecencias periódicas de los consejeros del ramo en relación a estas subvenciones. “No vamos a consentir que nadie se lleve por delante la imagen y credibilidad del Gobierno de Andalucía (...) obviando la labor de los que trabajan por la formación para el empleo”, ha continuado.
Mientras, Teresa Rodríguez (Podemos) ha reiterado que “la corrupción en Andalucía no es un problema de cuatro golfos o de manzanas podridas, sino un lastre para su desarrollo”, que ha vinculado con el modelo productivo a su juicio “erróneo” de tres década del PSOE-A en el poder: subvenciones a gran escala y pequeñas “con ausencia de control y con un fin electoralista”.
Finalmente, el portavoz parlamentario de IU, Antonio Maíllo, ha pedido que “no se haga de esto una tragedia” porque las comisiones de investigación “son una herramienta de control parlamentaria que se deben normalizar”, sin que eso suponga convertir la cámara en un juzgado de instrucción. “Se trata de estudiar minuciosamente lo sucedido para extraer y señalar responsabilidades políticas”, ha recordado.
Será la décima comisión de investigación que se cree en toda la historia del Parlamento de Andalucía y está previsto que se constituya a finales de septiembre. Su presidencia, para la que tendrán que ponerse de acuerdo los grupos en su constitución, corresponderá casi con toda seguridad a C's, dado que el PSOE-A apoyará la propuesta de que sea el diputado Julio Díaz, miembro de la Mesa de la Cámara, y los dos partidos suman mayoría absoluta. Eso se votará cuando se constituya.