El caso de los ERE fraudulentos deja ya once imputados enviados a prisión desde que se iniciara la investigación hace ya más de dos años. La jueza Alaya ha decretado en la noche de este martes prisión preventiva, eludible bajo fianza de 600.000 euros, para José González Mata, responsable de la mediadora Uniter, por la presunta comisión de ocho delitos. Asimismo, Alaya ha designado como administrador judicial de Uniter al Consorcio de Compensación de Seguros.
González Mata se une pues a las cuatro personas que siguen actualmente en la cárcel por su presunta participación en la trama que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción y el PP, una de las acusaciones particulares, solicitaron medida de privación de libertad incondicional, comunicada y sin fianza al advertir suficientes indicios criminales que la motivaban, así como unos 236 millones en concepto de responsabilidad civil, suma de todas las primas de las pólizas más el tercio legal.
Por su parte, la Junta de Andalucía pidió la comparecencia periódica en el juzgado para el imputado, una petición a la que se adhirió el sindicato UGT, la tercera acusación presente en la 'vistilla'.
José González Mata, dueño de una de las empresas intermediarias que obtuvo un enriquecimiento presuntamente ilícito en la gestión de los ERE, está imputado por tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, contra la hacienda pública, malversación y blanqueo de capitales. A las 22.35 horas entraba en el furgón policial camino de la cárcel.
Este martes cumplía su segundo día de declaración como imputado, sumando un total de unas 12 horas contestando las preguntas de la jueza y también las del fiscal, las acusaciones y, en última instancia, su defensa. Tras la comparecencia de medidas cautelares, donde las partes argumentaron su posición respecto a la situación del dueño de Uniter, Alaya decidió enviarle a prisión en un auto dictado sobre las 22 h.
El abogado del imputado se opuso a la petición de prisión ya que entendía que no existe riesgo de fuga ni posible alteración de pruebas, destacando que “la justicia deja de ser justicia cuando deja de ser igual para todos”. El propia imputado, minutos antes de conocer la decisión de la jueza, confesaba ante una decena de periodistas que afrontaba su futuro inminente “con la paz y la verdad”.
González Mata, durante su larga declaración, ha citado este martes hasta a siete altos cargos de la Junta (los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, otros dos exdirectores de Trabajo, los actuales consejeros de Hacienda e Economía, y el viceconsejero de Economía) como intervinientes en la formalización o autorización de determinadas pólizas, aspecto desmentido rotundamente por la Consejería en una nota al menos en lo relativo a los actuales números 1 y 2 de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
La Guardia Civil, y desde ayer la instructora, aluden en el caso de los ERE a un desvío de unos 50 millones de euros de fondos públicos en el supuesto cobro de comisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Once envíos a prisión
Entre los encarcelados por la jueza en el marco del caso de los ERE destaca el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), Francisco Javier Guerrero, que ha sido el único que ha salido y entrado dos veces de prisión, en ambas ocasiones delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil.
Juan Lanzas, supuesto conseguidor de los ERE fraudulentos, habría intermediado también entre los sindicatos y la Administración andaluza. Lanzas trabajó en el Estudio Jurídicos Villasís, cuyo responsable, el abogado Carlos Leal, tiene aún pendiente su declaración tras ser detenido en el marco de la Operación Heracles de la Guardia Civil del pasado 20 de marzo.
La investigación del caso se está centrando estos meses en los intermediarios de los ERE y en el “verdadero negocio” en que se había convertido el sistema de ayudas, como dice la juez instructora en uno de sus autos. Las mediadoras “corrompían” a cargos públicos y los sindicatos buscaban “nuevas empresas en situación de crisis para incrementar” dicho sistema.
En el caso de la mediadora Vitalia, la juez envió a prisión al que fuera director entre 1995 y 2011, Antonio Albarracín, que ha salido de prisión recientemente tras abonar 600.000 euros de fianza.
Otros dos exdirectivos de Vitalia, Eduardo Pascual (excoordinador) y María Vaqué (exdirectora general y administradora), también están en prisión provisional. A Vaqué se le ha concedido la libertad bajo fianza de 600.000 euros, aunque no la ha abonado.
Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, pagó una fianza de 50.000 euros para salir de prisión, donde apenas estuvo unas semanas. Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las “empresas pantalla”, no ha podido hacer frente a la fianza de 50.000 euros. Leal del Real sería el administrador único de dos empresas de mensajería con información financiera relacionada con la mediadora Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís.
Por su parte, Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Javier Guerrero, estuvo en la cárcel entre marzo y octubre de 2012. Asimismo, quedó en libertad sin fianza otro presunto testaferro de los ERE, Juan Francisco Algarín, quien estuvo en prisión entre enero y marzo de 2013.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández también estuvo en la cárcel por esta causa entre abril y agosto de 2012, que pudo abandonar tras pagar 450.000 euros de fianza.