Los nueve rectores de las universidades públicas andaluzas han advertido de que recurrirán a los tribunales en caso de que la Junta de Andalucía no abone los 50 millones de euros que les “adeuda” este 2024. Tras las protestas sindicales de la última semana, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha convocado una rueda de prensa para manifestar la preocupación “unánime” de los agentes que conforman el sistema universitario público andaluz ante “los graves incumplimientos” por parte del Gobierno autonómico en materia de financiación.
Respaldado por todos los rectores de la pública (a excepción de la Universidad Internacional de Andalucía–UNIA), el presidente de AUPA, Francisco Oliva, ha aseverado que “vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para exigir que se cumpla la legislación andaluza y los acuerdos firmados por parte de la Consejería de Universidad durante este mismo año sin descartar ningún tipo de acción”, en alusión a las “vías legales” que tienen a su alcance.
“Lo contrario sería asumir un recorte unilateral de la financiación de la universidad pública por un valor de casi 25 millones de euros al año en conceptos de financiación estructural para las universidades”, ha señalado el también rector de la Pablo de Olavide, quien ha recordado que a esa cifra –correspondiente al cumplimiento íntegro del modelo de financiación aprobado en septiembre de 2023 por el Consejo de Gobierno– hay que sumar otros 25 millones relativos a complementos retributivos para el personal que trabaja en las universidades, firmado por el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, en la mesa de negociación hace seis meses. De ahí los 50 millones que reclaman las universidades públicas a escasos días de que expire el año.
La denuncia pública de los “incumplimientos” en materia de financiación universitaria ha tenido lugar 24 horas antes de que se celebre el debate del estado de la comunidad donde el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, tiene que rendir cuentas ante el Parlamento andaluz por la gestión de su gobierno durante el último ejercicio.
Precisamente, dada la “urgencia que hay para resolver esta situación antes de que finalice el año”, los representantes de las universidades públicas andaluzas se han dirigido al presidente andaluz para pedirle expresamente su “implicación personal” a la hora de “hacer cumplir el modelo de financiación vigente y lo acordado entre la Consejería de Universidad, las organizaciones sindicales y las universidades públicas”.
Tras las reclamaciones de las instituciones universitarias y de los sindicatos, el departamento que dirige Villamandos ha propuesto a los rectores una transferencia de 21 millones de euros. Una solución que los responsables de las instituciones universitarias tildan de “insuficiente” y rechazan porque “no satisfacen” sus reivindicaciones.
En primer lugar, porque, desde un punto de vista cuantitativo, “está lejos de cumplir con lo pactado, pues faltarían aún más de 24 millones de euros de los casi 50 que se nos adeudan ahora mismo para cumplir con el modelo de financiación y los acuerdos de la mesa de negociación”. Y segundo –ha abundado el portavoz de AUPA– porque la Junta ofrece así un pago “no consolidable”, es decir, “que no se incorpora inmediatamente en la envolvente financiera del sistema universitario andaluz, por lo que resulta inútil a efectos de cumplir cualquiera de los acuerdos” que están pendientes de cumplirse.
En otras palabras, con esos 21 millones solo podrán pagar los complementos retributivos este año 2024, pero no en años sucesivos, ya que esa cantidad no figura en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025. Por esa razón, los rectores consideran que “no es razonable ni aconsejable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras para siempre, con una financiación que tiene como fecha de caducidad diciembre de 2024”, como ha esgrimido el presidente de las universidades públicas durante su comparecencia en la sede de la Hispalense.
“Las cantidades que nos adeudada la Consejería son, por definición, consolidables”, ha reivindicado Oliva, contando con el asentimiento del resto de rectores de las universidades públicas de todas las provincias que se han trasladado este martes a Sevilla. Consolidable quiere decir que han de ingresarse “anualmente y de forma recurrente como envolvente financiera del sistema universitario para responder a todos nuestros gastos estructurales”. De ahí que concluyan que “la solución propuesta por la Consejería no sirve para cumplir con las normas aprobadas por el propio Gobierno andaluz, ni con los acuerdos firmados”.
Los 50 millones que reclaman los rectores de la pública responden a la suma de dos importes a los que se comprometió la Consejería con su firma hace meses. Por un lado, el 19 de septiembre de 2023, el Gobierno autonómico aprobó el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo 2023-2027. Este marco de financiación, publicado en el BOJA días después, recogía una partida de nivelación (para corregir desigualdades entre universidades y garantizar una calidad homogénea en el sistema universitario) y una cláusula de salvaguarda (destinada a asegurar la estabilidad financiera del sistema, cubriendo los aumentos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan).
A la Consejería de Universidad le falta por transferir al sistema público universitario cerca de 25 millones de euros para cumplir íntegramente con ese modelo de financiación aprobado. Así lo reconoció la propia Junta de Andalucía durante un Consejo Andaluz de Universidades celebrado el 22 de mayo, que se saldó con el compromiso firmado de elevar el reparto presupuestario abonado hasta ese momento, sumando los 16, 8 millones de euros correspondientes a la partida de nivelación, y los 7,5 millones derivados de la cláusula de salvaguarda (a cuenta del 0,5% de subida salarial relativo a 2023). En conjunto, cerca de 25 millones.
La otra mitad de esos 50 millones que se demandan responden (20 millones) a los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) y (5,9 millones) a la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). Gastos adicionales de financiación de las universidades públicas que el consejero del ramo se comprometió a cubrir en un acuerdo firmado el 25 de junio por todas las partes de la mesa de negociación (Consejería, rectores y sindicatos).
Horas después de la comparecencia de los rectores, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha dicho no entender “las reivindicaciones injustas de las universidades” en relación con los recursos financieros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también consejera de Hacienda ha defendido que el Gobierno de Moreno “ha transferido más financiación que nunca” a las universidades públicas. Y ha señalado como muestra el crédito extraordinario de 48,5 millones de euros concedido hace unas semanas a la Universidad de Málaga para salvarla de una crisis “sin precedentes”.
España también se ha referido a los 21 millones de euros “adicionales” que el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, ha confirmado que el próximo jueves se les inyectará a las universidades públicas andaluzas “para que hagan frente al pago de los complementos”.
Aunque las universidades públicas han valorado que “se esté avanzando” y que “se comienzan a buscar y aportar soluciones” desde la administración autonómica, sí que han insistido en que lo ofrecido está “todavía lejos de que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones con las universidades públicas” a escasos quince días de que finalice el año.
En ese punto, el rector de la Pablo de Olavide ha advertido de que esos “graves incumplimientos” de los acuerdos firmados por parte de la Junta “ponen en peligro la propia sostenibilidad financiera” de las universidades públicas. Tanto es así que los responsables de las instituciones académicas alertan de que la ausencia de esos 50 millones “podría tener consecuencias muy negativas para nuestras cuentas, nuestras plantillas y nuestras políticas de personal”.
Con independencia del calendario de movilizaciones de los sindicatos, que contempla una huelga general para el próximo viernes 13, los rectores de las universidades públicas andaluzas tienen ahora sus esperanzas puestas en el próximo jueves, fecha en la que se ha convocado la comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) donde “esperamos y deseamos poder llegar a un acuerdo en el que se hagan realidad estas dos demandas, que se resumen en cumplir con el modelo de financiación y cumplir con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación”. “No pedimos nada más, y nada menos”, ha defendido Oliva en nombre del sistema universitario público andaluz.
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