Visto para sentencia el juicio a la antigua cúpula de UGT-A por el presunto fraude de ayudas públicas

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio promovido contra la antigua cúpula de UGT-A por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil, supuestamente cometidos en la gestión de subvenciones autonómicas por valor de más de 40 millones de euros.

La vista del juicio oral comenzó en enero. Los principales acusados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto cree que pesan “indicios sobrados” de que los antiguos responsables de UGT-A encausados implantaron “un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración” andaluza, con un concierto con determinados proveedores para que los mismos generasen facturas para cargar las mismas a las subvenciones para cursos de formación por “conceptos que no respondían” a la realidad.

Según ha detallado en sus conclusiones finales, existía un “bote” de dinero para los “fines propios” de los encausados, engrosado con las “diferencias” a su favor entre las facturas cargadas a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, por conceptos “genéricos” o supuestamente ajenos a la realidad; y los servicios verdaderamente prestados por los proveedores emisores de tales recibos.

El fiscal pide que cada uno de los acusados de la cúpula del sindicato sea condenado a siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros. Además, solicita que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros --que es la cantidad supuestamente defraudada-- a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago adicional de 4,2 millones de euros.

El Ministerio Público también ha ratificado su petición de tres años de prisión y multas de 3.650 euros respecto a la decena de empresarios acusados, antiguos proveedores de UGT, con petición del pago de indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón de euros; salvo en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena, pues con relación ha ellos ha retirado su acusación.

El testimonio de Roberto Macías

El fiscal ha subrayado el peso del testimonio del extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, “información reservada y sensible” de la trama ahora sometida a este juicio. Macías declaró en el juicio que el sindicato orquestó el sistema de “facturas fraudulentas o falsas” con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un “bote” o “fondo de reptiles” con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

También ha recordado el fiscal los “relevantes testimonios” del contable de UGT-A Francisco Mateos, quien manifestó que él conocía la existencia del citado “bote”, encuadrándolo en el departamento de Compras del sindicato; y que el sindicato trabajaba con facturas presentadas por los proveedores por bienes o servicios que “todavía” no habían sido “servidos”; porque “la facturación iba por un sitio y las entregas por otro”.

Igualmente, ha recordado la declaración del empleado del área de Justificación de gastos de UGT-A José Miguel Galeano, quien concretaba que el mencionado “bote” era gestionado por los acusados Fresneda y Charpín, a quienes describió como “responsables de la organización” del sindicato.

Según el fiscal, durante el juicio han recaído “indicios poderosos” de que estos “instrumentos” de “bote” y descuentos (de los que no se informaba a la Junta) fueron “usados de manera genérica” por responsables de UGT-A y no sólo para las ayudas autonómicas para los cursos de formación. Esta mecánica se habría convertido en “transversal” y “genérica” y habría sido utilizada para “más fondos” cosechados por UGT-A, que hizo de este sistema “su forma de ser”.

La “traca” del asunto, según sus palabras, fue la creación a “propuesta” de Charpín del programa digital “Spyro” para la gestión expresa del citado “bote”, dado el “volumen” de dinero manejado, un software pagado además con cargo a las propias ayudas autonómicas para formación.

El papel de los acusados

Fernández Sevilla aseguró en su comparecencia en juicio que confiaba en su equipo y que la Junta daba su “OK” a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas. Según dijo, el “bote” era un mecanismo de “funcionamiento interno” para las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas. El fiscal cree que “controlaba” todo lo que sucedía y firmó “justificaciones falsas” del gasto de las ayudas.

Respecto a Federico Fresneda, Fiscalía le achaca también un papel de “control” de las actividades descritas; lo mismo que a Charpín, a la que atribuye la propuesta del programa “Spyro” y el “conocimiento” de todo este sistema. Dolores Sánchez habría sido también partícipe “directa e indirecta” y Goicoechea habría colaborado en los “alquileres ficticios” cargados a las ayudas mediante Soralpe, ente “instrumental” de UGT-A y al que el sindicato cedió locales para los mencionados cursos de formación subvencionados por la Junta.