Vox ha convocado a los medios de comunicación esta mañana ante la puerta del registro del Parlamento andaluz, una hora y media antes de que expirase el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2023. Pero lo ha hecho para anunciar que no presentan enmienda.
Las primeras cuentas del Gobierno en solitario de Juan Manuel Moreno en esta legislatura se enfrentarán la semana que viene a un debate de totalidad impulsado por sus tres rivales de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, pero no del partido que ha condicionado la política presupuestaria de la Junta durante los últimos cuatro años.
Las cuentas saldrán adelante en cualquier caso, porque el PP disfruta de una holgada mayoría absoluta, pero la decisión que ha adoptado hoy Vox deja entrever que también contarán con el respaldo incondicionado de sus diputados.
El grupo ultraderechista ha aflojado las tuercas al Gobierno de Moreno cuando en realidad ya no aprieta nada. Su política en el Parlamento andaluz, desde que comenzó la legislatura, hay que leerla en clave electoral con la vista puesta en las generales de 2023. Los de Santiago Abascal son irrelevantes en la Cámara andaluza, pero podrían volver a serlo si el resultado de las generales alumbra un Gobierno de coalición PP-Vox, como vislumbran algunas encuestas.
Si la ultraderecha tiene capacidad para influir en el PP a escala estatal, volverá a tenerla en Andalucía, toda vez que Abascal siempre ha entendido los parlamentos autonómicos como el patio trasero de su estrategia nacional. Es el análisis que extraen algunas fuentes en el Palacio de San Telmo, que perciben a un Vox “menos combativo” y “más condescendiente” con el presidente.
De hecho, algunas de las iniciativas que han registrado en la Cámara tienen una indisimulada estrategia nacional, van más dirigidas a comprometer la palabra de Alberto Núñez Feijóo que de Moreno, como ha ocurrido con la proposición para derogar la Ley andaluza de Memoria Histórica.
Tres enmiendas, dos fantasma y una real
Este viernes, el grupo ultraderechista ha repetido su estrategia de jugar al gato y al ratón con la prensa, al citarles a las puertas del registro de la Cámara -donde el resto de grupos y ellos mismos en el pasado presentaron sus enmiendas al Presupuesto, sin desvelar hasta el último minuto cuál era su intención.
En 2019, Vox registró una enmienda a la totalidad al primer proyecto de Presupuestos del nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos, que se debatía en junio, pero su portavoz, el diputado Alejandro Hernández, anunció su retirada desde la misma tribuna durante el debate de totalidad. El partido de Santiago Abascal, con 12 diputados, fue clave para investir presidente a Moreno y lo sería para dar estabilidad a su Gobierno durante toda la legislatura.
Aquella fue la primera vez que la ultraderecha hizo valer sus votos en el debate presupuestario a cambio de contrapartidas que negoció con el PP para avivar sus batallas culturales (rechazo a las políticas de igualdad de género, a la ley de Memoria, criminalización de los menores migrantes...). Ese mismo año, tres meses después, apoyaría también los Presupuestos de 2020 sin presentar enmienda a la totalidad, porque el acuerdo político firmado con los populares aún estaba “reciente”.
Pero en 2020, en plena pandemia mundial y con el Parlamento a medio gas, Vox volvió a presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Presupuestos de 2021, y volvió a retirarla. Esta vez no esperó al último minuto. Esta vez, también, Ciudadanos se sentó a negociar con Vox y co el PP y se difundió la primera foto con los responsables de las tres derechas validando el acuerdo presupuestario. Los populares, en paralelo, sí firmaron otro documento de compromisos políticos con la ultraderecha.
En 2021, finalmente, los de Abascal repitieron la jugada, pero esta vez consumaron su amenaza y llevaron a término la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos para 2022. Con el rechazo de los 12 diputados ultraderechistas y el no en bloque de las fuerzas de izquierdas, las cuentas del Gobierno de Moreno decayeron en noviembre de 2021 y se activó la cuenta atrás para el adelanto de las elecciones andaluzas, que no tocaban hasta finales de 2022.
El presidente andaluz aún aguantaría con un Presupuesto prorrogado hasta abril, cuando decidió disolver la Cámara y convocar el 19 de junio de aquel año. En esos cinco meses, la oposición no tumbó ninguna de las leyes y proyectos significativos que la Junta envió a la Cámara -no hubo el “bloqueo parlamentario” al que aludía el presidente para adelantar los comicios-, pero Moreno se sirvió de ese tiempo para remachar diariamente una consigna que terminó calando: “Al tumbar el Presupuesto de 2022, aún con el impacto de la pandemia, Vox ha demostrado que antepone sus intereses de partido al de los andaluces”.
De las urnas salió un PP con una mayoría absoluta aplastante (58 diputados), libre de ataduras internas (Ciudadanos pasó de 21 a cero diputados) y de condicionantes externos. Vox y su candidata Macarena Olona, referente nacional del partido, aumentaron de 12 a 14 escaños, un resultado que a posteriori se ha reconocido abiertamente como un “rotundo fracaso”.
Un presupuesto “muy diferente” al de 2022
Las expectativas de los de Abascal pasaban de forma irrenunciable por formar un Gobierno de coalición con el PP en Andalucía, como meses antes habían logrado en Castilla y León. Pero Moreno logró ensanchar su base electoral absorbiendo todos los apoyos de Ciudadanos -luego terminaría reclutando a la práctica totalidad de sus dirigentes-, arañando espacio al PSOE y, sobre todo, ambicionando una “mayoría suficiente” que, en clave eufemística, significaba poder gobernar sin Vox. Esto es: lograr una mayoría absoluta o cercana a esos 55 diputados.
Justo un año después de haber presentado aquella enmienda a la totalidad que tumbó los Presupuestos de 2022 y precipitó el adelanto electoral, Vox ha entendido que las nuevas cuentas del Ejecutivo de Moreno no son tan malas como aquellas. Así lo ha explicado el portavoz del grupo, Manuel Gavira, a las puertas del registro del Parlamento en el que no han necesitado entrar. “No nos gustan. Estos no son los Presupuestos que necesita Andalucía, pero podemos mejorarlo con innumerables enmiendas. Todavía es arreglable la situación”, ha dicho.
Gavira sostiene que no han mantenido con el PP más negociación que la que el Gobierno andaluz ha ofrecido al resto de grupos parlamentarios: una primera reunión en Hacienda, con el equipo de la consejera Carolina España, y otra la semana pasada con el titular de Presidencia, Antonio Sanz, y de nuevo los responsables de diseñar las cuentas para 2023. “Nos ha servido para aclarar nuestras dudas, sobre todo en cuanto al destino de los fondos europeos”, advierte.
El portavoz de Vox ha defendido que el proyecto de Presupuestos del año que viene, que no han enmendado, es “muy diferente” al que la Junta presentó para 2022, que sí fue enmendado. “De entrada, el del año pasado fue pactado con el PSOE”, ha dicho Gavira, tras recordar que el presidente Moreno se avino a extraer su primera rebaja fiscal del proyecto presupuestario para facilitar la negociación con los socialistas, que se habían mostrado dispuestos a abstenerse. El grupo ultraderechista también ha recordado “los incumplimientos” del PP con los acuerdos que firmaron juntos, precisamente a cambio de sus votos a los Presupuestos de 2019 y 2021.
El Consejo de Gobierno andaluz ha remitido al Parlamento para su tramitación el proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2023, los primeros de esta legislatura, dotados con una cifra récord de 45.603,8 millones de euros, un 12,9% respecto a la cuentas prorrogadas en 2022 (5.199,6 millones más). El gasto no financiero asciende a 40.007 millones (5.751,9 millones más).
Como ocurrió con el ejercicio 2022 -con un Presupuesto prorrogado por falta de apoyos parlamentarios-, las cuentas de este año están dopadas por una cuantía abultada de fondos europeo: 5.489,4 millones de euros. En torno al 58% del aumento presupuestario deviene íntegramente de las ayudas de Bruselas -alrededor de 3.000 millones-, que la Junta destina casi en su totalidad a la inversión pública.