Vox salva el Presupuesto andaluz de PP y Cs metiendo sus medidas sobre “violencia intrafamiliar” e “inmigración irregular”
Los primeros Presupuestos del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos han superado este miércoles el debate a la totalidad en el Parlamento, después de que Vox retirase en el último minuto su enmienda con propuesta de devolución. La formación de extrema derecha ha mantenido en vilo al Ejecutivo hasta su último turno de intervención en el debate -casi cuatro horas después del inicio-, cuando el portavoz del grupo, Alejandro Hernández, ha confirmado un acuerdo extraordinario con la Junta para modificar algunas partidas presupuestarias e introducir medidas muy significativas sobre “violencia intrafamiliar” e “inmigración irregular”, dos términos acuñados por la extrema derecha.
“Hemos llegado a puntos de encuentro. Una vez el consejero de Hacienda ratifique en su réplica el acuerdo esbozado ayer, me pronunciaré sobre la eventual retirada de la enmienda a la totalidad. No sufran”, anunció Hernández, seguido del murmullo de la Cámara. La negociación ha tenido lugar entre Sevilla y Madrid, con el visto bueno final de la dirección de Santiago Abascal. Una vez que Vox ha retirado el veto al Presupuesto, el proyecto de ley sigue su tramitación parlamentaria y los cambios pactados entre PP, Cs y Vox se plasmarán ya en la fase de enmiendas parciales, previa a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2019 el próximo 18 de julio.
En el acuerdo extraordinario pactado entre la Junta y el partido de extrema derecha, que se firmará este jueves, han participado el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), pero también el titular de Economía, Rogelio Velasco (independiente, elegido por Ciudadanos) y otros miembros del Consejo de Gobierno. El pacto incluye 34 puntos que exigen seguir auditando y eliminando agencias públicas de la llamada “administración paralela” y replantear el gasto de Memoria Histórica, pero no concreta cifras. Los populares aceptan “reprogramar” el gasto consignado a las políticas memorialistas en el Presupuesto de 2019 -1,6 millones de euros- para que el dinero vaya “estrictamente para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización de fosas, y banco de ADN”. En realidad, la mayor parte ya va destinado a estos objetivos. La modificación afectará, por tanto, a las subvenciones a asociaciones memorialistas y se retirarán aquellas en las que “más de un 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación”.
El documento compromete al Gobierno andaluz a incluir dos conceptos del lenguaje político de Vox que, “por primera vez, estarán recogidos en un Presupuesto andaluz”, subrayó Hernández: “inmigración irregular” y “violencia intrafamiliar”. El acuerdo habla de firmar un convenio con la Policía y la Guardia Civil para crear un órgano ad hoc que colabore para “combatir la inmigración irregular” [Vox inició las negociaciones en Andalucía planteando la “deportación de 52.000 inmigrantes sin papeles”]. Además se creará, en el Presupuesto de 2020, un teléfono gratuito de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar, “una idea tabú que por primera vez entra en la terminología presupuestaria”. PP y Cs asumen así este concepto que la extrema derecha usa en sustitución de “violencia de género o violencia machista”.
Los populares intentaron explicar que el concepto violencia de género no desaparece, sino que convivirá con el de violencia intrafamiliar, que ahora tendrá una partida presupuestaria exclusiva. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que el concepto violencia intrafamiliar “no sustituirá” al de violencia machista. Sin embargo, el punto dos del acuerdo sí recoge una sustitución concreta: en la documentación cualitativa de los Presupuestos para 2020, sustituirán el concepto actualmente empleado de “Transversalidad de Género”, por el “Principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”, como mecanismo integrador de las diferentes opiniones e ideologías en la materia.
El documento también recoge un servicio de atención a mujeres embarazadas que se encuentren con dificultades económicas, con objeto de reducir las tasas de aborto, “en apuesta con nuestro compromiso con la vida”, dijo Hernández. Se trataría de un programa a través de un “concierto social o concurso público que permita seleccionar una o varias asociaciones sin fines de lucro, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres, ofreciendo la totalidad de las alternativas disponibles a la mujer embarazada, de forma respetuosa con su decisión final”.
Incertidumbre y emoción
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha salvado su mayor trance político en los cinco meses de legislatura. Pero se ha salvado mucho más: se ha salvado, tras duras negociaciones entre Sevilla y Madrid, la fórmula del llamado pacto a la andaluza: un Gobierno de coalición de PP y Cs, sustentado desde fuera por Vox. Un modelo que los populares y los naranjas han intentado exportar a cuatro parlamentos autonómicos y 20 grandes ayuntamientos, donde la aritmética de las tres fuerzas conservadoras era posible. La fórmula andaluza se exportará con variaciones, porque el partido de Abascal ha exigido entrar en otros gobiernos.
Detrás de todo este frenético episodio, queda la demostración de poder que ejerce Vox en un Gobierno de coalición del que no forma parte. El partido de Abascal ha dramatizado la sesión plenaria, manteniendo el misterio, alargando la agonía del Presupuesto, incluso narrando en directo los esfuerzos del PP por amoldarse a “sus exigencias”. Un escenario esquizofrénico de dirigentes de PP y Cs con caras de preocupación, presidente y vicepresidente encogiéndose de hombros, sin la certeza absoluta de qué haría su aliado de investidura. “Le quitaría incertidumbre y emoción”, respondió el líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, cuando una nube de periodistas le preguntó, cuando entraba en el hemiciclo, si mantendría su enmienda.
“Queremos suprimir esta institución”
Incluso en pleno debate, mientras intervenía el consejero de Hacienda, Vox difundía unas imágenes del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, sentado en la bancada de su grupo y negociando con su portavoz, acompañada de esta frase: “El Gobierno andaluz continúa valorando (en pleno debate) las exigencias de Vox para retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos”. El portavoz de Vox no ha despejado las dudas en su primer turno, sino en el segundo. Pero en la presentación, ha recordado cuál es el objetivo político de su partido: “Debemos recordar por qué estamos aquí. Sí, queremos suprimir esta institución [por el Parlamento autonómico] a medio plazo”, sentencia.
Al dilatar al máximo la agonía del Presupuesto andaluz, el partido de Abascal se ha convertido, con sus 12 diputados, en el eje de la política autonómica. La incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno de PP y Cs se ha alargado toda una semana. Especialmente tensas han sido las últimas 24 horas previas al debate de totalidad, con carreras de diputados por el Parlamento, reuniones a puerta cerrada, viajes de urgencia a Madrid, y los portavoces de PP, Cs y Vox desconvocando sus ruedas de prensa, mientras se agigantaba el nerviosismo y la tensión. En juego, unos Presupuestos de 36.500 millones de euros.
El PP ha pilotado la negociación con la extrema derecha en dos escenarios interconectados: en Sevilla y en Madrid. Bendodo tuvo que viajar hasta la capital para reunirse con el equipo de Abascal, donde se negociaban los pactos del Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid. El acuerdo para salvar los Presupuestos parecía cerrado cuando arrancó el debate, a las 16.00 horas, pero el presidente Moreno y el vicepresidente y líder de Cs, Juan Marín, entraron en el hemiciclo sin resolver la incertidumbre. El anuncio estaba reservado a Vox.
El debate tuvo lugar en ausencia de la líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, a quienes los populares reprocharon que no siguiera la intervención del consejero de Hacienda desde su escaño. La enmienda a la totalidad del PSOE fue defendida por el portavoz Mario Jiménez, que se quejó de las “enmiendas de quita y pon” de Vox. Jiménez afeó a los socios de Gobierno su alianza con la extrema derecha y se quejó de que las cuentas autonómicas dependan “de los pactos de Madrid”. “Si el PSOE aún gobernase, Andalucía no sería moneda de cambio”, dijo el portavoz. La enmienda de Adelante Andalucía fue defendida por el diputado Guzmán Ahumada, que ahondó más en los números y criticó el “enfoque neoconservador” del sudoku de ingresos y gastos de PP y Cs.
36.500 millones de euros
La ley de Presupuestos es la ley más importante que el Gobierno andaluz lleva al Parlamento. Es la ley que traduce en grandes cifras las políticas del Ejecutivo, contienen las estrategias para combatir la principal lacra que sufre esta región -una tasa de paro del 21%, diez puntos por encima de Madrid y Cataluña, según el primer trimestre de la EPA- y los compromisos de gasto en sanidad, educación y dependencia.
Las cuentas de 2019 alcanzarán una cifra récord de 36.495 millones de euros -un 5% más que en 2018-, aunque tendrán una vigencia y un periodo de ejecución muy limitado (apenas 6 meses). El Presupuesto aumenta casi tres décimas por encima del crecimiento previsto de la economía regional (2,3% del PIB), según Analistas Económicos. El incremento respecto a las cuentas prorrogadas de 2018 alcanza los 1.736 millones de euros, de los que 1.000 millones representan gasto no financiero para políticas sociales. La mitad de esa partida va dirigida a pagar la subida salarial de los funcionarios pactada por el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos, y que beneficiará a los 276.000 empleados públicos de la Junta.
El aumento del gasto social, desglosado, supone 758 millones más para sanidad (un 7,9% más); 256 millones más para educación (3,5%) y 115 millones más para políticas de conciliación, igualdad y familia (5% más), de los que 47 millones más irán para dependencia, que alcanzará los 88 millones. En cambio, se recorta un 15,3% la partida dedicada a políticas para la creación de empleo. Las cuentas prevén la creación de 60.000 puestos de trabajo a final de año, lejos de los 600.000 prometidos por Moreno Bonilla en la pasada campaña electoral.
La Consejería de Hacienda deposita toda su confianza en la buenas perspectivas de crecimiento de la economía andaluza -por encima de la media-, el optimismo de los indicadores macroeconómicos (FMI, OCDE, Banco Mundial) y la tendencia al alza de la EPA: 15.000 ocupados más en Andalucía y más afiliaciones a la Seguridad Social, según la última encuesta.
