A una semana del 8 de marzo -Día internacional de las Mujeres y segunda huelga convocada por el movimiento feminista-, las políticas de lucha contra la violencia machista se han convertido en el principal campo de batalla entre el actual Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos y sus predecesores, los socialistas. La paradoja es que hace sólo cinco meses estos tres partidos votaron juntos la Ley contra la Violencia de Género, aprobada al final de la pasada legislatura con el apoyo de todos los grupos, excepto IU; votaron juntos la reforma de la Ley andaluza de Igualdad entre hombres y mujeres, y suscribieron juntos un Pacto de Estado de Violencia de Género. Ahora, sin embargo, unos y otros se acusan de pervertir los principios que sustentaron aquel gran acuerdo entre las derechas y las izquierdas. La chispa que ha roto ese consenso político en sólo un mes la ha encendido Vox, una fuerza nueva con 12 diputados en el Parlamento, que sustenta al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
La formación ultraderechista de Santiago Abascal ha desatado en los últimos días una tremenda controversia, después de que el presidente de su grupo, Francisco Serrano, reclamara por escrito al Parlamento “una lista detallada con los nombres y apellidos” de los funcionarios de la Junta que evalúan los casos de violencia de género. Vox quiere esos datos personales para “depurar los informes ideológicos que”, según ellos, elaboran los empleados de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a la Oficina Judicial de la Junta. “Esos trabajadores son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria del género”, dice el partido de Abascal.
La secretaria general del PSOE andaluz y líder de la oposición, Susana Díaz, acusó al Gobierno de PP y Cs de “blanquear” a una formación de “extrema derecha que hace listas negras de funcionarios, purgas de trabajadores para que se sientan amedrentados”. La propuesta de Serrano ha indignado y movilizado a la izquierda y, paradójicamente, ha facilitado a los socialistas su primera herramienta de oposición efectiva. Los populares y la formación naranja han rechazado la iniciativa de Vox, pero la respuesta del Ejecutivo andaluz ha sido tibia. Su reacción más contundente, sin embargo, llegó dos días después cuando entregaron a la prensa unos datos oficiales que corroboran que el anterior Gobierno socialista dejó sin gastar más del 70% de una partida presupuestaria concreta (31T) destinada a la lucha contra la violencia de género. En los Presupuestos autonómicos de 2016, 2017 y 2018, “se evidencia que la suma de los créditos iniciales del programa 31T de Protección contra la Violencia de Género y Asistencia a Víctimas es de 12,6 millones de euros aproximadamente, de las que al final del periodo han sido ejecutados 3,2 millones”, explican desde la Consejería de Hacienda, con datos del sistema de contabilidad interno de la Junta. Lo gastado, esos 3,2 millones, corresponden al capítulo 1 (personal) y 3 (gasto corriente).
Se trata de una partida concreta del área de responsabilidad de la ex consejera de Justicia, Rosa Aguilar, y que hoy dirige el vicepresidente y líder de Cs, Juan Marín. El presupuesto global del Gobierno andaluz en materia de lucha contra la violencia machista es mucho mayor y está distribuido de manera transversal por varias consejerías, aunque ni los responsables hoy ni los que gobernaban antes han sabido concretar esa cifra. El informe de perspectiva de género que acompaña a los Presupuestos andaluces cifró en 18.896 millones de euros el coste de las políticas destinadas a “romper la brecha de género” en el ejercicio 2018, esto es, el 74% de las cuentas públicas.
Sólo al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se destinan 42,9 millones para reforzar la red de atención directa a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta partida incluye recursos para el servicio integral de atención y acogida de mujeres maltratadas (471 plazas en centros de emergencias, casa de acogida y pisos tutelados), la atención jurídica y psicológica a víctimas de agresiones sexuales y de pareja, la atención especializada a víctimas adolescentes y la atención a hijos e hijas víctimas.
El Ejecutivo actual ha puesto, sin embargo, el acento en una partida concreta de la que el Gobierno anterior que dejó sin gastar durante tres años consecutivos más del 70% del presupuesto asignado para erradicar la violencia de género. Con esta denuncia, los populares tratan de acallar así las críticas de los socialistas contra Vox y su petición de nombres de funcionarios públicos. Los datos de falta de ejecución presupuestaria en la anterior etapa socialista -siendo reales- han servido al Gobierno de Moreno Bonilla para redirigir el foco de atención mediática hacia la oposición del PSOE, aliviando la presión a su socio de investidura, Vox.
El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha eludido esta martes valorar la solicitud de nombres de funcionarios que reclama Vox, acogiéndose a la separación de poderes. “Esa respuesta la debe dar el Parlamento, no el Gobierno”. Acto seguido, Bendodo ha subrayado que “el 75% de las partidas sobre violencia de género de la Consejería de Justicia no se habían gastado”, y que el titular actual de la cartera, el vicepresidente Marín, había “trasladado su estupor al Consejo de Gobierno”.
La solicitud del diputado de Vox, Francisco Serrano, será calificada este miércoles por la Mesa de la Cámara, órgano de dirección del Parlamento donde están representados todos los grupos. PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía (éste último con voz, pero sin voto) defienden que la petición del partido ultraderechista no sea admitida, porque vulnera la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, la decisión de la Mesa tendrá en cuenta la valoración previa que haga el letrado mayor de la Cámara. La solución, según ha avanzado la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, puede pasar por que “se corrija” la formulación de la petición de Vox, eliminando los nombres y apellidos del personal requerido, pero sí se le proporcionaría el puesto que ocupan y la cualificación profesional que se le exige a ese puesto.
El presidente Moreno ha puesto la mano en el fuego por todos esos empleados públicos, cuando le han preguntado en la Cadena Cope si comparte la denuncia de Vox de que están “ideologizados”. “Los equipos de violencia de género están cualificados y algunos altamente cualificados”, dice. Los socialistas han denunciado “el conflicto de intereses” entre la solicitud del diputado de Vox y su condición de abogado. Serrano dirige un despacho legal especializado en litigios de pareja, y donde defiende la misma lucha contra la “ideología supremacista de género”. “La petición de nombres de empleados públicos del líder de Vox entra en conflicto directo con los intereses de abogados que pleitean en casos de violencia de género. Es un escándalo de grandes proporciones”, ha dicho el diputado del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano.
Este miércoles, la Comisión del Estatuto de los Diputados analiza si el escaño de Serrano es incompatible con su actividad privada en un despacho de abogados, es decir, si incumple el régimen de incompatibilidad de la Ley Electoral andaluza. En cuyo caso, tendría que elegir entre uno u otro antes de ocho días desde que el Pleno de la Cámara ratifique dicha incompatibilidad.