Con el informe del Senado de EEUU sobre las técnicas de interrogatorio empleadas por la CIA durante la Administración de Bush aún caliente, no hay que irse tan lejos para detectar vulneraciones de derechos fundamentales contra la integridad física o la dignidad moral de las personas. La asociación APDH-A ha elegido el Día internacional de los Derechos Humanos para dar cuenta de un informe reflejo del día a día de gente encuadrada en los denominados colectivos vulnerables. “En Andalucía decimos mucho pero parece que se hace poco”.
“De mal a muy mal” o “las cosas van cada vez a peor” es la pesimista conclusión de su secretario general, Valentín Aguilar. Dice la asociación que se cierra “uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía, con un 38% de la población en situación de exclusión y pobreza y con un estado de emergencia habitacional”. Diversos informes, como el de Foessa, han venido insistiendo en esas cifras, a las que siempre se le puede poner rostro: el del centenar de inmigrantes privados de libertad en agosto en Tarifa, el de los 2.500 que malviven en asentamientos en Huelva, el de víctimas de ordenanzas “que se dictan para criminalizar” a los que rebuscan comidas en los contenedores y a las personas que ejercen la prostitución, el de personas con “una atención sanitaria de segunda calidad en prisión” o el de los presos “que sufren indefensión por el exiguo ahorro económico perseguido” con la supresión de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria.
La APDHA no se siente satisfecha de su trabajo, básicamente porque entiende que “los Derechos Humanos, en sus múltiples vertientes, siguen siendo violados y olvidados”. Para trasladar una imagen general de la situación, divide en cuatro áreas su dossier 'Vulneraciones de Derechos Humanos en Andalucía Año 2014': marginación, inmigración, prostitución y cárceles. En su particular carta de reyes magos a las administraciones, además de recordar las actividades por el Día Internacional que han preparado por provincia y su campaña navideña de 'Regala un año de pertenencia a la APDHA', consideran necesario aprobar “de una vez por todas” una ley de inclusión social y una renta básica universal. Son sus prioridades ante la realidad que observan.
Marginación, “políticas acordes con las necesidades de emergencia”
En el primero punto, recuerda los índices de paro inaceptables (del 35,25%), que el derecho a la vivienda está “continuamente vulnerado” y que éste debe incluir y garantizar los suministros básicos. Asimismo denuncia la “dejadez secular” por parte de las administraciones de los 'barrios ignorados', el hecho de que aumentan las familias que malviven en diferentes asentamientos chabolistas y la “indignante” situación de las personas sin hogar, también en aumento. “Las administraciones miran para otro lado ofertando recursos claramente insuficientes” y “se están desmantelando los servicios públicos sociales”, conluyen.
Lejos de quedarse en lamentaciones, APDHA exige “políticas sociales acordes a las necesidades de emergencia que estamos viviendo”, como por ejemplo la paralización de todos los desahucios en primeras viviendas y soluciones sociales para quienes se han quedado sin vivienda o no pueden acceder a ella a través de un Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Además, la paralización de todos los cortes de suministros básicos para familias que no puedan hacer frente a estos gastos; ofrecer una atención de emergencia a los 334.000 hogares andaluces en situación de exclusión severa; una ley de inclusión; la Renta Básica Universal; la erradicación del chabolismo y la infravivienda; habilitar espacios públicos (albergues, pisos, etc.) para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos; y que se paralicen las ordenanzas municipales de limpieza y residuos mencionadas.
Inmigración: el CIE de Algeciras y otras “vulneraciones”
En el área de inmigración destaca APDHA que las personas de origen inmigrante “están sufriendo con mayor rigor los efectos de la crisis, como demuestra que su tasa de paro supera en 14 puntos la de los nacionales españoles (40%-26%) y que el riesgo de exclusión social se triplica para las personas extranjeras en España que no pertenecen a la UE-15”. También recuerdan el incendio que en enero se produjo en uno de los asentamientos de personas migrantes de la provincia de Huelva, donde sobreviven “en condiciones infrahumanas” alrededor de unas 2.500 personas “ante el más completo abandono por parte de las administraciones competentes”. Igualmente lamentan en este ámbito las condiciones del CIE de Algeciras-Tarifa, la represión policial y las situaciones que se recogen en el citado informe 'Frontera Sur'.
Ante todo ello, exigen la modificación del Decreto andaluz 2/1999 para permitir el acceso al 'salario social' a las personas extranjeras no UE que viven en Andalucía, un plan integral de intervención social para acabar de forma inmediata con los asentamientos de Huelva, el ciere “inaplazable” del CIE Algeciras-Tarifa, el cese de las identificaciones y redadas policiales por perfil étnico, y que se garantice el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos en la actividad de control de fronteras en Andalucía.
Prostitución, “el reconocimiento como un trabajo”
La APDHA sigue denunciando “la dificultad de acceso a los recursos públicos sanitarios” y el hecho de que “muchas normativas municipales que regulan el uso del espacio público les impiden ejercer libremente en espacios abiertos o criminalizan el hecho de que ellas aborden y negocien con los clientes”. Su aplicación “no ha tenido efectivamente el efecto disuasorio que pretendían”, añaden entre otras cuestiones.
Por eso exigen a las administraciones “el reconocimiento del ejercicio de la prostitución como un trabajo, que otorgaría a las personas que lo ejercen el derecho a sindicación, negociación colectiva, Seguridad Social...”, así como la eliminación de las ordenanzas municipales en aquellas ciudades donde han sido aprobadas, “pues lo único que hacen es criminalizar a este colectivo”, y la “eliminación urgente de todo sistema de sanciones previstos para la oferta o demanda de los servicios sexuales en la vía pública”.
Cárceles, “la exclusión en el acceso a derechos sanitarios”
“La asistencia médica es deficitaria, de segunda calidad, no existe asistencia integral y las consultas de especialistas en el interior de las prisiones son muy escasas”, denuncia APDHA. Además, los enfermos mentales “siguen hacinándose en centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos”. Inciden, entre otras cuestiones, en la reanudación de los servicios de asistencia jurídica en las cárceles, las torturas y la explotación laboral de los presos.
Entre otros aspectos exigen, para paliar algunas de estas situaciones, que se transfieran las competencias sanitarias a la Junta de Andalucía, tal y como ordenaba la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/03 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que debía hacerse antes del 31 de diciembre de 2004; y que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cumplan las distintas Proposiciones No de Ley del Parlamento para la atención a los presos en igualdad a la población libre y en especial una atención integral a los enfermos mentales.