Cuando hasta el propio Gobierno español ha reconocido que las ayudas sociolaborales que se están investigando en el caso de los ERE se tramitan por el régimen de concesión directa, sin concurso ni publicidad, en base a una orden ministerial de 1995, Juan Ignacio Zoido dijo ante el Parlamento andaluz que aquella norma la aprobó José Antonio Griñán para obligar a las administraciones a informar con publicidad de las ayudas y favorecer la libre concurrencia.
29 de agosto de 2012. El ahora ministro del Interior interviene en la Comisión de Investigación sobre ayudas sociolaborales 2001-2010 por las ayudas aprobadas por el Gobierno central durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva en el momento en que él era delegado del Gobierno en Andalucía (cargo que ocupó entre 2002 y 2004). Zoido defendió la legalidad de las ayudas estatales y la inexistencia de 'intrusos' (igual que hizo este pasado martes la exdirectora general de Trabajo del Gobierno Soledad Córdova, que ha defendido la legalidad de las ayudas que el Ejecutivo concedió entre 2003 y 2005) con la notable diferencia de que se apoyó en el argumento de que la Junta debía de haber publicado las ayudas.
En un momento de su intervención, a preguntas de la diputadas socialista Antonia Moro, el entonces alcalde de Sevilla explicó que las ayudas del Gobierno central por las que se les estaba cuestionando (las de la Faja Pirítica que ahora se están investigando en sede judicial tras ser desacartadas por la jueza Alaya) “se dan en base a la Orden ministerial que aprueba el propio señor Griñán el año 1995. Es que es del año 1995, donde se regula que se pueden dar ayudas especiales. Y esas ayudas especiales que se dan lo único es que, como anteriormente se daban sin someterse a ningún criterio, el propio señor Griñán aprueba una Orden ministerial donde se dice que hay que hacerlo con publicidad, hay que hacerlo..., favorecer la libre concurrencia, etcétera”.
“¿Y está publicado? ¿Y está publicado? Pero si me está diciendo que no lo sabe. ¿Por qué me dice ahora que están con publicidad?”, le preguntaba la socialista. “Que le digo... Si es que no sé... Porque no sé dónde está publicado”, respondía Zoido. “¿Y me puede usted decir en qué BOE se publican las ayudas, en qué diferentes boletines oficiales del Estado se publican las ayudas?”, le preguntaba en otro pase la diputada de IU Alba Doblas. “Yo ahora mismo no lo recuerdo, no tengo ese dato”, señalaba el ministro.
La cuestión, el marco legal
Cuando ya se da por seguro que ambas administraciones otorgaban de forma directa las ayudas, la cuestión estriba en que, para las acusaciones, el marco legal del que se sirvió el Gobierno central (la orden ministerial de 1995 a la que ya entonces aludía Zoido) no amparaba a la Junta de Andalucía para la concesión de las ayudas puesto que no se servía realmente de la misma para su tramitación y aprobación, actuando de alguna forma de forma unilateral y sin fiscalización previa.
Es decir, el Gobierno andaluz tenía competencias para otorgar ayudas de forma directa pero no hizo mención a aquella citada orden y, además, pudo incurrir en determinadas irregularidades como la inclusión de 'intrusos' basándose en un procedimiento propio, sin apoyarse en la orden.
Algunas defensas sostienen que Andalucía tenía competencias y que el marco legal legitimaba a la Junta para ello.
Bajo ese marco normativo, entre 1995 y 2013 el Ministerio de Trabajo concedió más de 2.370 millones de euros en dos tipos de ayudas (a trabajadores previas a la jubilación ordinaria -acogidas a una orden ministerial previa, de 1994- y a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas -acogidas a la mencionada orden de 1995-). Ambas órdenes permitían la concesión de forma directa de ayudas, sin límites en la duración y en la cuantía de las prejubilaciones. Dos reales decretos, de 2013 y 2014, derogaron aquellas órdenes. Y sin necesidad de publicidad ambas, no como afirmó Ignacio Zoido en 2012.