Casi el 40% de los fondos covid que entregó el Estado al Gobierno de Aragón para hacer frente a la pandemia se emplearon para pagar facturas atrasadas y reducir el déficit en las cuentas públicas. Esta es alguna de las conclusiones del informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas sobre el impacto del covid en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, contratación de emergencia y subvenciones concedidas. En el extenso documento se indica que el coste total derivado de la pandemia fue de 506 millones, y se recibieron 963, por lo que hubo 373 que se destinaron a otras cuestiones que nada tenían que ver con la crisis sanitaria y económica producida por el virus y el confinamiento. De hecho, gracias a estos excedentes, el órgano fiscalizador asegura que las cuentas de la comunidad cerraron en 2020 y 2021 con “las mejores cifras de déficit de los últimos ejercicios”. Un superávit de 61 millones en 2020 (+0,17% del PIB regional) y un déficit de 56 millones de euros en 2021 (-0,15% del PIB regional). Además, esa cantidad sobrante redujo “significativamente” la cuenta 413, que es aquella en la que se incluyen las facturas pendientes de aplicar a presupuesto, a dejarla más saneada que nunca.
Estos excedentes permitieron además realizar diversas modificaciones presupuestarias que permitieron aliviar las cuentas en sanidad y educación. 205 millones para el Salud y 51 para Educación.
Estos movimientos del Gobierno de Aragón no son los únicos que cuestiona la Cámara de Cuentas, que también considera que se estimó al alza la merma de ingresos prevista por el Ejecutivo autonómico. De este modo, según el ente auditor, está sobrevalorada en 26 millones. El Gobierno de Aragón notificó al Ministerio de Hacienda que la merma en los dos años rozó los 110 millones de euros. La Comunidad Autónoma, indica el informe, “no ha aportado ningún informe que explique las estimaciones de la caída de ingresos que figura en los cuestionarios remitidos y tampoco la Cuenta General de 2020 informa en su memoria sobre la merma de ingresos”. De este modo, “no se puede asegurar que, en el 100% de los casos, esta caída se deba a la situación económica derivada de la pandemia”.
El desglose del gasto adicional provocado por el covid revela que la mayor parte del mismo fue para el refuerzo de personal, tanto en sanidad como en educación y servicios sociales. En el cómputo global, el gasto calculado por la Cámara de Cuentas fue de 63 millones de euros en 2020 y 105 millones, en 2021. El Salud soportó el mayor impacto, con un gasto de personal, eventual y sustituto, de 57 millones de euros en 2020 y 83 millones en 2021. En el IASS, el aumento del gasto de personal de gestión directa fue de 1,3 millones de euros en 2020 y 0,4 millones en 2021. Y en el Departamento de Educación, el impacto estimado en el gasto de personal sumó 3,5 millones en 2020 y 19 millones en 2021. Asimismo, también se revisa el gasto destinado a bienes corrientes, como material médico, fármacos, geles o equipos de protección, entre otros. – En los dos años de pandemia, este apartado supuso 168 millones de euros. En el Salud, el impacto se estimó en 76 millones de euros en 2020 y 60 millones de euros en 2021; en el IASS en 7,8 millones de euros en 2020 y 2,4 millones de euros en 2021 y en el departamento de Educación, en 3 y 5 millones, respectivamente.
Otro apartado en el que la Cámara de Cuentas pone alguna objeción es en las diversas líneas de subvenciones que se abrieron para ayudar a diversos sectores económicos gravemente perjudicados por el confinamiento. La tramitación de estas ayudas, según la Cámara de Cuentas, “supuso un esfuerzo que desbordó a los servicios gestores y reveló deficiencias en el diseño de las convocatorias que se tradujeron en una ejecución inferior a la esperada y, en algunas líneas, también, en un escaso impacto en los potenciales beneficiarios”. Según se señala en el informe, lo deseable habría sido que muchas de estas ayudas hubieran sido tramitadas directamente por el Estado a través de beneficios fiscales. La línea abierta para el apoyo a la solvencia empresarial es cuestionada: “la falta de un correcto análisis de la concurrencia de ayudas sobre un mismo beneficiario, la desigual distribución de ayudas entre los empresarios sujetos a estimación objetiva y el resto (máximo 3.000 euros, frente a los 200.000 euros del resto) y la complejidad de la presentación de la cuenta justificativa del destino de la subvención recibida, determinaron que el objetivo de compensar el impacto en la caída de la actividad no se haya cumplido de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia e igualdad de trato”. Y ni siquiera se agotó la cantidad destinada (141 millones de los que solo se distribuyeron 65). Además, 8 sociedades “ingresaron una ayuda superior a la que hubiera sido necesaria para igualar sus beneficios de 2019, de una muestra de 20 beneficiarios que obtuvieron mayor volumen de ayudas”. Lo mismo ocurrió con 11 de las 18 empresas de transporte por carretera que recibieron subvenciones específicas.
También pone el acento en otras líneas de ayudas que no tuvieron el impacto esperado, como las del alquiler de viviendas o las subvenciones a préstamos de cooperativas agrarias, en 2020. La ejecución en 2021 estuvo siempre muy por debajo de lo esperado, entre el 46% y el 80%.
La Cámara de Cuentas ha analizado, específicamente, la contratación del año 2020, en el que se adjudicaron 749 contratos para hacer frente al Covid, por importe de 48 millones de euros, de los cuales, 528 se adjudicaron por el procedimiento de emergencia, por importe de 45,3 millones de euros. Más de la mitad de los contratos de emergencia se adjudicaron por el SALUD (327 contratos por importe de 35 millones de euros), seguido del IASS (62 contratos por importe de 5,7 millones de euros). Además, se han analizado otros contratos de emergencia, por valor de 14 millones de euros, que no tienen relación con el covid.