El Gobierno de Aragón ha decidido apostar por las energías renovables como remedio para paliar las consecuencias económicas del declive de la minería del carbón, que hace unos meses llevó al cierre de la última mina de galerías de la comunidad -aunque se mantienen varias a cielo abierto-, mientras reclama a Madrid y Bruselas que mantenga el peso de la quema de combustibles fósiles en el mix energético.
Así, aplicará la llamada Declaración de Interés Autonómico, un instrumento diseñado en los años previos a la Expo para eliminar trámites administrativos, para atraer parques eólicos de menos de 50 megawatios de potencia hacia las comarcas mineras con el objetivo de generar actividades alternativas a la extracción de minerales.
La medida será aplicable también a las empresas que pretendan instalar complejos eólicos y de biomasa en la comunidad para abastecer las autorizaciones de evacuación a la red de 408 megawatios de energía procedente del viento que hace poco más de un año obtuvieron el aragonés Grupo Jorge y su filial Forestalia, que también se hizo con permisos para gestionar 102 de fuentes vegetales.
Evitar el desplazamiento de inversiones
“La finalidad de la medida es evitar el desplazamiento de estas inversiones empresariales, sometidas al cumplimiento de unos plazos de ejecución concretos, a otras zonas del territorio español”, señala el Ejecutivo autonómico.
La decisión llega cuando el Gobierno estatal prepara una nueva subasta de evacuación de energía procedente de fuentes renovables de hasta 3.000 megawatios, el cuádruple de la anterior, que deben ser servidos antes de que termine 2019, mientras que el Grupo Jorge dispone para completar el suministro de la suya hasta el 28 de marzo del año siguiente.
De cumplirse los planes del Gobierno autonómico, la comunidad pasaría a ser la segunda del país en potencia eólica instalada, ya que los 3.170 megawatios que suman los 118 proyectos que se encuentran en trámite en la comunidad -tras el desbloqueo de los permisos del concurso de parques de 2010- se añadirían a los entre 1.800 y 1.900 que estiman las patronales del sector solo se verían superados por los 5.600 de Castilla y León y prácticamente duplicarían a los de otros territorios punteros como Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, cuyos parques suman entre 3.300 y 3.800.
Combinar posturas
La Administración PSOE-CHA, que preside Javier Lambán, combina, como hicieron las anteriores, la apuesta por la energías renovables –solo el desbloqueo de parques eólicos es susceptible de movilizar inversiones por 2.000 millones de euros- con el apoyo a la quema de carbón para producir electricidad en centrales térmicas, pese a los intensos efectos contaminantes de esa tecnología.
La consejera de Economía, Marta Gastón, reclamó recientemente al Gobierno central que presione a Bruselas para mantener el peso del 7,5 % del carbón autóctono en el sistema de producción de electricidad español.
La postura tiene dos motivos: considerar necesarias las térmicas –muchas de ellas queman gasóleo además de mineral- para completar la cobertura de la demanda energética cuando esta se dispara y, también, intentar mantener la producción y el empleo en explotaciones mineras competitivas.
Potencial renovable
Más de la mitad de los 7.029 megawatios de potencia instalados en las centrales eléctricas de Aragón producen energía de origen renovable, mientras que más de un tercio –casi 2.700- se localiza en las térmicas de Andorra, Escatrón y Castellnou y la solar apenas llega a 400, pese a que la comunidad suma un 10 % del territorio de España.
Según un estudio de Greenpeace, el potencial solar de la comunidad permitiría cubrir 32 veces su demanda energética en 2050, mientras que el de la eólica sería capaz de quintuplicarla. Desarrollar el hidráulico generaría miles de empleos en zonas en declive como el Bajo Aragón, según un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).