El debate en torno al agua se ha vuelto bizantino en Aragón, donde se discute sobre la idoneidad de mantener o modificar algo que ya no existe tal como fue concebido: el Pacto del Agua. Un acuerdo calificado en su día de histórico por lograr el consenso de los cuatro partidos que entonces tenían representación en las Cortes -PSOE, PP, PAR e IU-. Pero en la actualidad, un tercio de esos escaños están ocupados por Podemos, Ciudadanos y CHA, que no lo han votado.
La propuesta que ERC llevó al Congreso para modificar el Plan Hidrológico del Ebro (PHE) y aumentar el caudal ambiental del delta ha vuelto a situar al Pacto del Agua en el eje del debate político en Aragón. Mientras Podemos la apoyaba, PP y C’s votaban en contra y los diputados aragoneses del PSOE rompían la disciplina de voto de su partido, que se abstuvo, y se pronunciaban en contra.
Esa discusión abrió otra en Aragón sobre el Pacto del Agua, un documento que apenas incluye precauciones ambientales –ni siquiera cita el problema del lindano -ni previsiones energéticas, que carece de rango ejecutivo y cuyo meollo está en la llamada reserva hídrica, un concepto basado en un volumen de agua -6.550 hectómetros cúbicos, la mitad de la que el Ebro lleva en un año- que años después sería incluido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y en el Estatuto de autonomía, que la considera establecida “para uso exclusivo de los aragoneses”.
Los tres componentes y la reserva real
Ese número sale de la suma de otros tres: 4.260, que es la capacidad teórica de los embalses existentes en esa fecha en la Comunidad; 1.440, que era la suma de los pantanos proyectados, y 850, que constituyen la reserva estratégica real. La primera cifra es, salvo catástrofe o decisión gobernativa, inamovible, mientras que las dos segundas han sufrido notables alteraciones y condicionamientos.
La Mesa del Agua, un órgano de concertación con amplia representación social, institucional y política, nacido al socaire de la lucha contra el trasvase de Aznar y Matas, aplicó a principios de este siglo un importante y consensuado recorte a los 1.440 hectómetros con los que las Cortes preveían inundar varios valles del Pirineo, el Maestrazgo y Guara: redujo la versión recrecida de Yesa -1.525 a 1.079 hectómetros-, desestimó la construcción de Torre del Compte -29- y de Santaliestra -70-, rebajó el planteamiento de Biscarrués de 192 a 45 y elevó de 20 a 120 el de San Salvador para paliar la anterior decisión.
A esa reducción de 592 hectómetros de capacidad de embalse se sumó unos años después el descarte de Jánovas -354- por motivos ambientales, mientras la UE tiene en el punto de mira la versión reducida de Biscarrués y los tribunales han puesto estrictos condicionantes a la construcción de Mularroya.
Un recorte consensuado y una realidad menguante
Veinticuatro años después del Pacto del Agua, los 1.440 hectómetros se han quedado en 494, con 155 de ellos en entredicho, mientras la inestabilidad de las laderas convierte en una incógnita el futuro aprovechamiento de los 51 de capacidad del pantano de Montearagón, cuestiones administrativas siguen teniendo en el aire la explotación de El Val -25,3- y la salinidad de la zona sobre la que se asienta aviva un debate sobre la utilidad real de La Loteta -96-.
Los 850 hectómetros cúbicos de la reserva estratégica real también han sufrido cambios en estos años. El principal ha sido su inclusión en el PHE, que asigna “850 hm3/año de agua del eje del Ebro para las necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población”. El plazo de esta reserva, anotada a favor de la Comunidad autónoma y que incluye los 1.440 para “nuevos desarrollos ligados a los planes hidrológicos”, abarca la vigencia del plan - cinco años-, aunque su uso “queda condicionado por la materialización de las infraestructuras que hacen posibles dichas reservas”.
Sin embargo, el PHE establece que “los recursos del eje del Ebro para las necesidades futuras de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de Aragón, se reparten entre las Juntas de Explotación 1 y 11”; es decir, entre el eje del Ebro, que termina en la cola del embalse de Mequinenza, y el Bajo Ebro, que comienza en ese pantano.
Derechos sobre el agua del Bajo Ebro
¿Y para qué quiere Aragón tanta agua a su nombre en un área catalana en más de un 90 %? Hay varios motivos. Uno, conocido, es mantener derechos para los planes de desarrollo del Bajo Aragón, entre los que se encuentran la iniciativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para crear 3.000 empleo reconvirtiendo los sectores del olivo y el almendro. Otro, potencial pero contemplado por la Ley, es su venta a otros usuarios, ya sea de la cuenca del Ebro o de las vecinas por el norte (cuencas internas catalanas) y por el sur (Júcar).
Otra cosa es que esa reserva estratégica de 850 hectómetros cúbicos vaya a convertirse, a corto o medio plazo, en algo tangible: su inscripción como concesión en el Registro de Aguas de la CHE está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los artículos de la Ley de Aguas y Ríos autonómica que habilitan a la Comunidad para tramitar esa anotación.