Aragón creará una banca pública para activar el crédito e inyectar liquidez a la pequeña y la mediana empresa y a los autónomos, los sectores del tejido empresarial que con mayor crudeza están sufriendo los devastadores efectos de la ola de insolvencia que, hace ya casi ocho años, provocó la crisis financiera internacional.
Los cuatro grupos de la izquierda –PSOE, Podemos, CHA e IU- han sacado adelante en las Cortes de Aragón una propuesta de la formación violeta por la que instan al Gobierno autonómico a crear un organismo cuya función principal será inyectar liquidez a autónomos, micropymes, pymes y entidades de economía social.
La iniciativa plantea activar, mediante convenios con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y la captación de instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), líneas de financiación para este tipo de entidades y profesionales “a menores tipos de interés que los actuales” con el fin de “poner en marcha políticas activas de promoción de la actividad económica” en la Comunidad. Las operaciones tendrán, en principio, una cuantía máxima de 30.000 euros.
Captar financiación pública
La segunda línea de trabajo será “especializarse en la captación de financiación pública, al menor coste posible, y promoviendo inversiones en sectores económicos estratégicos para Aragón”.
El texto inicial de Podemos, modificado durante la negociación del acuerdo, proponía utilizar la fórmula del instituto de crédito –sugería bautizarlo como Instituto de Crédito y Financiación Autonómica (Icyfa)-. El acuerdo final contempla que sea “un organismo público”, aunque su fórmula jurídica queda pendiente de un estudio, que aglutine –“tras las correspondientes auditorías”- las “competencias que en materia de financiación y garantías se hallan dispersas en otras unidades administrativas del Gobierno de Aragón”.
La crisis y la insolvencia han tenido graves efectos para las pymes aragonesas. La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos) calcula que desde finales de 2008 bajaron la persiana alrededor de 1.200 pequeños comercios en la capital aragonesa, en una tendencia catastrófica que se vio parcialmente paliada por la expedición, entre 2011 y 2014, de 600 licencias municipales de actividad comercial.
Quiebran, en tres meses, 40 empresas de menos de 50 empleados
Y la tónica no ha cambiado: las 40 empresas que se declararon insolventes en el segundo trimestre de este año tenían menos de 50 empleados y solo seis superan el millón de ventas.
La exposición de motivos de la resolución señala cómo el estrangulamiento del crédito a partir de 2008 provocó, junto con la insolvencia y la deslocalización de factorías, una situación “particularmente dramática para el colectivo de los trabajadores y profesionales autónomos y las microempresas, responsables de las tres cuartas partes del empleo en España y en Aragón, y del 70 % del valor agregado de nuestra economía”. En la Comunidad, añade, “habían cerrado ya más de 7.000 empresas” hasta 2013.
Excluidos del sistema financiero
“El cierre de los canales financieros habituales y el colapso, cuando no quiebra fraudulenta, de las cajas de ahorro (debido al clientelismo político)” dejó “fuera del sistema financiero privado convencional a un numerosísimo colectivo de autónomos y micropymes”.
La iniciativa de los grupos de la izquierda recibió el aplauso de Cepyme, la patronal de la pequeña y la mediana empresa, que lleva tiempo reclamando medidas efectivas de apoyo para este sector clave del tejido productivo aragonés.