El Gobierno de Aragón permitirá la instalación de granjas dedicadas a la ganadería intensiva a un mínimo de 500 metros del perímetro de los espacios naturales protegidos y sin más restricciones que las que se aplican en el resto del territorio en las zonas periféricas, según recoge la orden del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la que se actualizan los anexos de las directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
Esta decisión contradice el anuncio oficial de la Consejería que dirige Joaquín Olona tras emitir la orden, que aseguraba que “la distancia entre una explotación ganadera y el espacio natural protegido deberá ser de un kilómetro o de 500 metros a su zona periférica de protección, en caso de existir”.
“Se trata de promover la utilización ordenada de los recursos, así como la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales”, señalaba, al tiempo que calificaba como “una de las modificaciones más importantes” la referente a los espacios naturales protegidos, cuyo objetivo era “garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales”.
Sin embargo, la orden señala textualmente que la distancia mínima será de “500 metros al límite del espacio natural protegido para ganadería intensiva y sin distancia a la zona periférica de protección, caso de existir”.
“Se trata, en definitiva, de promover la utilización ordenada de los recursos, así como la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales”, indica la orden que rebaja el anuncio oficial.
La plataforma de Loporzano ve manipulación informativa
La Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva, que ve “totalmente insuficientes” para la protección del medioambiente las medidas finalmente aprobadas, considera este hecho un episodio de “manipulación informativa” del Gobierno de Aragón tras haber anunciado “a bombo y platillo” las restricciones que han resultado no existir.
“O los espacios naturales han perdido su importancia en estos cuatro meses, o son las grandes empresas cárnicas quienes dictan las leyes en Aragón”, señala el portavoz de la plataforma, que denuncia que en los últimos meses el Gobierno de Aragón ha autorizado la instalación de granjas en municipios dentro del parque natural de Guara, como un proyecto para construir nueve naves de porcino industrial en Santa Cilia de Panzano, también en espacios integrados en la Red Natura 2000.
La orden, publicada en el BOA el mismo día que el decreto de purines, que limita la carga de nitrógeno a 210 kilos por hectárea al año (170 en espacios protegidos y Red Natura) pero carece de Plan de Control e Inspección, y el veto a la instalación de nuevas cuadras en once municipios cuyos términos ya no pueden soportar más estiércol, incluye otra serie de limitaciones para la instalación de granjas cerca de cursos y masas de agua, tanto naturales como artificiales.
Granjas a 35 metros del río
Así, establece una distancia mínima de 35 metros a los cauces de ríos y arroyos, a 250 de captaciones de agua para abastecimiento de poblaciones, a 35 de pozos para otros usos, recortables a la mitad para ganado extensivo en zonas de montaña si lo autoriza el ayuntamiento en los tres casos, a 15 de tuberías de conducción y a 15 de acequias y desagües (cinco si están impermeabilizadas). Sin embargo, no establece ninguna restricción en relación con los acuíferos.
Según los últimos informes de la Dirección General de Salud Pública, la presencia de nitratos superó el volumen tolerable para el consumo humano en 34 municipios aragoneses, nueve de los cuales se han visto obligados a cambiar sus tomas. Varios de ellos se encuentran en las inmediaciones de Guara.
Y, según el documento inicial del nuevo Plan Hidrológico del Ebro (PHE) que tramita la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 29.269 de las 45.776 granjas de la cuenca, casi dos de cada tres, la mayoría de ellas ubicadas en Aragón y en Catalunya, provocan la contaminación de los acuíferos con unos vertidos que rondan las 129.000 toneladas de nitrógeno al cabo del año.
En septiembre termina el plazo que la Comisión Europea dio a España para que atajara la contaminación por nitratos, mayoritariamente procedentes de la actividad agrícola y ganadera, antes de poner en marcha un procedimiento sancionador similar al aplicado por las deficiencias en la depuración de aguas residuales.