Adeudan tres meses de salario a sus 27 trabajadores y, tres días antes de que se aprobara la nueva concesión, comunicaron al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza que entraban en concurso voluntario de acreedores. La empresa GTTS Val, que gestiona actualmente el Centro de Día Santa Emerenciana de Teruel, se despide así de la gestión formalmente, aunque detrás de la nueva empresa que entrará a prestar el servicio, Socialcare, estén los mismos gestores, según denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras y reconocen en el propio Ayuntamiento.
La nueva adjudicación por un periodo de dos años se aprobó el pasado lunes 9 de abril en Junta de Gobierno, por unanimidad de todos los grupos, destacaba la alcaldesa, Emma Buj, puesto que el informe técnico determinaba que Socialcare era la mejor valorada de las seis presentadas. “Ha acreditado la solvencia técnica y económica”, sentenciaba la edil, que insistía en la obligación que tienen de atender los informes técnicos “cuando nos gustan y cuando no nos gustan”. Se pronunciaba así, porque era conocedora de los problemas de las 27 trabajadoras, con las que se había reunido y que le habían trasladado su preocupación cuando ya todo apuntaba a que la futura gestión correría a cargo de las mismas personas.
El Ayuntamiento ya había apremiado anteriormente a la empresa porque no presentaba las facturas y, por tanto, el Consistorio no le podía abonar por el servicio de atención a los mayores, algo que también motivaba el retraso de los pagos. “El Ayuntamiento ha mediado en la medida de sus posibilidades”, ha dicho, aunque su capacidad es “limitada”, se defiende.
En todo caso, Buj insiste en que el Ayuntamiento “tiene que ser escrupuloso con la legalidad” y ha recordado que la adjudicación se produce a una empresa distinta, “otra cosa es que sepamos que los dueños gestores sean los mismos”.
“Una tomadura de pelo”
Pero desde CCOO no están de acuerdo en que la capacidad del Consistorio sea limitada, y les Ayuntamiento de “dejación de funciones”, porque la atención a los mayores en este centro de día es un “servicio público externalizado”, como explica la secretaria de la Federación de Sanidad en Aragón, Delia Lizana.
La representante sindical critica que la alcaldesa se reuniera con las trabajadoras antes de la adjudicación y las tranquilizara con el compromiso de buscar soluciones, para acabar adjudicando el contrato a los mismos. Fue una “tomadura de pelo” y no entiende la justificación de los informes porque “deberían ser valorados antes de su votación”, ya que a su juicio, “aunque el informe técnico sea favorable, debemos ver dónde la empresa gana esos puntos”.
Ha criticado que es una práctica “frecuente”, gracias a los cambios legislativos, que algunas empresas entren en concurso voluntario de acreedores en los últimos meses de contrato con lo que se evitan el pago de salarios y a distribuidores, que acaban saliendo de las arcas públicas tras un proceso judicial.
En el caso de esta empresa, la secretaria general de CCOO en Teruel, Pilar Buj, denuncia que los retrasos en los pagos de las nóminas se vienen produciendo desde los dos últimos años, aunque son las mismas personas las que han gestionado el centro desde que se externalizó el servicio hace unos 20 años, con varias denominaciones de empresas.
La alcaldesa de Teruel ha dicho que se ha endurecido el pliego de condiciones para que el retraso en el pago de las nóminas sea motivo de resolución del contrato, algo que asegura que “las nuevas nóminas se van a pagar” y en ello van a ser “inflexibles”.
Según el convenio que rige la Dependencia en Aragón, las nóminas se deben pagar el 5 de cada mes, así que el 6 ya se consideraría un retraso, según Buj, y con dos meses de retraso que establece el pliego como motivo de resolución, lo que conllevaría es a comenzar un proceso que podría alargarse más de un año.