El consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza en Común), Alberto Cubero, encargó una revisión de los pagos realizados por el Ejecutivo municipal en 2014 (todavía con el PSOE al frente del Consistorio) a la empresa FCC, encargada del servicio de Parques y Jardines. Tras examinar la certificación firmada en diciembre de ese mismo año, el actual Gobierno de Zaragoza apunta que ha detectado que se pagaron casi 200.000 euros de más a esta empresa.
Gran parte del montante corresponde al dinero que se le descontó a FCC en la huelga y los paros parciales que la plantilla llevó a cabo en 2014. En concreto, explican desde el Ayuntamiento, se ha comprobado que se descontó “en base al porcentaje de trabajadores que habían secundado la huelga y no teniendo en cuenta los servicios efectivamente prestados”.
Esta forma de deducción “levantó las sospechas” y el equipo de gobierno municipal elevó a la Junta Consultiva de la Contratación la pregunta de “cómo había que descontar los efectos de las huelgas”. La respuesta fue que “se debían pagar los servicios recibidos, con independencia del porcentaje de seguimiento”. El Servicio de Parques y Jardines recalculó, usando el criterio correcto, el dinero que se le debía haber descontado y el resultado denota que presuntamente se le pagaron indebidamente 168.762,12 euros.
El resto, 25.278,61 euros, son fruto del pago por duplicado del Belén. En este caso, desde el Consistorio señalan dos errores: “El primero lo cometió FCC al presentar los datos de facturación; el segundo el propio Servicio de Parques y Jardines que no se dio cuenta del error”.
Desde el PSOE aseguran que todos los pagos cuentan siempre “con el viso bueno del interventor”. Son gestiones, dicen, absolutamente protocolizadas y controladas, “que no dependen de un responsable municipal”. Aseguran, de igual modo, “que si se concluye que ha habido algún error y las cosas no se han hecho correctamente, se debe analizar e investigar”.
Devolución del dinero
Alberto Cubero declaró que ya han enviado un comunicado a FCC, en el que les expresan que la voluntad del Consistorio es acordar con la empresa “la deducción de mutuo acuerdo en próximas certificaciones”, aunque aún no han recibido respuesta. Fuentes municipales no descartan tomar otro tipo de medidas si la empresa no se muestra receptiva.
Recuerdan en el Ayuntamiento que, el 9 de junio de 2015, tres días antes de la investidura de Pedro Santisteve, “el anterior consejero responsable de parques y jardines, Jerónimo Blasco, firmó la certificación de diciembre de 2014, que ajustaba todo el año”. “La fecha del decreto, la urgencia de su tramitación y las polémicas habidas en torno a las certificaciones de ese año”, apuntan, fue lo que empujó a Cubero a solicitar esta revisión.
Para el consejero, “el tiempo ha dado la razón a quienes siempre hemos defendido que las certificaciones de FCC arrojaban serias dudas, y poco a poco se van despejando. Alguien del anterior gobierno tendría que explicar cómo en el duro año de 2014, con recortes en los servicios públicos y en el empleo municipal, el Ayuntamiento se permitía pagar a FCC casi 200.000 euros de más. Pero por desgracia, esto no es un caso aislado y el trato de favor de las administraciones con las multinacionales es generalizado y responde a un modelo económico y político totalmente atravesado por la corrupción”.
El de la capital aragonesa no es el primero de los ayuntamientos llamados ‘del cambio’ que detecta alguna irregularidad con esta empresa. Tanto en Barcelona como en Badalona se están investigando sendos fraudes.