La pasada semana se anunció la aprobación de varios centenares de Planes de Gestión de la Red Natura 2000, que afectan al 28% del territorio de Aragón, muy por encima de la media de los principales países europeos e incluso de España. Diego Bayona, El director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Ejecutivo aragonés, afirmó que “este proceso acumulaba más de una década de retraso”. La aprobación final, realizada esta semana en el Consejo de Gobierno, incluye los 204 planes para la gestión de las Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que a partir de ahora se reconvierten en Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Unión Europea. Esto supone en suma la implementación de una gestión conservacionista para cerca del 28 por ciento del territorio aragonés, es decir, 13.600 kilómetros cuadrados.
La Red Natura 2000 es el conjunto de espacios naturales protegidos de la Unión Europea, conformada por Zonas de Especial Protección para las Aves y por Lugares de Importancia Comunitaria. Enclaves geográficos donde se localizan los hábitats, especies de aves y de fauna y flora silvestre de interés en cada país comunitario, donde se debe garantizar la permanencia de la biodiversidad del continente.
Sin embargo, desde el despacho especializado en Medio Ambiente, Pilar Martínez Abogados, se sostiene que “la Red Natura en España tuvo como objetivo prioritario la captación de fondos europeos, más que un verdadero interés en una protección ambiental coherente, razonable y acorde con nuestra condición de país agrícola, con grandes extensiones de zonas rurales despobladas. Reiteramos que a nivel nacional es desmedida, a lo que ahora añadimos el escandaloso incumplimiento de las normas que la regulan”.
Para la letrada sorprende mucho que se presente como un logro, “lo que no es, sino la muestra de un fracaso, al ponerse de manifiesto el incumplimiento reiterado por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de la normativa medioambiental, así como la utilización abusiva de estas figuras, limitando y restringiendo actividades en esas áreas, sin el adecuado soporte legal para ello”.
Desde la propuesta de la mayor parte de estos Lugares de Interés Comunitario (LIC), han transcurrido más de veinte años, lo que, según asegura en rueda de prensa el despacho de abogados, supone “un flagrante incumplimiento” de la legislación estatal y autonómica, y de las Directivas europeas que transpone esta legislación, “pero este gran retraso implica, sobre todo, la pérdida de vigencia de aquellas propuestas y de los estudios técnico científicos, si los hubo alguna vez, que en su día llevaron a la proposición de los LIC”, matiza Pilar Martínez Abogados.
España tiene abiertos expedientes de infracción por incumplimiento de la Directiva Hábitats desde 2015, siendo Aragón una de las comunidades señalada. En julio de 2020 se reiteró este expediente. “En consecuencia, da la impresión de que nos encontramos ante el intento de cumplimiento ”in extremis“ de una obligación, en la que el gobierno aragonés aparece como moroso desde hace décadas. Veremos, si esta aprobación en bloque cumple las exigencias legales o es, como estamos acostumbrados a ver, un capítulo más de los incumplimientos”, advierte la abogada.
Valores de la Red Natura 2000
De forma paralela, en esta aprobación están representados varios valores de la Red Natura 2000: 86 especies de aves que son objeto prioritario de la Directiva Aves, otras 54 especies de animales y plantas de Interés Comunitario y 69 Hábitats de Interés Comunitario para la Directiva Hábitats. Por ello, en total, se trata de 402 planes distintos.
Bayona mencionó que, para Aragón, el cumplir con esta obligación supone un paso muy importante en la mejor conservación de los hábitats, espacios y especies silvestres que atesora el territorio, y cuya protección está considerada, por su rareza e interés, de gran importancia en la naturaleza de Europa.
Detalló que Aragón era la única Comunidad autónoma que no tenía declarada ninguna zona de especial conservación, lo que fue motivo de una carta de la Comisión Europea en febrero de 2015, que se volvió a recordar en julio del año pasado. En la misiva se ponía de manifiesto el “incumplimiento sistemático” que arrastraba la comunidad con “el consiguiente riesgo de sanción”.
Mediante la aprobación de este de decreto, se dará finalmente cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 4.4. de la Directiva 92/43/CCEE de declarar Zonas de Especial Protección a los 156 Lugares de Interés Comunitario integrantes de las respectivas regiones biogeográficas. El plazo para su cumplimiento finalizó en 2009 para los LIC de la Región Biogeográfica Alpina y en el año 2012 para los LIC de la Región Mediterránea.
Bayona agregó que todos estos planes también suponen un reto para el propio Boletín Oficial de Aragón: “Durante los fines de semana de los próximos dos meses es el periodo en que estimamos se irán publicando todos los planes de los espacios y después se continuará con las especies”. Y comentó que se ha decidido hacer así para “no colapsar” el Boletín y poder publicar “cuanto antes” todos estos planes y que se hagan efectivos.
“Inseguridad jurídica para los ciudadanos”
Cuando las comunidades autónomas hacen las propuestas LIC, se abre un plazo de 6 meses, en el que es obligatorio publicar en los diarios oficiales los límites geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon y los prioritarios, así como el régimen que se les aplicará. Aprobadas estas propuestas, el período es de 6 años para la declaración de estos LIC como Zonas de Especial Conservación (ZEC), así como para la elaboración de los planes de gestión para dichas figuras y territorios. “En el caso de Aragón estos plazos se han excedido en décadas, pero el mayor problema es la falta de mapas indubitados y delimitados con las correspondientes georreferencias; la inexistencia de censos y estudios técnico-científicos que avalen la necesidad y eficacia de las medias propuestas; la falta de régimen preventivo; la carencia de definición de objetivos y de justificación de las medidas a adoptar, siendo esta la tónica general con la que nos encontramos, que se traduce en una evidente inseguridad jurídica para los ciudadanos”, apunta Pilar Martínez Abogados.
“Nada se dice tampoco en la eufórica comunicación de la aprobación de los planes sobre la realidad que encierra para los territorios a los que afecta, en cuanto constituye la consolidación de un régimen de restricción de usos, limitaciones, prohibiciones y dificultades para cualquier actividad que pretenda desarrollarse en el 28% de la superficie de Aragón, afectando a derechos individuales, a la autonomía de ayuntamientos y otras entidades locales, al uso urbanístico, agrícola, ganadero, turístico, silvícola de esos territorios”, prosigue la letrada.
Pilar Martínez también alude a que “ni siquiera se ha comentado si las normas que aprueban estos centenares de planes incorporan verdaderas memorias económicas y no propuestas formales o retóricas de memoria económica, como es habitual”. Desde el despacho aseguran que “hace años que venimos propugnando que el principio de cofinanciación de los costes de la conservación, que señala el Art. 8 de la Directiva Hábitats, debe acoger, en primer y principal lugar entre esos costes, el de indemnizar a aquellos que contribuyen con su propio patrimonio, cuyo uso se les restringe, a la protección del interés público de la conservación. Lamentablemente, solo se consideran costes de conservación, las subvenciones, pagos, ayudas y entregas de dinero, que demanda el mundo conservacionista, a quien luego nadie pide cuentas, ni de la eficacia y realidad de sus propuestas y actividades, ni de su aportación real a la conservación”.
La letrada finaliza: “Esperamos con interés las publicaciones de estos planes. La declaración de ZEC y la aprobación de estos centenares de planes de gestión suponen la ejecución del último trámite del proceso de implantación Red Natura en Aragón y, por ello, la consumación del perjuicio derivado de dicha implantación. En consecuencia, recordamos que, además de abrirse el plazo de 2 meses, desde la publicación en el Diario Oficial de Aragón de la Disposición administrativa, probablemente un Decreto, que contenga dichos planes, para la reclamación en vía contenciosa frente a la misma; también desde dicha publicación se abre el plazo de 1 año para exigir las pertinentes responsabilidades patrimoniales, por las afecciones, que de tales disposiciones deriven y no sean compensadas o indemnizadas. Habrá que estar atentos al Diario Oficial y al contenido concreto de estas normas”.