En 2015, la sociedad pública creada para colocar los activos de la Expo, Expo Zaragoza Empresarial, S. A., se endeudó hasta los 114 millones de euros. Su acreedor es el Gobierno de Aragón que, a su vez, es su máximo accionista y principal cliente. Así es el rompecabezas que dibuja la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización de esta empresa de 2015.
El endeudamiento, apunta el informe, está motivado por la reestructuración de la deuda que la sociedad realizó a finales del ejercicio 2015, mediante la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda bancaria y su sustitución por deuda con el Gobierno de Aragón y con Corporación Empresarial Pública de Aragón, S. L. U. (sociedad participada al 100 % por la Administración autonómica).
Hay que recordar que Expo Zaragoza Empresarial se creó en marzo de 2009, y, tal y como se explica en su propia web, se marcaron “como fecha objetivo el mes de diciembre de 2010 para reacondicionar los espacios públicos y transformar los edificios en un Parque Empresarial de última generación”. A finales de 2015, de la “infraestructura, que es la totalidad del parque empresarial de la Expo, y que representa una superficie bruta construida de 181.134 metros cuadrados, se encuentran disponibles 85.645”.
Para tratar de cumplir su propósito, se realizó una ampliación de capital de 240 millones de euros (80,5 % aportado por el Estado, 17 % por el Gobierno de Aragón y 2,5 % por el Consistorio de la capital aragonesa). Solo ocho meses más tarde, en noviembre de 2009, se llevó a cabo una nueva ampliación, en este caso de 32 millones de euros, desembolsada íntegramente por el Estado.
En marzo de 2010, el Consejo de Ministros acuerda la transmisión de las acciones del Estado al Gobierno de Aragón. En la actualidad, la Corporación Empresarial Pública de Aragón (es decir, el Gobierno autonómico) tiene el 97,91 % de las acciones y el Ayuntamiento de Zaragoza el 2,09 %.
También su principal cliente
Uno de las razones que esgrime la Cámara de Cuentas para explicar el endeudamiento es el estancamiento de la actividad inmobiliaria. Lo paradójico es que el principal cliente también es el Gobierno autónomo. El 50 % de los contratos de arrendamiento, dice el informe, “se celebraron con la comunidad autónoma y con los entes que de ella dependen”.
Estos alquileres, continúa, “representaron el 96 % de los ingresos por los servicios de alquiler y generaron unos ingresos de 10 millones de euros”. Evidentemente, concluyen, “se pone de manifiesto la elevada dependencia que la sociedad tiene de las administraciones públicas”.
319 millones de coste. 32 de ingresos
El texto hecho público por la Cámara de Cuentas cuantifica el coste inicial de las instalaciones que fueron sede de la Expo de 2008, y que fueron transferidas a la comunidad autónoma, en 197 millones de euros. A esto hay que sumarle que las inversiones realizadas para la reconversión de dichas instalaciones ascienden a 122 millones de euros.
Por el contrario, el importe de las ventas llegó a los 32 millones. El valor contable de la infraestructura asociada al negocio de la sociedad ascendía a finales de 2015 a 286 millones de euros.