El consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico obligará por ley a que “las viviendas de entidades financieras que procedan de desahucios y estén desocupadas, se destinen a unidades familiares que necesiten una vivienda social”.
Soro (único consejero de Chunta Aragonesista en el Gobierno autónomo) desveló esta información en el Foro de la Vivienda. El mandato se hará efectivo mediante un Decreto Ley de Emergencia Social en el que, además, se incluirán medidas concretas “como paralizar los lanzamientos hasta que la Administración dé una solución habitacional”. Algo que, como recordó el consejero, ya se está haciendo en estos momentos para evitar “que ninguna familia se quede en la calle”.
Otra de las medidas será la creación de un Fondo Social de Vivienda de Aragón en el que se integrarán todas las viviendas disponibles provenientes de administraciones, entidades financieras, Sareb, inmobiliarias, personas físicas y jurídicas. Por añadidura, se creará una lista de demandantes de vivienda.
Se hará también un registro de viviendas desocupadas provenientes de los desahucios y daciones en pago de las entidades bancarias para que se integren en la bolsa de vivienda social. Por último, serán articuladas una serie de variaciones en los requisitos para acceder a esta bolsa de vivienda. En la actualidad, explican desde el Ejecutivo, la bolsa se configura como subvención, y no pueden recibir subvenciones quienes tengan deudas con la Seguridad Social, Hacienda o la Comunidad autónoma. Este extremo, dijo Soro, se modificará a través de la Ley de Presupuestos.