Los desahucios programados para el actual mes de julio, que llegaron a oídos del Ayuntamiento de Zaragoza (18 en este caso), fueron paralizados. Esto no quiere decir, explica el concejal de Vivienda, Pablo Hijar, que se hayan evitado todos, ya que hay algunos que ellos no detectan. Este punto, comenta, es uno de los que debe mejorar: “Queremos tener una información veraz”.
El Gobierno municipal tiene conocimiento de estos lanzamientos gracias a plataformas como Stop Desahucios, trabajadores sociales o, directamente, porque las familias van al Consistorio.
En cinco de los 18, la solución habitacional la proporcionó el Gobierno de Aragón, merced al Convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, firmado en junio de 2013 por el propio Ejecutivo autónomo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
En otros seis casos (de familias que no entraban dentro de los criterios de vulnerabilidad del citado convenio) fue Zaragoza Vivienda, es decir, el propio Consistorio, el que dispuso una alternativa. En los siete desalojos restantes se llegaron a diferentes acuerdos, en general, alquileres sociales y paralizaciones temporales en los juzgados.
En ninguno de ellos se vivió la desagradable situación de parapetarse en la propia casa, repitiendo imágenes que tantas veces se han visto en los últimos años. Hijar asegura que ellos no pueden decir que vayan a parar todos los desahucios, pero que no van a permitir que haya ningún “desalojo forzoso de una familia, con una comisión judicial e intervención de la Policía”.
Los trámites para evitar el desahucio
En la actualidad, y es algo que esperan que mejore con la recién estrenada Oficina Municipal de Vivienda, el Ayuntamiento de Zaragoza informa a todos los que lo requieren de cómo deben efectuar la solicitud ante el juez para adherirse al convenio. Una vez formulada la propuesta, el magistrado traslada el expediente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y es allí donde se decide si “es vulnerable o no, y si es viviendable o no”. Se dan casos, recuerda Hijar, de familias con informe de vulnerabilidad, pero que, por distintos criterios, no tienen derecho a una solución habitacional.
El objetivo del concejal es que estos baremos cambien, ya que, ahora mismo, “la herramienta del Gobierno de Aragón deja fuera a muchas personas”. Hoy se reunirá con la directora general de Vivienda del Gobierno autonómico, Mayte Andreu, para tratar este y otros asuntos.
La Oficina Municipal de Vivienda de Zaragoza
Pablo Hijar y la consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, presentaron ayer la Oficina Municipal de Vivienda de Zaragoza, que se ocupará de prevenir y atender situaciones de emergencia habitacional en la capital aragonesa, gracias a la información, el asesoramiento y el apoyo a unidades familiares en peligro de perder su vivienda habitual.
La oficina, que Broto calificó como “una parte fundamental del plan de emergencia social y ciudadana de Zaragoza en Común”, tendrá una dotación presupuestaria de 600.000 euros. Recordó, además, que en el Pleno del lunes se aprobó una modificación de crédito para suplementar con 2 millones de euros las ayudas de urgencia.
Una destacada noticia que fue soterrada por la sonora polémica en torno al cambio de denominación del pabellón.