La asociación Jaca sin Perder el Norte se opone desde hace dos décadas a la variante que unirá en esta localidad oscense las todavía inacabadas autovía A-21, la Autovía del Pirineo, y A-23, la Mudéjar, y está dispuesta a llegar a los tribunales europeos. No descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la declaración de impacto ambiental de este tramo ha perdido validez. Fue elaborado hace 20 años, al tiempo que la entidad daba sus primeros pasos. También mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el ministerio de Fomento y Transición Ecológica en el mismo sentido.
La variante de Jaca tiene consignados en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado 100.000 euros, insuficientes para el inicio de unas obras con un presupuesto de 114 millones. El abogado de la asociación, Jaime Doreste, achaca esta baja cantidad a una “cuestión social” y a la “falta de convencimiento” acerca de la viabilidad del proyecto. Jaca sin Perder el Norte presentó en 2015 un recurso desestimado por la Audiencia Nacional; posteriormente, se interpuso un recurso de casación que fue inadmitido a trámite. La ley 21/2013 de impacto ambiental consignaba la automática pérdida de vigencia de este tipo de declaraciones a los seis años de entrar en vigor.
Otro de los argumentos que se esgrimen es el de la renuncia de Francia de unir ambos países a través de una autovía
A principios de 2020 se reclamó al ministerio la pérdida de eficacia de validez de la declaración de impacto ambiental. El abogado argumenta que desde 2001 han cambiado muchos condicionantes: delimitación de espacios protegidos, de planificación y protección de especies en peligro de extinción, en el propio crecimiento urbano de Jaca. Otro de los argumentos que se esgrimen es el de la renuncia de Francia de unir ambos países a través de una autovía. Ante la falta de contestación del ministerio de Fomento, se interpuso un nuevo procedimiento ahora en tramitación.
La presidenta de la asociación, Margarita Langa, asegura: “no queremos perjudicar a nadie, ni a los vecinos del sur de Jaca ni a los del norte, sólo pedimos justicia, empatía y honestidad”. El recurso está relacionado con la defensa del medio ambiente del valle del río Aragón por su especial protección paisajística, agrícola y ganadera como parte integrante del Pirineo aragonés y del barrio Norte de la ciudad de Jaca, por las permanentes afecciones que derivarían de la construcción del corredor que unirá la A-21 y la A-23. La asociación defiende su trabajo “por una ciudad bien comunicada por la zona con menos afecciones, defendiendo el Pirineo y fomentando el ferrocarril como alternativa al transporte por carretera”.
Se trata para de “reducir los impactos medioambientales sobre el valle del Aragón y la población de Jaca, por la construcción de redes viarias de alta capacidad que requieren inversiones costosas y el uso de recursos naturales irreemplazables”. Mercedes Durán lamenta que no se hayan considerado otras alternativas, “suponiendo que la unión de las autovías A-21 y A-23 deba realizarse por una autovía y no con una circunvalación adecuada”.
Una autovía que corta la ciudad
Según el estudio realizado por la asociación, el número de vehículos diarios que justifican una autovía asciende a 6.000, y son 2.800 lo máximo contabilizado incluyendo los días punta. “Una autovía que corta la ciudad por el norte supone condenarla a una contaminación y un ruido extraordinarios, sustituye las corrientes de aire limpio del Pirineo por una constante acumulación de gases producidos por la combustión de los vehículos”.
Como consecuencia, “la calidad de vida de la población se vería seriamente afectada, no pudiendo descartarse que a medio plazo quedara afectada la esperanza de vida -de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, seis millones de personas mueren al año en el mundo, y 10.000, en España, a causa de la contaminación del aire-”.
Según un estudio de la Universidad de Pau (Francia) sobre las consecuencias del tráfico rodado en el anexo valle del Aspe, la zona está expuesta a la inversión térmica, que favorece la acumulación de gases procedentes del tráfico rodado en el fondo del valle. Además, el valle del Aragón tiene su actividad agrícola y ganadera tradicionales; existe un equilibrio entre la actividad humana y las especies animales y vegetales. “Es más que cuestionable que los intereses económicos de ciertos sectores deban imponerse, arrogándose el título de interés general, sobre criterios más amplios, y refrendados cada vez con más frecuencia en sentencias judiciales que priman la defensa del medio ambiente como motor de desarrollo”, señala la entidad.
Piden invertir esas “sumas considerables de dinero en sanidad, con la realidad que nos ha tocado vivir”. Las personas que viven en la zona norte “mucho antes de que se diseñara el paso de esta variante, están en su legítimo derecho de manifestar su oposición con todos los procedimientos legales que sean posibles”. Con “sentido de la responsabilidad”, abogan por frenar el daño medioambiental.
A causa de la pandemia, cobran importancia las evidencias científicas que apuntan a la estrecha relación entre la salud del planeta y la humana
“A causa de la pandemia, cobran importancia las evidencias científicas que apuntan a la estrecha relación entre la salud del planeta y la humana. Hemos colonizado más ecosistemas de los debidos y sufrimos las consecuencias. No podemos seguir con lo mismo ni por inercia. Si dañamos a la vida nos dañamos a nosotros. ¿Alguien puede calcular a largo plazo el daño medio ambiental causado por una gran infraestructura y el beneficio obtenido?”, concluye Mercedes Durán.
La asociación se define como un equipo “entusiasta y lleno de energía que se reúne regularmente para elaborar estrategias y presentar un trazado alternativo y mientras tanto se propone una moratoria antes de comenzar las obras”. Aseguran que no están ni en contra de las autovías ni del “progreso y el desarrollo”; tampoco de la autovía entre Jaca y Sabiñánigo, sino de una variante “por la que circularían más de 10.000 vehículos diarios”. Se lleva años denunciando “la fragmentación de toda la zona norte de Jaca, la contaminación acústica, la polución atmosférica y el impacto visual directo a todas las construcciones ya existentes” y se reivindica un replanteamiento del actual trazado que implique la apertura de un debate de participación ciudadana.