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Se han cumplido ya 30 años desde aquel aciago día en el que se anunció públicamente la intención de construir el llamado pantano de Biscarrués, amenazando el mantenimiento ecológico del único tramo del río Gállego que quedaba sin regular entre los embalses de La Peña y Ardisa, y poniendo en grave riesgo la supervivencia de las poblaciones ribereñas, que empezaban entonces a desarrollar la que, años después, se convertiría en la pieza clave de su desarrollo social y económico.
Cuando aquel 16 de febrero de 1987 la Confederación Hidrográfica del Ebro anunció su realización, nadie podía prever que 30 años después, el proyecto siguiese siendo eso, un proyecto sin fecha de realización; ni mucho menos, que los habitantes de la Galliguera se mantendrían movilizados durante tanto tiempo, sosteniendo una dura lucha administrativa y política que no tiene visos de acabar mientras se mantenga la amenaza y en la que, en los últimos años, también se ha involucrado una Unión Europea que ha puesto en duda muy seriamente la adecuación del proyecto a la legislación europea vigente.
Lo extraño es que, ante los relevantes datos que imposibilitan su construcción, haya quien siga empeñado en gastar dinero público en nuevos anteproyectos y proyectos que solo alimentan la economía de los despachos de empresas afines a la Confederación y a Riegos del Alto Aragón, auténticas beneficiarias de la situación que ellas mismas, con su empecinamiento y su falta de capacidad para adaptarse a la realidad, han contribuido a crear.
El río Gállego sufre uno de los episodios de contaminación más graves de Europa, ahí es nada, y sus aguas, perfectamente válidas para actividades deportivas y naturales, sufren variaciones en los contenidos de Lindano y metales pesados que las hacen, cuando menos, desaconsejables para usos agrícolas, mientras no se solucionen los graves problemas ligados a los vertederos de la zona de Samianigo.
A pesar de esto, el Proyecto de Pantano de Biscarrués, que suma en su nueva revisión otros 1,2 millones de euros, alcanza ya un coste en torno a 5 millones en total, entre proyectos, modificados, tramitaciones, estudios e informes, sin contar los costes legales que el desarrollo de este asunto tendrá en las arcas públicas, a pesar de que nada se ha avanzado desde su anuncio. Nada mal para un “proyecto urgente y necesario”, tal y como se definía en 1987.
Con todo, lo más lamentable tiene que ver con lo social, como siempre que estos despilfarros de dinero público se producen en nuestro país. Dos caras de una misma moneda que se han visto enfrentadas por intereses particulares y empresariales que poco o nada tienen que ver con la agricultura y el desarrollo rural, y si con el hormigón y la generación de energía eléctrica, además de con empeños personales de quienes pretenden ejercer un poder político y social que no les corresponde.
De un lado, están los regantes expectantes, (curioso término este, como si la voluntad de tener algo pudiese convertirse en derecho adquirido a través del uso del lenguaje y el paso del tiempo), que esperan agua para sus riegos desde hace ya 30 años, y a los que se les oculta el hecho de que existen al menos 6 alternativas viables a la construcción del embalse, y que cualquiera de ellas podría llevar ya funcionando 15 años.
Del otro, los habitantes de la Galliguera, que en estos años han puesto en pie, por cierto sin grandes ayudas públicas, una industria turística en torno al río Gállego haciendo renacer a una comarca que ha sufrido como pocas las consecuencias de las malas planificaciones administrativas y el desdén de las instituciones. Muchas han sido y son las personas de valía que han destinado años de su vida en la lucha contra esta aberración social y medioambiental. Qué esfuerzo tan innecesario de haber imperado la razón, aunque haya servido para unir de por vida a muchos habitantes de todas las poblaciones afectadas.
Llegará el día, no nos cabe duda, en que el pantano de Biscarrués se desestimará definitivamente, y los habitantes de la Galliguera recibirán una de las alegrías más importante de su vida. Ese día quizás tengamos que comenzar otra, la que reclame el derecho de los agricultores del llano a desarrollar sus pueblos sin la necesidad de vaciar la montaña. Porque quienes tantos sueños pusieron en este disparatado proyecto, nunca han sido nuestros enemigos. Son víctimas, igual que nosotros.
Se han cumplido ya 30 años desde aquel aciago día en el que se anunció públicamente la intención de construir el llamado pantano de Biscarrués, amenazando el mantenimiento ecológico del único tramo del río Gállego que quedaba sin regular entre los embalses de La Peña y Ardisa, y poniendo en grave riesgo la supervivencia de las poblaciones ribereñas, que empezaban entonces a desarrollar la que, años después, se convertiría en la pieza clave de su desarrollo social y económico.
Cuando aquel 16 de febrero de 1987 la Confederación Hidrográfica del Ebro anunció su realización, nadie podía prever que 30 años después, el proyecto siguiese siendo eso, un proyecto sin fecha de realización; ni mucho menos, que los habitantes de la Galliguera se mantendrían movilizados durante tanto tiempo, sosteniendo una dura lucha administrativa y política que no tiene visos de acabar mientras se mantenga la amenaza y en la que, en los últimos años, también se ha involucrado una Unión Europea que ha puesto en duda muy seriamente la adecuación del proyecto a la legislación europea vigente.