Más cerca de una vecindad digital aragonesa

Se acaba de aprobar la Ley de simplificación administrativa en las Cortes de Aragón. Entre las medidas que incluye merece la pena destacar la relativa a la utilización de la tecnología de registro distribuido, popularmente conocida como el «blockchain», en y ante la Administración. Se trata de una regulación vanguardista en este punto, de la que no se conocen antecedentes, que aporta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos muy innovadores en nuestra Comunidad, como puede ser el desarrollo de un sistema que permita tener bajo control la gestión digital de nuestros datos personales. En inglés lo llaman Self Sovereign Identity (identidad autosoberana). Y en Aragón, anticipa la configuración de un régimen que jurídicamente podría singularizar nuestra «vecindad digital aragonesa». Bien por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que han sabido transaccionar los preceptos de la Ley que se referían al blockchain y han materializado esta oportunidad de progreso.

La nueva Ley abre la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para la gestión ante la Administración pública de algunos atributos de identidad. Para utilizar los que se refieren a la identificación de las personas (el nombre y apellidos y su número de DNI, o la denominación o razón social para las empresas y otras personas jurídicas) todavía habrá que esperar un poco, ya que la legislación estatal lo prohíbe de momento. Pero la norma aragonesa abre la posibilidad de utilizar blockchain para acreditar el resto de atributos de nuestra identidad que compartimos con la Administración en formato digital. Por ejemplo, nuestro número de cuenta bancaria para cobrar una subvención o un contratos públicos, nuestro teléfono o email en el que recibir comunicaciones, nuestra edad, si fuera requisito necesario para obtener una determinada autorización, nuestra dirección postal, nuestra condición de miembro de una familia numerosa para acceder a una subvención, y tantos y tantos otros atributos que conforman nuestra identidad. Todo con las máximas garantías de veracidad para la Administración, y de seguridad para los ciudadanos de que esa información no será utilizada para fines diferentes. Y se hará en Aragón antes que en ningún otro lugar del territorio nacional.

La ley de simplificación administrativa aprobada no se queda solo en la admisión del blockchain en el ámbito de la gestión de la identidad digital. Admitirá su utilización, con carácter general «para asegurar la aportación, acreditación e integridad de los datos y documentos en cualquier expediente, procedimiento o registro», «con plena validez legal para la tramitación administrativa automatizada». Con ello se podrán imitar, con plenas garantías jurídicas, proyectos como el que funciona en la Comunidad Autónoma desde 2018 para el registro de las ofertas que se presentan en los contratos públicos –y sobre el que el año pasado el World Economic Forum concluía su idoneidad para luchar contra la corrupción-.

En el horizonte del Covid se vislumbran grandes oportunidades para nuestra Comunidad Autónoma.

Se acaba de aprobar la Ley de simplificación administrativa en las Cortes de Aragón. Entre las medidas que incluye merece la pena destacar la relativa a la utilización de la tecnología de registro distribuido, popularmente conocida como el «blockchain», en y ante la Administración. Se trata de una regulación vanguardista en este punto, de la que no se conocen antecedentes, que aporta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos muy innovadores en nuestra Comunidad, como puede ser el desarrollo de un sistema que permita tener bajo control la gestión digital de nuestros datos personales. En inglés lo llaman Self Sovereign Identity (identidad autosoberana). Y en Aragón, anticipa la configuración de un régimen que jurídicamente podría singularizar nuestra «vecindad digital aragonesa». Bien por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que han sabido transaccionar los preceptos de la Ley que se referían al blockchain y han materializado esta oportunidad de progreso.

La nueva Ley abre la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para la gestión ante la Administración pública de algunos atributos de identidad. Para utilizar los que se refieren a la identificación de las personas (el nombre y apellidos y su número de DNI, o la denominación o razón social para las empresas y otras personas jurídicas) todavía habrá que esperar un poco, ya que la legislación estatal lo prohíbe de momento. Pero la norma aragonesa abre la posibilidad de utilizar blockchain para acreditar el resto de atributos de nuestra identidad que compartimos con la Administración en formato digital. Por ejemplo, nuestro número de cuenta bancaria para cobrar una subvención o un contratos públicos, nuestro teléfono o email en el que recibir comunicaciones, nuestra edad, si fuera requisito necesario para obtener una determinada autorización, nuestra dirección postal, nuestra condición de miembro de una familia numerosa para acceder a una subvención, y tantos y tantos otros atributos que conforman nuestra identidad. Todo con las máximas garantías de veracidad para la Administración, y de seguridad para los ciudadanos de que esa información no será utilizada para fines diferentes. Y se hará en Aragón antes que en ningún otro lugar del territorio nacional.