Deshojando el presupuesto

Uno de los aspectos más relevantes en el transcurso del año de nuestras instituciones políticas es la negociación de los presupuestos. Y la negociación de este año está siendo particularmente ardua y compleja y todavía no tenemos ni siquiera presentado el Proyecto de Presupuestos.

El presupuesto de la comunidad viene enmarcado por un “techo” de gasto presupuestario que, aquí y ahora, impone el Ministerio de Hacienda al estar nuestra comunidad intervenida a raíz del cambio constitucional (artículo 135) que acordaron PSOE y PP, en el que se establece prioridad absoluta en los presupuestos del Estado al pago de la deuda, como consecuencia de no haber cumplido con los déficits presupuestarios impuestos en 2015 (presupuestos del Gobierno del PP de Rudi) y la morosidad en el pago de nuestras deudas.

Una de las peculiares características de nuestro sistema de gobierno es que una vez aprobado el presupuesto anual por parte de las Cortes de Aragón, el Gobierno autonómico dispone de no pocos medios para cambiar a su antojo el destino de partes importantes de los fondos autorizados. Así, el presupuesto nacido tras el debate y votación en el máximo órgano de representación democrática de la comunidad puede convertirse, como ha sucedido en 2016 por métodos nada democráticos, en otro presupuesto.

El presupuesto de la comunidad está compuesto por diversos capítulos de ingresos y gastos en cada uno de sus departamentos, entidades autónomas y empresas públicas. Un buen método para conocer las intenciones políticas de quien ha gestionado el presupuesto es analizar lo que ha sucedido en los dos capítulos de gasto que recogen las partidas presupuestarias de compras, inversiones en infraestructuras y tecnologías y contrataciones con empresas ajenas; estos son el capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios) y el capítulo 6 (inversiones reales).

Hace unos días, la Intervención General de la Comunidad publicó su informe sobre la “liquidación provisional de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2016” (extracción de datos a fecha 8 de Febrero de 2017) y de ahí extraemos nuestros datos.

Los créditos iniciales autorizados por las Cortes se han ido modificando a lo largo del año en todos los departamentos, y llama la atención el incremento global en el Capítulo 2 de casi 270 millones de euros (casi un 34%).

Pero este incremento no ha sido homogéneo; sobre todo, han visto aumentados sus créditos el Departamento de Hacienda (un 297 % más pasando de casi 9 millones a más de 26) y la Empresa Pública Aragonesa Telemática (un 3.200 % más; de 500 mil euros a más de 17 millones); también el Servicio Aragonés de Salud se beneficiaba con un aumento de un 61 % (de casi 413 millones a 665). Pero, mientras tanto, han perdido volumen presupuestario el Consejo Consultivo de Aragón, el Consejo Económico y Social, las áreas de Presidencia, Ciudadanía y Derechos Sociales, Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Sanidad, Innovación, Investigación y Universidad, Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de la Mujer y el Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias. Suman cerca de 17 millones de euros menos, siendo los porcentajes de pérdidas más llamativos los de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (21 % menos) y el de Innovación, Investigación y Universidad (un 58 % menos), una curiosa forma de apoyar estos sectores.

Otro tanto sucede con el Capítulo 6 (inversiones reales) si bien aquí las diferencias entre el crédito inicial y el definitivo suponen una pérdida de más de 5 millones de euros; destacamos una disminución del 22 % en Presidencia (800.000 euros menos), de 1.400.000 en Vertebración del Territorio, y de más de 2,6 millones en Educación. En cambio se incrementa el 72 % para Ciudadanía y Derechos Sociales (¡pero que solo suponen 3.600 euros!), un 48% para el Instituto Aragonés de Empleo (200.000 euros) y un 80 % para el Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (2 millones de euros).

Muchas marrullerías ha utilizado el Gobierno aragonés para transformar de esta guisa lo votado en las Cortes. Desde el puro y llano incumplimiento de 9 de los 10 acuerdos llegados con Podemos para el voto de investidura, hasta la nula ejecución de numerosas enmiendas aprobadas en Cortes (como por ejemplo 10 de las 11 enmiendas de Podemos en materia de Sanidad); la utilización de mecanismos administrativos (como la Unidad de Control de la Gestión Pública) para el entorpecimiento antidemocrático de las decisiones tomadas en las Cortes y en las propias consejerías; la orden de cierre del presupuesto en agosto, o la negociación de cambios presupuestarios con el PP a espaldas de Podemos tan solo 4 meses después de haber firmado el acuerdo de investidura…

No en vano, tenemos como consejero de Hacienda a un famoso tahúr de las cuentas públicas bien arropado por el conocido fan de la trianera.

Si han tenido el cuajo de leerse estas pesadas líneas, quizá entenderán mejor la enmarañada y dilatada negociación que viene teniendo Podemos con el Gobierno aragonés. Negociar con quienes llevan treinta años instalados en las instituciones y han demostrado ser tan taimados no es cosa sencilla.

Y si todo ya parece un poco surrealista (o “friki”, que se dice ahora), todavía lo es más lo que hizo hace unos días el PP aragonés, votando en contra de un techo presupuestario impuesto por su colega austericida el señor Montoro, tras el acuerdo PSOE-PP por el que lo convirtieron en obligación constitucional. Aunque si no les sale también le echarán la culpa a Podemos.

Ah! Por si lee esto el twitero faltón: yo soy el del sombrero.

Uno de los aspectos más relevantes en el transcurso del año de nuestras instituciones políticas es la negociación de los presupuestos. Y la negociación de este año está siendo particularmente ardua y compleja y todavía no tenemos ni siquiera presentado el Proyecto de Presupuestos.

El presupuesto de la comunidad viene enmarcado por un “techo” de gasto presupuestario que, aquí y ahora, impone el Ministerio de Hacienda al estar nuestra comunidad intervenida a raíz del cambio constitucional (artículo 135) que acordaron PSOE y PP, en el que se establece prioridad absoluta en los presupuestos del Estado al pago de la deuda, como consecuencia de no haber cumplido con los déficits presupuestarios impuestos en 2015 (presupuestos del Gobierno del PP de Rudi) y la morosidad en el pago de nuestras deudas.