Las nuevas constituciones

Desde la Transición, España ha visto nacer dos constituciones que han marcado su desarrollo y la vida de los habitantes de este Estado: la Española, para cuya elaboración se contó con todas las fuerzas políticas significativas del momento, y la Europea. Ambas ratificadas con sendos referéndums para asegurar su carácter democrático. Pues en un Estado de Derecho las normas que marcan nuestras vidas, los caminos que dibujamos como comunidad, las elegimos aquellas personas que las hemos de seguir. Y, llegado el momento, planteamos su renovación cuando estas normas ya no nos representan y nos oprimen más allá de marcar la convivencia. De eso va la democracia.

Ahora van a llegar dos nuevas constituciones, dos constituciones que marcarán nuestra vida más allá de las propias, dos constituciones cuya circunscripción llega hasta el otro lado del Atlántico. Estamos hablando del TTIP y del CETA, la culminación de la lex mercatoria, la ley del mercado, que de ley que describe el funcionamiento de algunos sistemas económicos va a pasar a constitución internacional que gobernará para gran parte de Occidente. Ignorando compromisos anteriores de estas naciones, como los adquiridos con la Declaración Universal de Derechos Humanos o los compromisos adquiridos con el Medio Ambiente, estos tratados serían la armadura legal del capitalismo global que ahora contaría con su propio sistema burocrático con el que imponerse a los estados, ya no tan soberanos.

Si bien su primera descripción no es para nada alarmante, un beneficioso tratado de libre comercio, el secretismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones y las filtraciones que algunas organizaciones nos han facilitado, pueden ponernos los pelos de punta. Y nos indignan bastante, ya que bajo el precepto de la libertad de mercado dejan fuera de la negociación a la mayor parte de los afectados, ya no como parte activa de la misma, si no como simples espectadores que pudieran ejercer voz o, qué igualitario y libre sería, voto. Y es que no se puede defender que se está aportando libertad o riqueza para las naciones cuando los negociadores son los propios representantes de los monopolios y multinacionales y para vergüenza propia y ajena se dice que se incluye a la sociedad civil por haber incluido directamente a lobbies.

Estas constituciones del poder económico supondrían una limitación de la soberanía de los poderes públicos. Se llegaría a restringir incluso la capacidad de los municipios para recuperar servicios, más allá aún de los impedimentos de la actual Ley Montoro, convirtiendo la democracia local en simple tecnocracia y las elecciones municipales en la selección de burócratas en vez de representantes. También supone un gigantesco agravio a la economía alimentaria, especialmente a la de zonas rurales, con la eliminación de las denominaciones de origen tal y como las conocemos, además de suponer un peligro de salud pública al aceptar tratamientos prohibidos en Europa para nuestra comida.

Por hacernos una idea, en lo que a mi provincia le atañe, en Teruel tenemos exportaciones del sector agroalimentario por valor de 14,7 millones de euros anuales que se reducirían drásticamente con la rebaja de estándares de calidad y la barra libre que se ofrecería a las multinacionales. O si lo preferimos valorar en puestos de trabajo, tan solo la Denominación de Origen “Jamón de Teruel” genera más de dos mil puestos de trabajo que perderíamos y a los que habríamos que sumar los correspondientes a la Denominación de Origen del “Melocotón de Calanda”, el “Aceite del Bajo Aragón” o la futura dedicada a la “Trufa Negra de Teruel”.

Por todo ello, desde Podemos, y especialmente desde la rural provincia de Teruel, nos sumamos a la semana de movilizaciones contra el TTIP promovida por la Plataforma “No al TTIP” que agrupa a numerosos sindicatos, a fuerzas políticas, a organizaciones sociales, a federaciones de consumidores, asociaciones vecinales, organizaciones feministas y, desde luego, los veintisiete municipios españoles que, a día de hoy, ya se han declarado opuestos al TTIP, mediante mociones en sus respectivos plenos municipales.

Desde la Transición, España ha visto nacer dos constituciones que han marcado su desarrollo y la vida de los habitantes de este Estado: la Española, para cuya elaboración se contó con todas las fuerzas políticas significativas del momento, y la Europea. Ambas ratificadas con sendos referéndums para asegurar su carácter democrático. Pues en un Estado de Derecho las normas que marcan nuestras vidas, los caminos que dibujamos como comunidad, las elegimos aquellas personas que las hemos de seguir. Y, llegado el momento, planteamos su renovación cuando estas normas ya no nos representan y nos oprimen más allá de marcar la convivencia. De eso va la democracia.

Ahora van a llegar dos nuevas constituciones, dos constituciones que marcarán nuestra vida más allá de las propias, dos constituciones cuya circunscripción llega hasta el otro lado del Atlántico. Estamos hablando del TTIP y del CETA, la culminación de la lex mercatoria, la ley del mercado, que de ley que describe el funcionamiento de algunos sistemas económicos va a pasar a constitución internacional que gobernará para gran parte de Occidente. Ignorando compromisos anteriores de estas naciones, como los adquiridos con la Declaración Universal de Derechos Humanos o los compromisos adquiridos con el Medio Ambiente, estos tratados serían la armadura legal del capitalismo global que ahora contaría con su propio sistema burocrático con el que imponerse a los estados, ya no tan soberanos.