La única autoridad soy yo

En primer lugar, quiero aclarar que el título de este artículo no sólo es broma, es que además es mentira. Que nadie se asuste que no me ha poseído el fantasma susanista de los comités federales pasados. Este artículo va de ardorosos debates burocráticos, sí, pero justo al revés.

En segundo lugar, quiero constatar que, cuando uno forma parte de una organización, a veces pasa que uno no está de acuerdo con algunas decisiones que se toman. Eso es legítimo y está muy bien, pero que uno no esté de acuerdo no significa que el partido esté amañado o que el árbitro tenga la culpa (a veces sí, a veces no). Que uno no esté de acuerdo no implica automáticamente que existan defectos democráticos en el proceso de decisión (a veces sí, a veces no).

Por hablar de procesos concretos, refirámosnos al caso de las asambleas territoriales que están teniendo lugar estos días en Andalucía, Extremadura, Aragón y Madrid, así como en 12 municipios de más de 100.000 habitantes.

Primero la Secretaría de Organización (elegida por un Consejo Ciudadano Estatal elegido en primarias a propuesta de un Secretario General elegido también en primarias) propone un esquema de proceso conjunto al Consejo de Coordinación de PODEMOS (también llamado Mesa Ciudadana y elegida del mismo modo que se describe en el paréntesis previo).

En este esquema se plantean sólo tres puntos que han de ser homogéneos en todos los territorios y en los 12 municipios: la fecha en la que se vota, la composición de los comités electorales locales y el sistema de votación. La fecha porque una asamblea implica la movilización de recursos humanos, informáticos y de todo tipo; los comités para garantizar la pluralidad de los mismos y la presencia de las diferentes candidaturas; el sistema de votación para intentar favorecer (en base al conocimiento previo acumulado) el óptimo balance en los Consejos Ciudadanos resultantes entre pluralidad y gobernabilidad.

Se plantea además, que todos los demás puntos del reglamento de las asambleas son modificables a propuesta de los territorios y siempre que la propuesta no contravenga los estatutos (aprobados también en votación abierta a todos los inscritos).

No sin debate, la Mesa Ciudadana aprueba el esquema.

Como es imposible impedir a los equipos de redacción de las diferentes candidaturas que escriban lo que quieran en un documento, se consulta a la Comisión de Garantías (elegida también en primarias para ser el órgano “judicial” de resolución de conflictos) cómo proceder. La Comisión de Garantías contesta que, dada la cantidad y extensión de los documentos, el procedimiento será esperar a saber qué documentos resultan elegidos para luego llevar a cabo los análisis y dictámenes pertinentes.

En el caso de Madrid (el primero en el que se han votado documentos y por tanto el único ejemplo que se puede poner a día de hoy), nos encontramos con un diseño de Comisión de Garantías Autonómica diferente al propuesto en el reglamento marco aprobado por la Mesa Ciudadana y redactado por la Secretaría de Organización en colaboración con los territorios y nos encontramos también con un sistema electoral diferente.

Tras la consulta pertinente, Garantías resuelve que lo primero no reviste problemas pero que lo segundo no es reglamentario.

Esto es lo que ha ocurrido y es perfectamente normal (¡y positivo!) que haya personas que no estén de acuerdo con las decisiones de los órganos competentes y democráticamente electos o incluso con los estatutos vigentes (yo mismo voté en contra de ellos).

Lo que ya es menos productivo y menos positivo es que se ponga en tela de juicio (o incluso se ataque frontalmente) a los mecanismos que nos hemos dado todos y todas y a los órganos y equipos que se están devanando los sesos y matando a trabajar para que todo salga bien y se garantice la legalidad y la igualdad de oportunidades del proceso.

Cuando uno discrepa con una decisión, no tiene uno más razón por deslegitimar los órganos o por acusar a los compañeros que los forman de intereses espurios. De hecho y según mi experiencia, suele tener menos.

Por eso y porque mientras se debate ardorosamente de estas cosas no se habla de otras, desde la Secretaría de Organización, queremos animar a toda la gente maravillosa de PODEMOS en la Comunidad de Madrid, de Extremadura, de Andalucía y de los 12 municipios donde también hay asambleas a debatir y a hacer campaña explicando a los inscritos cuál es el PODEMOS que se quiere construir y qué hoja de ruta se plantea para que tengamos cuanto antes instituciones al servicio de la ciudadanía.

Seamos compañeros, seamos compañeras y dejemos las batallas de estatutos, los debates burocráticos y aquello de “la autoridad soy yo” a otros. Demostremos con hechos que en PODEMOS somos diferentes.

En primer lugar, quiero aclarar que el título de este artículo no sólo es broma, es que además es mentira. Que nadie se asuste que no me ha poseído el fantasma susanista de los comités federales pasados. Este artículo va de ardorosos debates burocráticos, sí, pero justo al revés.

En segundo lugar, quiero constatar que, cuando uno forma parte de una organización, a veces pasa que uno no está de acuerdo con algunas decisiones que se toman. Eso es legítimo y está muy bien, pero que uno no esté de acuerdo no significa que el partido esté amañado o que el árbitro tenga la culpa (a veces sí, a veces no). Que uno no esté de acuerdo no implica automáticamente que existan defectos democráticos en el proceso de decisión (a veces sí, a veces no).