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Por momentos dio la sensación de que podía terminar en un motín pero todo apunta a que, al final, habrá paz con los huertos familiares, también denominados de autoconsumo, que pueden ser uno de los puntos de apoyo para la salida verde a la catástrofe económica y social del coronavirus.
Treinta y siete días después de la aprobación del estado de alarma, las restricciones de la movilidad continúan impidiendo en muchos territorios el acceso de propietarios, arrendatarios o beneficiarios, a los huertos familiares cuando ya apremia el calendario de la siembra, de la plantación y la cosecha en el caso de las producciones más tempranas.
La presión social estaba entrando en ebullición hasta el punto de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, lo trasladó a la reunión de la Conferencia de presidentes del pasado 12 de abril.
El razonamiento era convincente: se deja salir a los ciudadanos a comprar en los supermercados con las debidas precauciones de seguridad y se prohíbe a los que viven en las comunidades rurales, con una baja densidad de población y un distanciamiento garantizado, trabajar en sus hortales.
Desde entonces al menos dos comunidades autónomas, el País Vasco y Extremadura, han abierto la mano. La Ertzaintza y las Policías locales de la primera autorizaron el pasado miércoles el acceso a los huertos familiares “siempre y cuando la movilidad y la estancia se realicen por el tiempo imprescindible, respetando las medidas establecidas por la autoridad sanitaria”. La autorización incluye la recolección y las labores de preparación del terreno, la siembra y la plantación, así como el abono y el riego. La norma precisa que no se permiten ni eventos ni celebraciones en el propio terreno o en las instalaciones asentadas, ya sean o no permanentes.
En Extremadura, la nota informativa oficial de la Delegación del Gobierno, bajo el encabezamiento del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, autoriza y regula el acceso a los huertos de autoconsumo y medidas para el mínimo mantenimiento y cuidado de las parcelas y la prevención de incendios forestales. Puntualiza que los desplazamientos deberán concentrarse en un mismo día y que la permanencia deberá ser la indispensable.
En ambos casos, País Vasco y Extremadura, la Guardia Civil y las Policías autonómica y local podrán solicitar la documentación identificativa/justificativa de la propiedad, arrendamiento o donación.
En esa línea irá la normativa que se va a aprobar en los próximos días en otras comunidades autónomas, entre ellas Aragón, subrayando la prohibición de acceso a los que estén en segundas residencias o en fincas de recreo.
En plena lucha contra el coronavirus, el sentido común dice que los huertos deberán estar en el mismo término municipal donde reside el hortelano, lo más cerca posible de sus domicilios, y que el desplazamiento y la actividad deberán ser individuales.
Este convincente clamor social, que se ha canalizado a través de municipios, asociaciones de hortelanos y redes sociales, tenía su arista en la proliferación en los últimos tiempos de huertos urbanos. En el caso de Zaragoza, en barrios como Garrapinillos, Movera, en la huerta de las Fuentes, junto al Parque Deportivo Ebro, en la Expo, donde las producciones van más adelantadas y algunas cosechas corrían el riesgo de echarse a perder. Huertos parcelados, anexos uno al otro, que generan una movilidad y una cercanía que podía influir negativamente en el todavía incierto control de la pandemia.
Es un ejemplo de cómo los que legislan o aprueban las normas deben pensar permanentemente en las comunidades rurales, en especial en los pequeños municipios por debajo de los mil habitantes, que están haciendo una gran labor horizontal de lucha contra la pandemia.
Es una oportunidad para que los principales poderes del Estado con sede en Madrid miren al mundo rural con otros ojos. Esta catástrofe sanitaria, social y económica, este reset que adivinamos de nuestras vidas, puede ser una buena oportunidad para dar visibilidad a las comunidades pequeñas.
Como afirma la Red Española de Desarrollo Rural, también para relocalizar, para anclar territorialmente la producción y la venta de alimentos frescos y de proximidad que garantizan a los consumidores calidad y seguridad, y minimizan los riesgos.
Junto a las inversiones en movilidad sostenible, en energías renovables y en eficiencia energética, los huertos rurales y los urbanos suman también en la apuesta del Parlamento y de la Comisión Europea por dar una salida en clave verde a la crisis económica provocada por la COVID-19.
Los huertos de autoconsumo conectan con la economía circular, con la movilidad tranquila y con el pensamiento a largo plazo en lugar del aquí y ahora, del ya mismo, del inmediatismo. Son buenos lugares para reconciliarse con los ciclos de la naturaleza y para apasionarse con aquella idea, cuya autoría no sé si fue de San Juan Bautista de la Salle o del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
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