2023: el año en el que el mapa político de Aragón se tiñó de azul

El 2023 trajo un buen número de cambios políticos en Aragón, donde el PP recuperó el Gobierno de Aragón gracias a un acuerdo con la ultraderecha de Vox, que por primera vez consiguió presencia institucional y condicionó la agenda política de los populares. Junto a este significativo cambio se produjo también una cadena de relevos en un buen número de alcaldías, destacando la de la ciudad de Huesca, y de instituciones que tradicionalmente habían sido dirigidas sólidamente por el PSOE, como la diputación altoaragonesa. El nuevo mapa político ha servido además para reforzar el liderazgo en el PP de Jorge Azcón (que ha empleado su nuevo cargo para posicionarse en el foco nacional) y para que el PSOE inicie el relevo de su secretario general, Javier Lambán, quien anunció su intención de dejar el puesto que ostenta desde 2012 y vive su retiro político como senador autonómico mientras continúa mostrando sus reparos a los pactos y decisiones de la dirección de su partido. Si bien el congreso de los socialistas para el relevo se pospondrá hasta finales de 2024 o principios de 2025, la carrera por la sucesión empezará pronto ante la más que probable presentación de más de un candidato.

En apenas cuatro meses de gobierno, las políticas de gestión del Ejecutivo autonómico difieren poco de las del cuatripartito anterior. Sigue la defensa de los proyectos empresariales basados en la logística y los centros de datos, se retoma el proyecto de la unión de estaciones y se han producido las primeras rebajas fiscales si bien hasta el momento no han sido mucho más amplias de las que ya emprendió el gobierno de Lambán con la reducción del impuesto de Sucesiones y que ha continuado Azcón con nuevas modificaciones y la deflación del IRPF.

Sin embargo, el nuevo Gobierno ha iniciado una serie de cambios en los que ya se nota el ideario de la ultraderecha, tanto que hasta Vox no ha tenido reparos en considerar que los primeros presupuestos del nuevo Ejecutivo son perfectamente asumibles por la formación que lidera Santiago Abascal. Los retrocesos empiezan a ser notables: derogación de la ley de la memoria democrática, recortes en cooperación y lucha contra la violencia machista, menosprecio por el patrimonio cultural y lingüístico aragonés o hábitos autoritarios en la Presidencia de las Cortes, dirigida por la diputada de Vox Marta Fernández. Su perfil ultra, al igual que el de dos directores generales del Gobierno de Aragón que en sus redes sociales habían hecho exaltación de la dictadura franquista, fue avalado por el Partido Popular, en virtud de los pactos alcanzados con la formación de extrema derecha. Además de este sesgo ideológico propio del cambio de color político en el Pignatelli, se ha añadido una estrategia política consistente en la encendida defensa de la unidad de la nación española y la continua crítica hacia las políticas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Jorge Azcón se mueve más cómodo en ese terreno de la confrontación y ejerciendo un papel de oposición aunque ahora ejerza responsabilidades de Gobierno. Sin ir más lejos, su presencia ha sido más continua en actos de partido en Madrid por cuestiones de política nacional que en los municipios aragoneses que están bajo su responsabilidad. Muy escasas han sido sus visitas en el territorio mientras que han sido frecuentes sus apariciones en medios nacionales para criticar las políticas de Sánchez. Esta será una tónica constante a lo largo de la legislatura.

El PP defiende los primeros meses de gestión señalando como grandes logros la próxima contratación de médicos para paliar las listas de espera, la modificación del transporte sanitario urgente y la continuación de las rebajas fiscales. Asimismo, aseguran que el nuevo gobierno (que también cuenta con el apoyo del PAR que está presente con cinco direcciones generales) iniciará un cambio en el modelo y las políticas emprendidas por el anterior Ejecutivo. En estos primeros cuatro meses, la defensa del modelo privatizador de la sanidad y la educación también ha estado presente con varias modificaciones de crédito y beneficios fiscales para quien opten por estos modelos. Además, el Gobierno de Aragón, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, han hecho de la reforma del estadio de La Romareda una de sus principales bazas políticas. De este modo, cada una de estas dos instituciones destinarán 40 millones de euros de dinero público para la construcción del estadio, a través de una sociedad mercantil en la que también participa con otros 40 millones de euros el Real Zaragoza. El coste total de la obra asciende a 120 millones, aunque en la presentación de la sociedad ya se advirtió de que el coste puede ser superior y Azcón no aclaró si se acudiría a la financiación mediante créditos. En cambio, ya han pedido la ayuda del Estado para financiar este estadio del que se beneficia mayoritariamente un club privado. También se solicitó la entrada en la sociedad de la DPZ, la única gran institución aragonesa que todavía está en manos del PSOE, y su presidente rechazó formar parte de ella.

Las cesiones del PP ante Vox para tener presencia en las instituciones también se ha dejado notar en el Ayuntamiento de Huesca, donde la nueva alcaldesa, Lorena Orduna cedió y eliminó el festival Periferias, un acontecimiento cultural de referencia internacional que para Vox era un simple “chiringuito”. Su supresión ha provocado una unánime reacción de rechazo en los sectores culturales de todo el país. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también se ha apoyado en Vox y ha cedido en recortes en violencia machista, cooperación e incluso políticas de movilidad. Su acción política se ha basado principalmente en la defensa de la construcción de la nueva Romareda y un activo papel en sus redes sociales, mostrándose como una alcaldesa que se mueve más cómoda en el márquetin y los actos de sociedad que en la gestión. Mientras presumía de aliviar la presión fiscal, el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado fuertes subidas en el billete del bus, las basuras y el agua.

2023 también confirmó la caída de Podemos, que perdió una gran parte de su apoyo electoral y sus estructuras políticas, y es una incógnita cómo se reordenará la izquierda en pleno proceso de confluencias a nivel nacional en torno a sumar. También quedó patente la desaparición de Ciudadanos e irrumpió en la política autonómica, aunque con menos fuerza de la vaticinada, Teruel Existe, quien a su vez perdió su escaño en el Congreso de los Diputados. El partido de Guitarte no apoyó la investidura de Azcón, aunque mantiene pactos con el PP en la Diputación de Teruel, donde gobierna en coalición en un tripartito en el que también está el PAR, y ha dado su apoyo a los presupuestos autonómicos. Teruel Existe perdió su escaño en el Congreso pero en cambio, insertado en Sumar, el aragonesismo lo recuperó y está representado por Jorge Pueyo.