¿Cataluña nos roba?

La propuesta de acordar -al menos con ERC- una propuesta de financiación singular para Cataluña, ha puesto en primer plano la necesaria revisión del sistema de financiación autonómica de la peor forma posible: el PP, como es habitual, ha recurrido a la demagogia y al anticatalanismo, anunciando todos los males posibles si el Gobierno “regala” a Cataluña parte del dinero que es de todos; también ha habido declaraciones desafortunadas desde la izquierda, con algún diputado -poco prudente o buscando unos  minutos de gloria- dispuesto a “inmolarse” para evitar que nuestros vecinos sean “más” que nosotros.

A estas alturas, no creo que nadie dude de que es imprescindible acordar un nuevo modelo de financiación.  Esta es una de las cuestiones más complejas que tiene que resolver el Gobierno -de hecho, hace 10 años que se tenía que haber renovado- y, como todo lo complejo, para resolverlo hay que tener en cuenta las diferentes variables, analizar las distintas alternativas que se presenten, las experiencias de otros países, partir de que cada C.A. es una pieza a encajar en un rompecabezas complejo, procurar deshacernos de los prejuicios…

No soy muy optimista en cuanto a la posibilidad de acordar un sistema de financiación razonable y adecuado a las necesidades de las personas que viven en cada Comunidad -en el debate político actual, prima más debilitar al adversario que buscar soluciones a los problemas de la gente- y en Aragón no hemos empezado bien.

La comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón ha aprobado una iniciativa del PP -con los votos de Vox, Teruel Existe y CHA- rechazando la condonación de 15.000 millones de deuda de Cataluña y que pueda tener un modelo de financiación singular. La reacción de la mayoría de las Cortes me recuerda a la de los sectores de la judicatura que, con el impulso del PP, se manifestaron en contra de la futura ley de amnistía sin conocerla. Claros ejemplos de prejuicios, de condenar antes de conocer. No es Cataluña la única Comunidad que tiene deuda- debido a una insuficiente financiación, algo reconocido por todos- y, lo lógico sería conocer las causas de dicha deuda antes de rechazar tajantemente su condonación.

Es cierto que la propuesta de ERC hace hincapié en la negociación bilateral con el Gobierno, en ser diferentes -vaya trabajo que tienen con buscar hechos diferenciales, todos somos diferentes- pero no sabemos en qué consiste la singularidad que pretenden ni cómo va a afectar al resto de CC.AA. El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 108, contempla el acuerdo bilateral, económico-financiero, con el Estado. ¿Por qué, algunos partidos critican la exigencia de bilateralidad por parte de ERC? ¿Somos mejor los aragoneses que los catalanes? ¿Cataluña nos quiere robar?

La singularidad no tiene por qué implicar desigualdad, como tampoco el “café para todos” -tratar igual a quienes tienen distintas necesidades y parten de realidades muy diferentes- significa equidad. Todas las Comunidades Autónomas son singulares y todas reclaman que esa singularidad -población, territorio, dispersión de la población, envejecimiento de la misma…- se vea reflejada en el acuerdo de financiación. El reto está en, respetando las distintas singularidades, alcanzar un pacto ecuánime, que permita una redistribución equilibrada de la riqueza. 

Para el PP aragonés son más rechazables las demandas de los catalanes, algo sin concretar, que el dumping fiscal que practican sus correligionarios en Madrid, una realidad que repercute negativamente en las arcas del resto de CC.AA. y, ante la cual, no tenemos ninguna defensa: una competición para ver quién baja más los impuestos solo beneficiaría a las rentas altas, las que más beneficiadas fiscalmente se verían y las que no necesitan unos servicios públicos de calidad, ese 10% que acumula el 60% de la riqueza.

Mejor harían algunos políticos aragoneses, los que responden a las iniciativas procedentes de Cataluña como el perro de Paulov ante los estímulos, en elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas, la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos y la solidaridad interterritorial.