La ‘austeridad’ de Azcón y Vox: un Gobierno de 177 altos cargos y asesores más caro que el de Lambán
“Una de las primeras medidas que llevaremos a cabo será una auditoría sobre el funcionamiento ordinario del Gobierno y de los organismos que de él dependen, con el claro objetivo de simplificar al máximo su funcionamiento”, anunció, solemne, Jorge Azcón en el discurso de investidura que pronunció ante las Cortes de Aragón el 9 de agosto, en el también proclamó que “del mismo modo y con el mismo objetivo simplificador, se analizará la pertinencia de mantener los organismos que dependen de los fondos públicos y que además de redundancia burocrática suponen gasto innecesario para las arcas públicas”.
Tres meses después, el primer proyecto de Presupuestos de su Gobierno apunta, como ya se iba intuyendo, exactamente en sentido contrario: su ejecutivo, con 177 altos cargos, tendrá más miembros y mayor coste que el de su antecesor, Javier Lambán.
Pese a superar al anterior equipo tanto en las dimensiones de la plantilla y en su coste, Azcón se ha quedado en el empate, a cuatro, en cuanto al número de partidos políticos que aportan altos cargos al ejecutivo: PP, Vox, Par y Aragoneses suman el mismo número de formaciones que PSOE, Podemos, Par y Cha.
Aunque ese empate también puede darse por resuelto a favor de Azcón, que habría creado el primer ‘pentapartito’ de la historia de Aragón si se tiene en cuenta que tanto al frente del Instituto de la Mujer como de la Dirección General de Deportes se encuentran sendas exconcejalas de Ciudadanos en la capital, como Marifé Antoñanzas y Cristina García, que no llegaron a ir en las listas del PP a las autonómicas.
‘Pentapartito’ siempre en cuanto al número de formaciones de origen de los altos cargos, ya que en estos primeros tres meses de legislatura no ha trascendido ningún indicio que apunte a las connotaciones que esa palabra arrastra en Italia
Un presupuesto expansivo en altos cargos
El “presupuesto expansivo” anunciado por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, va a serlo, sin lugar a dudas, en materia de empleo de altos cargos y asesores de los cuatro partidos que componen la coalición de gobierno, algunos de los cuales, como los aragonesistas Marina Sevilla o Luis Estaún, repiten en puestos de mando con el cuatripartito de Azcón tras haberlo ocupado antes con el de Lambán.
El proyecto de cuentas públicas que estos días se está tramitando en las Cortes de Aragón tiene consignada una partida de 10.513.762 euros para altos cargos, con un reparto de 4,46 millones para los consejeros y de 6,05 para secretarios generales técnicos, directores generales “y asimilados”, que suman 89 puestos.
Esa cifra supera en casi 750.000 euros anuales a la que sumaban los 4,52 de los consejeros y los 5,24 de los secretarios, directores y similares de la anterior legislatura, que eran 82, mientras que el encarecimiento del coste laboral de los asesores, que se mantienen en 88, se sitúa ligeramente por encima de los 800.000 euros: 6,05 millones con Azcón frente a 5,32 con Lambán.
En resumen, la partida de personal de ‘alta dirección’ del Gobierno de Aragón pasa de 15,08 millones de euros anuales a 16,28, una diferencia de 1,2 que, una vez añadido el montante de las cotizaciones (29,1% del salario bruto) se va por encima del millón y medio: 21,01 a partir del año que viene frente a los 19,46 de las últimas cuentas del cuatripartito de Lambán.
Sin incluir, en ninguno de los casos, a los responsables de empresas públicas, organismos autónomos y otros entes vinculados a la administración autonómica.
Azcón cobrará más del cuádruple que un aragonés medio
¿Y cuáles son los motivos de ese encarecimiento? Básicamente son dos. Uno es el aumento de la plantilla con la creación de dos vicepresidencias donde antes había una, a lo que se añade un notable crecimiento de las direcciones generales, de las que hay siete más, cuyo coste supera con creces la rebaja de masa salarial que conlleva la reducción de dos consejerías con sus respectivos titulares y sus secretarios generales.
La situación generada por Azcón impugna, por otro lado, los mantras sobre la dimensión y el coste de los gobiernos que tradicionalmente proyectan algunos emisores de propaganda de orientación liberal, ya que al final eso no depende tanto del número de consejerías y de ministerios como de su estructura y de la malla de direcciones generales y de servicios.
La otra causa hay que buscarla en la subida de sueldos que la coalición PP-Vox va a aplicar a sus altos cargos: Azcón cobrará 2.756 euros más que Lambán para llegar a 93.676 brutos anuales, con lo que a partir de enero mejorará en 7.000 el que recibía como alcalde y multiplicará por más de cuatro la media de los aragoneses (20.640), mientras que cada uno de los dos vicepresidentes, Mar Vaquero y Alejandro Nolasco, percibirá 2.314 más que Arturo Aliaga para alcanzar los 79.463 cada uno de ellos.
El sueldo bruto de los consejeros aumentará en 2.177 para situarse en 74.741, y el de los secretarios generales técnicos y los directores generales tendrá una mejora de 1.858 para llegar, con dos pagas extraordinarias, a 73.783.
La curiosa dotación de la Dirección General de Caza
Otra cosa será la aportación que vayan a ofrecer esas direcciones generales, especialmente las de nueva creación, o al menos alguna de ellas.
En este sentido, llama la atención la curiosa dotación con la que cuenta la recién creada Dirección General de Caza, un área que hasta ahora era un servicio adscrito a la Consejería de Agricultura y cuya cobertura con Jorge Valero generó, vistas sus inclinaciones franquistas, una intensa polémica que Azcón zanjó aludiendo a la “nueva etapa” que comenzaba.
El argumento de pelillos a la mar aplicado a Valero no acaba de resultar congruente con las posiciones que el mismo presidente del Gobierno de Aragón aplica a otros personajes públicos, especialmente si tienen vínculos con el nacionalismo catalán o el vasco.
Como tampoco resultan congruentes con sus anuncios iniciales de austeridad, cuando menos a primera vista, las previsiones de esa Dirección General de Caza: su presupuesto de 1,45 millones de euros se divide en una dotación de 91.142 euros para Valero (73.880 de salario y 17.262 de Seguridad Social), quien, sin más personal, dispondrá de 750 euros para dietas, otros tantos para gastos de locomoción, mil para gastar en agencias de viajes y 100.000 para “otras indemnizaciones” por “razón del servicio”.
Su tarea política consistirá, con material de oficina por valor de 500 euros y 66.500 para “otros suministros”, en adjudicar a empresas privadas “estudios y trabajos técnicos” por un máximo de 200.000 euros y “otros trabajos” por 992.862.
10