La vicealcaldesa de Zaragoza Sara Fernández (Ciudadanos) aseguró el pasado 25 de junio que cumplirá su compromiso con Vox y retirará el nombre del Che Guevara del parque del Actur y de su calle colindante. Esto sucede poco tiempo después de que el grupo municipal de Vox amenazara al Ayuntamiento –conformado por PP y Cs con el visto bueno de Vox– con retirar su apoyo durante el siguiente mandato si no desaparecía el nombre del guerrillero del mapa de la ciudad.
“Nos encontramos con personajes repugnantes que tienen calle en Zaragoza”, declaraba Julio Calvo, portavoz de Vox en la ciudad, haciendo referencia no solo al parque y a la calle en cuestión sino también a la escritora y política Margarita Nelken. La exigencia se esgrime por parte de Vox como la punta de lanza del incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el partido y el gobierno zaragozano.
La moción fue aprobada en 2019 con los votos a favor del PP, Cs y Vox, pese al rechazo del PSOE, Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos, apenas un mes después del inicio del mandato de Jorge Azcón (PP). En aquel momento, Vox pedía iniciar directamente los trámites, pero tuvo que conformarse con la propuesta de los populares de crear una comisión técnica que estudiase el caso. Una comisión que ni se creó hace dos años ni se creará en esta ocasión, como negó la vicealcaldesa, quién tampoco ha confirmado una fecha exacta para el cambio.
Esta falta de estudio difiere con el realizado para quitar los nombres de personajes franquistas del callejero de Zaragoza. Procedimientos impulsados por ZeC durante su mandato en marzo de 2019, la Fundación 14 de abril y la Diputación General de Aragón (DGA), y que han sido evaluados por el Grupo de Trabajo de la Memoria Histórica de Zaragoza creado en el 2020.
Este grupo de trabajo, presidido por la vicealcaldesa Sara Fernández, está conformado por representantes de todos los grupos municipales, personal de los servicios de Información Geográfica, Archivo Municipal y Cultura, y por tres asesores externos. Se trata de un ente impulsado por el equipo de gobierno actual y de carácter meramente consultivo, ya que la decisión de llevar a cabo o no el cambio de nombre de una calle depende únicamente del consistorio zaragozano, como se ha podido ver con el caso del parque del Actur.
De los 14 expedientes estudiados, se procederá a la resignificación de las calles Agustina Simón –enfermera de los requetés carlistas– y Pedro Lázaro –soldado del bando nacional–, que consistirá en la colocación de carteles que contextualicen su vida. Por otra parte, Sara Fernández ha pedido más datos de los que ya se han aportado sobre los procedimientos de las calles Gonzalo Calamita –rector de la Universidad de Zaragoza durante la sublevación que impulsaría las normas de enseñanza en primaria durante el franquismo– y Miguel Allué Salvador –falangista presidente de la Diputación durante 7 meses y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de Zaragoza–.
En concreto, estas cuatro propuestas provienen de la DGA, que en 2018 aprobó la Ley de Memoria Democrática. Otras iniciativas como la de cambiar el nombre de la calle Arzobispo Domenech –arzobispo franquista distinguido con la Orden Imperial del Yugo y las Flechas que califico la sublevación de “cruzada salvadora”– fueron descartadas, ya que al no venir de la DGA desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se aferran a un vacío legal y consideran que mantener su nombre en el callejero de la ciudad no va en contra de dicha ley. Tanto Izquierda Unida como la Fundación 14 de abril han criticado la inacción de la DGA y la necesidad de que medie en estos asuntos, pues parece ser que sus expedientes son los únicos a tener en cuenta por la coalición del gobierno, aunque el resultado sea poner carteles explicativos.
Otros nombres que no serán cambiados son el de Juan José Rivas Bosch –primer alcalde franquista de la ciudad–, Mariano Horno –último alcalde franquista– y Antonio de Gregorio Rocasolano –catedrático en Química y primer presidente de la Comisión de Depuración del Personal Universitario–.
Desde Vox se muestran en contra de estos expedientes. Julio Calvo tacha la Ley de Memoria Histórica de “sectaria” y plantea que se están dejando de lado cuestiones más importantes para la ciudad que el cambio de nombre de estas calles. Sin embargo, no han dudado en utilizar el nombre del parque Che Guevara como moneda de cambio. También recordaba la moción de 2019 en la que se planteó que la nomenclatura de las calles en casos de personajes históricos debía estar reservada a “aquellos que han contribuido con su ejemplo y dedicación a la extensión del conocimiento, al avance de la Humanidad y a la defensa de los Derechos Humanos”. Argumento que aplican a interés propio.