Teruel tiene su propio conflicto urbanístico que puede acabar llevando a los tribunales a tres de los alcaldes de la ciudad. De momento, ya han declarado ante la Fiscalía el exalcalde popular, Manuel Blasco, un concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, (PP), y un funcionario. Pero las diligencias acaban de empezar por la vía penal, tras la denuncia de la propietaria, después de años en los que las soluciones se han ido muriendo en los despachos al tiempo que se multiplicaban las casas y, con ellas, el conflicto social. La denunciante, Isabel Gorbe, quiere que declaren como denunciados también la exalcaldesa del PSOE, Lucía Gómez, y el exalcalde del PAR, Miguel Ferrer.
Pomecia es el barrio en el que se concentra buena parte de la población de etnia gitana de Teruel. El origen de este enclave se remonta a hace medio siglo cuando Cáritas Diocesana consiguió levantar 12 viviendas, gracias a las donaciones populares, en las que entraron a vivir un centenar de personas.
Ahora se estima que hay hasta 60 viviendas, levantadas buena parte de ellas de manera desordenada, “ilegales e ilegalizables”, según un decreto de la extinguida Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, que ordenaba en 2011 la “inmediata” demolición de 30 de esas casas.
“No parece razonable hacer una demolición del barrio con edificaciones que tienen entre 30 y 40 años de antigüedad”, aseguraba Blasco poco después de declarar ante el Fiscal que investiga el caso.
Él era el alcalde cuando la Gerencia publicó este decreto de demolición y también él decidió suspender su aplicación por los recursos presentados por la antigüedad de las casas. “Hay un problema social”, recalca Blasco, prudente porque durante su última etapa vio como los vecinos del barrio se manifestaban contra la demolición.
Pero también vivió que en 2012 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel estimaba el recurso de la propietaria y requería al Ayuntamiento para que ejecutara el derribo. Consistorio y afectados recurrieron la demolición al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la vía administrativa está ahí, a la espera de la decisión judicial.
Las quejas de la denunciante van más allá puesto que durante el juicio en el que se enfrentó al Ayuntamiento en el Jugado de lo Contencioso Administrativo en diciembre de 2012, Gorbe puso de manifiesto que el Ayuntamiento había realizado obras en la zona. De hecho, entonces denunció que el Consistorio había ocupado más de 5.000 metros cuadrados de su propiedad, con una expropiación en los años ochenta, pagados 20 años después y los últimos en 2008 para hacer obras de pavimentación.
Sobre estas actuaciones, Blasco ha defendido que en algún momento el Ayuntamiento ha actuado para mejorar la evacuación de aguas pluviales y barros, por una cuestión “humanitaria”.
“La solución es urbanística”, insiste una y otra vez Blasco, que ya impulsó una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel para cambiar el uso de esos suelos, aunque es difícil concretar más la solución.
El colectivo gitano ha dicho en más de una ocasión que no pueden pagar el precio actual de los suelos, y tampoco la dueña y denunciante se ha mostrado favorable a aceptar una permuta por otros suelos, máxime cuando el barrio de Pomecia ha quedado integrado en el casco urbano tras la expansión de la ciudad por esa zona, y los terrenos se han revalorizado.
Cuando el ambiente ha sido más favorable para el diálogo, todos los afectados han apelado a la buena voluntad para encontrar una solución “que satisfaga los intereses municipales, de la denunciante y, si es posible, de los vecinos que viven en Pomecia”, asegura Blasco.
Pero el conflicto se ha ido perpetuando y la actual alcaldesa, Emma Buj (PP), mantiene la línea de su antecesor de modificar el Plan e insistir en el diálogo. No obstante, rechaza la opción de la permuta de suelos municipales en la zona del Polígono Sur, porque “no queda suelo libre y, además, el Ayuntamiento está sujeto a la legalidad y al sentido común, y no va a ceder ante presiones de particulares para obtener mayores beneficios”.
Por acción y por omisión, Gorbe quiere que los altos responsables municipales den cuentas ante la Fiscalía, que no descarta pedir más declaraciones para aclarar la situación de este barrio en el que viven, amenazadas por el derribo, más de 200 personas.