El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha criticado que el Gobierno municipal haya firmado un convenio con la entidades antiabortista Ainkaren por importe de 31.000 euros. La “sorpresa” es que esta ayuda se suma a otra anterior, a través de un acuerdo con el Ejecutivo autonómico dotado con 60.00 euros, lo que supone una financiación pública total de 91.000 euros. “Si estás pensando en abortar y crees que no puedes tener a tu hijo, te ofrecemos otra opción”, señala esta asociación en su página web.
El edil de ZeC ha lamentado en rueda de prensa la “falta de transparencia” en la concesión de estos convenios, que se han tramitado sin difusión pública, y que se suman a otros acuerdos con entidades “de corte reaccionario”, entre las que ha citado Red Madre, el Centro Diocesano de Orientación Familiar, 3yMás e YMCA. Con este convenio, la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, “firma el repóker de convenios acordados con VOX en un área secuestrada por políticas de ultraderecha y de la que cada vez es más difícil saber quién es la consejera”, ha ironizado Domínguez.
Asimismo, Domínguez ha apuntado que Ainkaren en el año 2023 contaba con una financiación de apenas 10.000 euros y que ha pasado en 2024 a contar con dos convenios nominativos por un total de 91.000 euros. El edil ha cuestionado la duplicidad de la financiación, ya que ambos convenios parecen financiar el mismo proyecto, que es un centro de acogida para 17 mujeres y sus hijos que incluye alojamiento, guardería, formación y acompañamiento. Además, ha afeado que Ainkaren omitiera la existencia del convenio previo con el Gobierno de Aragón en la memoria del proyecto presentada al Ayuntamiento.
Aunque ambos convenios permiten la compatibilidad con otras ayudas, siempre que no se supere el coste del proyecto, ZeC considera “difícil” comprobar si se cumple esta condición, ya que “se desconoce el coste total del proyecto y parece que ha sido presentado de manera parcial”.
Al respecto, ha comentado que en la memoria explicativa del proyecto en el expediente municipal, la entidad señala que se plantea la contratación de tres personas, entre ellas una trabajadora social y un ordenanza, cuyas funciones se darían en áreas como organización general de la residencia, oficina, guardería, atención al público, realización de actividades de formación y de ocio, mejorar el acompañamiento a las usuarias, entre otras.
Estas tareas “parecen muy similares” a las establecidas en el convenio firmado con el Gobierno de Aragón que recoge entre las funciones subvencionadas, el centro de acogida con alojamiento, el servicio de cuidado de niños --guardería--, la información y orientación desde el área de trabajo social, la formación en áreas de cultura general, capacitación doméstica, cuidados básicos del bebé y de la mujer y parentalidad positiva.
Domínguez ha calificado estas prácticas de “clientelistas”, ha exigido transparencia en la gestión de los fondos públicos y han acusado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca de “seguir las prácticas de la ultraderecha”.
Finalmente, ha alertado de la gestión del Gobierno de la ciudad por la “falta de fiscalización y control en las ayudas” para opinar que este caso denota una “clara política de clientelismo a entidades que interesa financiar”.