El Partido Popular se quedó a un concejal de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Huesca en las elecciones del pasado mes de mayo. A su derecha, tres ediles de Vox; a su izquierda, los diez del PSOE. A pesar de no haber firmado un acuerdo de gobierno, la alcaldesa Lorena Orduna debe apoyarse en la formación de extrema derecha para sacar adelante los principales proyectos de la legislatura, lo que provoca un delicado equilibrio de fuerzas que en esos seis meses ha sufrido algún achaque. Bajo el paraguas del Gobierno de Aragón, donde las dos fuerzas sí cohabitan después de haberse unido con rúbrica oficial, la capital oscense refleja una tensión frente a la que permanece atenta la oposición.
La negociación de las ordenanzas municipales en octubre dibujó un escenario de cierta incertidumbre. Pocos minutos antes de que se iniciase el pleno para la aprobación de los impuestos y tasas de 2024, Vox amenazó con boicotear la propuesta si esta no se retiraba del orden del día para debatirla junto a los presupuestos. Al final, las aguas volvieron a su cauce, la formación de extrema derecha votó a favor y el documento de ordenanzas salió adelante.
Esta puesta en escena deja en el aire la amenaza del partido de extrema derecha de reventar en cualquier momento la legislatura y contiene la posibilidad de que se termine firmando un acuerdo de gobierno similar a los implantados en el Gobierno de Aragón o en Valencia. La mayoría simple del Partido Popular necesita un socio estable y Vox se siente capaz de influir en el rumbo que tome el gobierno de Lorena Orduna.
Una posibilidad que no es mal vista por los populares. Antes del pleno presentaron una autoenmienda a la propuesta de ordenanzas modificando la rebaja del IBI del 2 al 3%, como había planteado Vox, las bonificaciones en plusvalías y la tasa de veladores. Su portavoz, Ricardo Oliván, explicó que había que “recabar todos los apoyos para que las ordenanzas salieran”. Y no ve con malos ojos el añadido de Vox: “Primero, que se aclaren; después, que demanden entrar en el equipo de gobierno con el visto bueno de quienes tienen que tomar la decisión, con mayúscula, que no son los miembros de Vox de Huesca”.
“Es igual que nosotros, que no podemos decidir unilateralmente la entrada en un gobierno sin el plácet de nuestros responsables autonómicos y nacionales. Esto funciona así en política”, añadió. En el ámbito regional, Vox se muestra “encantado” con su relación con los populares. “Puede haber discrepancias, pero no nos consta que haya una tensión o un enfrentamiento en Huesca”, asegura el portavoz de Vox en las Cortes aragonesas, Santiago Morón. “El acuerdo PP-Vox en Aragón está funcionando a las mil maravillas”, afirma el portavoz popular en las Cortes, Fernando Ledesma.
La posibilidad de que Vox entre en los gobiernos municipales de Huesca y Zaragoza no aparece recogida en el acuerdo de gobierno regional, aunque sí figura que se facilitarán los principales acuerdos en cada ciudad. El punto 8 del acuerdo de gobernabilidad en Aragón, suscrito por PP y VOX el pasado 4 de agosto recoge la “firme voluntad y compromiso para que este pacto constituya la base de la estabilidad en el conjunto de las instituciones y administraciones locales de la comunidad autónoma de Aragón durante la presente legislatura”. Sin embargo, la división interna en el grupo municipal de Vox en Huesca no parece facilitarlo.
En las últimas semanas se ha apartado del papel de portavoz de Vox a Antonio Laborda, candidato a la alcaldía en las elecciones de 2019 y 2023, en favor del número dos de la candidatura, José Luis Rubió. Una cuestión “interna”, según fuentes del partido de extrema derecha. Laborda, además, ha dejado de percibir el salario por dedicación en horario completo en el Ayuntamiento de Huesca. Rubió pasará a cobrar en su lugar 43.875 euros brutos anuales.
El último elemento de unión entre ambos partidos ha sido, de manera esperable, el frente común contra la amnistía. En un pleno urgente convocado el pasado 14 de noviembre, expresaron el ideario que también han lanzado a nivel nacional con el ánimo de “defender el Estado de Derecho”. La propuesta de resolución para “adherirse” a la Constitución de 1978 contó con los 15 votos de PP y Vox. La portavoz socialista, Silvia Salazar, asistió “atónita” a “la conversión de la casa de todos en la casa de los populares”. Pero el pegamento ideológico no se ha mostrado tan eficaz en cuestiones de calado local.
En algún caso, el PP ha debido de ejercer de dique a alguna de las medidas promovidas por Vox, como la posibilidad de cancelar el festival cultural Periferias que se lanzó durante la campaña electoral y fue rápidamente desechada por el equipo de gobierno de Lorena Orduna.