Después de “tres decretazos veraniegos”, como los calificó en el Congreso de los Diputados el diputado de La Izquierda de Aragón Álvaro Sanz, este año el Gobierno de España ha disfrazado de “trámite legislativo” lo que no es más que otro decreto para aumentar el gasto en armamento.
En este caso, el importe asciende a 856,6 millones de euros. En los años 2012, 2013 y 2014 el Ejecutivo concedió tres créditos extraordinarios al Ministerio de Defensa por la vía del Real Decreto Ley. El 31 de octubre de 2014, PSOE, La Izquierda Plural y UPyD presentaron un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Por eso, asegura Sanz, en esta ocasión lo sacan como Real Decreto Ley pero, a diferencia de años anteriores, permiten que se someta a votación. “Con su mayoría absoluta no tienen problemas para aprobarlo y lo oficializan como un Proyecto de Ley”. “Una lamentable coartada legislativa”, dice.
En los últimos cuatro años, el Ejecutivo estatal ha concedido créditos extraordinarios para la compra de armas por valor de 4.400.401.391,19 euros, el 90 % procedente de deuda pública. Destacando por encima del resto 2012, cuando se dedicaron más de 1.782 millones de euros.
Los Programas Especiales de Armamento (PEA)
Periódicamente el Estado encarga a diferentes empresas la construcción del material armamentístico que, a su entender, necesita el país. Estas compañías comienzan la fabricación gracias a la financiación del Ministerio de Industria. Una vez terminado, Defensa lo compra un precio acordado que se fragmenta de manera anual. Son los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA).
“Un negocio redondo”, apunta Sanz, que despierta muchas interrogantes: quizá las respuestas estén “en la presión del lobby armamentístico, en la puertas giratorias o en la vocación corporativa de nuestro ministro de Defensa”.
En los últimos años de Gobierno socialista se dejaron de pagar algunas facturas y cuando el PP llegó a la Moncloa dijo que había que ponerse al día. Así, en el Real Decreto Ley de 2012, por el que se concedían 1.782 millones de euros, el argumento esgrimido fue que la no atención de los compromisos de pago supondría “la pérdida de empleos altamente cualificados y de capacidad exportadora de nuestra industria; el colapso financiero de los programas internacionales y consecuente deterioro de la imagen de España; y la limitación de nuestra capacidad para participar en las misiones internacionales”.
Decía también el “decretazo” que “la exigencia de atender al pago de obligaciones que ineludiblemente debe satisfacer la Administración y la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros afectados constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del crédito extraordinario mediante real decreto ley”.
Por el mismo sistema se concedieron créditos de 877,3 millones en 2013; 883,65 en 2014, y 856,64 en 2015. En 2013, el Gobierno dijo que al año siguiente volverían a optar por la vía del “decretazo”, ya que no podían saber cuánto dinero iban a tener que pagar. Algo que se demostró que era falso cuando, con fecha 2 de agosto de ese mismo año, se publicó un documento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se hacía una “reprogramación y ajuste de anualidades” hasta 2025.
El recurso presentado por la oposición apunta, principalmente, a esa subjetiva “extraordinaria y urgente necesidad”. Sanz lamenta que se gasten más de 4.000 millones de euros “en comprar armas, misiles y tanques, con los millones de parados y la pobreza que existe en nuestro país”.
Para La Izquierda Plural, dice, es imprescindible un “cambio radical”, una apuesta clara por “la reconversión del I + D militar en I + D + i civil”. “Si hubieran puesto el mismo énfasis en impulsar ese cambio, que el que han puesto en impulsar la industria militar, no solo se hubiera garantizado el empleo, sino que, además, se hubieran sentado las bases de una economía responsable y socialmente útil”.
Hasta ahora se han pagado más de 4.000 millones de euros, pero la deuda, según el Gobierno, asciende a casi 30.000. Una apuesta descarada, apunta Sanz, “por la patronal del sector bélico”.