En 104 municipios de España (según los datos del Ministerio de Política Territorial e Interior) nadie piensa en pactos poselectorales. No hay negociaciones ni posibles coaliciones. Democracia directa: el candidato o candidata con más votos será el próximo alcalde o alcaldesa. No hay que esperar semanas, ni siquiera horas: lo enjuto del censo convierte el recuento en un proceso veloz. Son los municipios que van a ir como concejos abiertos a las elecciones del 26 de mayo.
De los 104, 75 están en Aragón, con mucho, la comunidad que más municipios mantiene con este sistema: hay 35 en Zaragoza, 34 en Teruel y 6 en Huesca. En el resto de España se reparten de este modo: 12 en Castilla y León, 10 en Castilla-La Mancha, 6 en Catalunya y uno en la Comunidad Valenciana.
Aragón, además, es la única comunidad que tiene una ley específica al respecto: la Ley 9/2009 reguladora de los Concejos Abiertos. Con anterioridad a su aprobación, funcionaban como concejos abiertos todos los municipios de menos de 100 habitantes. La ley redujo ese límite poblacional a los 40 pobladores, y dio la oportunidad a los que tenían entre 40 y 99 de elegir el sistema que estimaran más conveniente. También estatuyó otra excepción: podrían ser concejos abiertos los que “tradicionalmente” hayan funcionado así, entendiendo como “tradición cuando el municipio se rigiera por ese régimen con antelación a 1985”.
Posteriormente, en 2011, llegó una ley orgánica estatal por la que se modificaba la Ley de Régimen Electoral General. Esta eliminaba por completo la regla del número de habitantes y solo daba la opción de gestionarse como concejos abiertos a los que cumplieran el requisito de la “tradición” o aquellos en los que “por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable”.
En Aragón prevalece la norma autonómica, por tanto, hay tres tipologías de concejos abiertos en la actualidad: los de menos de 40 habitantes, los tradicionales y los que solicitaron permanecer con ese régimen. Villadoz, en Zaragoza, con 80 habitantes, es el municipio con más pobladores de la comunidad que continúa como concejo abierto. El mayor fuera de Aragón es Castell de l’Areny (Barcelona), que tiene 72 pobladores.
¿Cómo funciona la Asamblea en los concejos abiertos?
Más allá de la elección directa del alcalde o alcaldesa, lo más significativo es el funcionamiento de la Asamblea (lo que sería el Pleno en el sistema convencional). Esta es el órgano colegiado y está compuesta por todos los electores del municipio. Estos no tienen condición de cargo lectivo, por lo que no se les aplican las incompatibilidades que afectan a los concejales, aunque sí deben abstenerse en los debates o votaciones de los asuntos en los que estén interesados.
Se celebrará, como mínimo, cada tres meses, y, para que se constituya válidamente, debe asistir un tercio del número legal de sus miembros (presentes o representados) en primera convocatoria, y una quinta parte en segunda. Los acuerdos se adoptan por mayoría simples: más votos afirmativos que negativos.
“Los problemas se resuelven en el Ayuntamiento, no en la calle ni en el bar”
Desde 2011, Javier Lorente (PAR) es el alcalde de Osea, un pueblo zaragozano de 52 habitantes que funciona como concejo abierto por “tradición”. Vuelve a presentarse a las elecciones y esta vez tendrá dos contrincantes: “Uno del PSOE y otro del PP, pero ninguno de los dos son del pueblo, esto pasa porque los partidos quieren hacer listas en todos los sitios”.
La madre de Lorente es de Oseja, aunque él nació en Zaragoza, donde vive actualmente. Defiende el sistema de concejo abierto porque es “la mejor manera de que el pueblo pueda estar representado, porque la gente es más participativa y siente que forma parte de todos los proyectos y porque es la forma más democrática para gestionar un ayuntamiento”, de hecho, dice, “debería poder adaptarse a municipios más grandes”.
El mayor problema, reconoce, es alcanzar el quorum en las asambleas: “A veces vienen cinco o seis personas, en ocasiones 10”. Y eso que ponen las asambleas los viernes para que la gente se quede el fin de semana. En la última legislatura, de esas reuniones vecinales que son las asambleas salió, por ejemplo, una pista de pádel: “Puede parecer extraño en un pueblo tan pequeño, pero lo pidieron los vecinos y es la manera de que la gente joven siga subiendo”.
Ocho años lleva María Pilar Allué (también del PAR) como alcaldesa de Senés de Alcubierre (Huesca, 41 habitantes). Su pueblo fue de los que pidió continuar como concejo abierto, aunque, si la población baja, deberán serlo por ley. La todavía alcaldesa nació en Senés y vive en Torralba de Aragón, a menos de 4 kilómetros. Tras dos legislaturas, ha decidido no repetir. La experiencia, dice, ha sido muy positiva: “Aprendes mucho de gestión de tu municipio y, al final, se trata de hacer cosas por tu pueblo”.
El sistema le parece el más oportuno, por una razón muy sencilla: “La decisión no la toma el alcalde o dos concejales, sino todo el pueblo”.
Por tener menos de 40 habitantes sigue siendo un concejo abierto Aguatón, en Teruel. Juan Ramón Cardo (PSOE) es su alcalde desde hace 28 años. Enfrente tiene una candidatura del PAR, “pero no sabemos quién es”, afirma.
Tiene claro que la fórmula es la adecuada: “La gente es partícipe de las decisiones que se toman y cuando hay problemas se resuelven en el Ayuntamiento, no en el bar o en la calle”. En las asambleas suelen estar alrededor de seis personas, que, habitualmente, votan por ellos y por otros vecinos que han delegado su voto.
Con 18 habitantes (eran 21 en 2010), Cardo aprovecha para poner sobre la mesa lo que, para él, es uno de los mayores problemas en los pueblos que se van despoblando: la seguridad. “Hay mucha inseguridad, la gente tiene miedo, se deberían tomar medidas al respecto, por ejemplo, poner cámaras de videovigilancia en los pueblos más pequeños”.
Espera que el domingo empiece su octava legislatura al frente del Consistorio de Aguatón. Así podrá seguir llegando a acuerdos para asfaltar calles, hacer muros de contención o, el proyecto estrella, un aprisco para ganado ovino que esperan sacar adelante con ayuda del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).